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Ayuntamientos,primer filtro en protección ambiental.

El deterioro ambiental se ha institucionalizado en México. Durante muchos años, las políticas públicas nacionales en nuestro país han permitido que los ecosistemas y su riqueza natural sean usados como moneda de cambio para privilegiar el interés económico de unos cuantos frente al derecho a un medioambiente sano para todos.

Esto nos ha llevado a que a lo largo del territorio nacional, acumulemos una larga lista de ejemplos que demuestran cómo, a costa de un supuesto desarrollo económico de corto plazo, se minimiza el impacto ambiental impulsando desarrollos industriales, turísticos y urbanos, donde no se contemplan los efectos sociales y financieros de la transformación del ecosistema.

Sin embargo, esta lógica no es exclusiva del Gobierno Federal. Los gobiernos estatales y municipales, sin importar el partido político, también han permitido megaproyectos que afectan la sustentabilidad de sus territorios, incrementan la contaminación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global y la intensificación de fenómenos asociados al cambio climático como lluvias y huracanes.

Con sus más de 10 mil kilómetros de litorales, México es un gran atractivo para el turismo, sector que aporta 8.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y genera cerca de 5 millones de empleos —directos e indirectos— por bienes y servicios, es por ello que se trata de un área prioritaria para el país y los municipios también buscan aprovecharlo.

Lamentablemente, la laxitud de leyes ambientales y de construcción ha propiciado desarrollos turísticos sin planeación sólo para atraer la inversión extranjera a costa del ambiente y la población.

El turismo depredador y la falta de previsión de sus efectos ocasionaron la erosión costera, cuyo signo más visible es la desaparición de playas en la Riviera Maya y afectaciones a los humedales del país, barreras naturales para amortiguar impactos de huracanes, cuya frecuencia e intensidad se han elevado por el cambio climático.

Los municipios juegan un papel muy importante en el tema de la conservación ambiental, y debieran ser los primeros previsores de los daños ambientales para generar mecanismos que eviten problemas en el futuro.

Para ello cuentan con herramientas como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que por ley deben tener, para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medioambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Los presidentes municipales de México tienen en sus manos, en primera instancia, la posibilidad de cerrar el paso a grandes proyectos que amenacen el equilibrio ecológico, prohibiendo, el cambio de uso de suelo en zonas cercanas a Áreas Naturales Protegidas que sólo incrementan la presión hacia los núcleos de las reservas, elevando su vulnerabilidad.

Un caso ilustrativo es la reciente división de los ejidos en Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Quintana Roo. Este cambio permitiría la construcción del complejo megaturístico La Ensenada, que incluye villas y condominios en la isla que forma parte de la reserva Yum-Balam, la cual alberga una gran diversidad de flora y fauna como son aves —residentes y migratorias—, mamíferos, anfibios y reptiles; algunas de estas especies en peligro de extinción.

En este ejemplo particular, existe una clara controversia constitucional, ya que de acuerdo con la Carta Magna, las islas, cayos y arrecifes son considerados Territorio Insular Mexicano y dependen de la Federación, excepto aquellas islas sobre las que los estados hayan ejercido jurisdicción antes del 5 de febrero de 1917. La Constitución estatal de Quintana Roo se promulgó hasta 1975, por lo que Holbox es territorio federal y, si fuera del interés del municipio proteger el ecosistema de la Isla y a la comunidad, podría impulsar este asunto hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie en el caso y se puedan proteger los recursos naturales.

En esta misma entidad, otro de los grandes proyectos que amenazan el equilibrio del ecosistema es Dragon Mart, para el cual el municipio había negado el permiso, pero después fue obligado a darlo por el Tribunal Superior de Justicia del estado y a pesar de que la decisión pudo ser impugnada y llevada hasta el Máximo Tribunal del país, hasta el momento no se ha hecho.

En el otro extremo del territorio mexicano, la situación no es distinta, en baja California Sur, en la lógica de “ganar” inversiones se han puesto en riesgo áreas naturales protegidas como Cabo Pulmo, *La autora es coordinadora de prensa de Greenpeace México. donde recientemente se hizo el tercer intento por construir un megaproyecto de turismo depredador: Cabo Dorado, que ponía en peligro la biodiversidad de la zona, y que finalmente fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los mecanismos existen, sólo falta voluntad política para aplicarlos. Lamentablemente el turismo depredador no es la única amenaza para el medioambiente, existen otras en las que los municipios deben trabajar: la minería, extracción de agua, descargas residuales, desarrollo urbano y rural, entre otras, que permitirán reducir los impactos del cambio climático y llevar a México a la sustentabilidad que tanto se presume en los discursos, pero poco se ve en la realidad.

Para Greenpeace es indispensable que desde las municipalidades se desarrollen programas integrales que permitan el desarrollo social sin sacrificar los ecosistemas y en la medida en que desde las comunidades se logre estas sinergias, permearán a gran escala también para que el Gobierno Federal realice los ajustes que México necesita.

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