Caminan las reformas estructurales.

Enrique Peña NietoRespaldado en el apoyo electoral que tuvo en los comicios del año pasado, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ha dedicado los dos primeros meses de su gobierno a promover reformas legales, así como cambios institucionales de la administración pública federal, los cuales tienen implicaciones para los estados y los municipios.

El punto de partida de este intenso arranque de gobierno fue la firma del Pacto por México —un día después de la toma de posesión— en la que participaron las tres fuerzas políticas más importantes del país: los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), además de los gobernadores de las 32 entidades federativas, quienes acordaron impulsar las reformas estructurales que el país necesita para promover su desarrollo económico y social.

Aún sin contar con la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, pero con el apoyo del partido gobernante, el PRI, y una serie de negociaciones con los partidos de oposición, los primeros frutos se vieron en la segunda quincena de diciembre, con la aprobación de la reforma educativa.

Este cambio legal —que se considera un desafío al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su presidenta, Elba Esther Gordillo— establece que el ingreso de los docentes y su promoción a cargos superiores se hará mediante concursos de plazas, para garantizar la capacidad de sus conocimientos y habilidades.

Pacto por MéxicoAsimismo, se eleva a rango constitucional y se dota de autonomía al Instituto acional para la Evaluación de la Educación (INEE), el cual se encargará de calificar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional.

También se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa, y se estableció que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) creará un censo de escuelas, maestros y alumnos, lo que implicará tener los datos necesarios para una mejor operación del sector.

CAMBIOS INSTITUCIONALES

Otra de las propuestas aprobadas fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que desaparece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), misma que dejó de existir en enero, tras publicarse los cambios en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De esta forma, la Secretaría de Gobernación (Segob) —a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Planeación Institucional— retoma las funciones de seguridad interior, prevención del delito y la conducción del sistema penitenciario. En este sentido, tendrá a su cargo a la Policía Federal.

Asimismo, se iniciarán los trabajos para crear la Gendarmería Nacional, que será responsable de fortalecer el control territorial en los municipios con mayor debilidad institucional, así como en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras.

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública también desaparece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin embargo, como lo establece el propio decreto, dicha extinción se concretará hasta que se inaugure la Comisión Nacional Anticorrupción.

El nuevo organismo ayudará a combatir la opacidad en las áreas administrativas de todos los poderes del ámbito federal. Además, contará con un nuevo sistema de rendición de cuentas, de responsabilidades administrativas y gozará de imparcialidad.

Los cambios institucionales involucran las funciones de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —antes Secretaría de la Reforma Agraria—, que consisten en impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, la regularización de la propiedad agraria, además de tener a su cargo el Registro Agrario Nacional.

Propuestas PendientesDERECHO A LA INFORMACIÓN

Vinculado con la reforma en materia de transparencia, el gobierno de Peña Nieto envió su iniciativa para reforzar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y convertirlo en un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales, excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —que contará con un comité especial integrado por tres ministros—, y ante cualquier ente que reciba dinero público. Los órganos estatales también contarán con autonomía estatal.

Al Instituto se le facultará para interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, en contra de leyes que afecten el acceso a la información y la transparencia. También se otorgará a los institutos de los estados esta facultad en contra de legislaciones estatales similares.

Las modificaciones, que todavía están en la Cámara de Diputados para su aprobación, permiten al IFAI revisar las resoluciones de los órganos estatales que argumenten reservas para hacer de conocimiento público alguna información.

SEGURIDAD PÚBLICA

Pero las iniciativas en materia de combate al delito tienen un componente adicional: los acuerdos de la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública 2012 —realizada en diciembre—, encuentro en el que el Ejecutivo Federal convocó a la estrecha coordinación con los gobiernos estatales y municipales y anunció la división del territorio nacional en cinco regiones operativas, para la atención de los problemas de inseguridad.

Informó que se crearán protocolos y sistemas para el ágil y oportuno intercambio de información, que aprovechen los avances de Plataforma México. Si bien, las Fuerzas Armadas permanecerán en las zonas que lo requieran, se exhortó a los gobiernos estatales a depurar a sus policías y también a presentar, de manera consensuada, una nueva propuesta para implantar el modelo del mando único policiaco.

Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad pública, en este primer bimestre de gobierno se promulgó la Ley General de Víctimas, la cual reconocerá y garantizará los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Se creará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objetivo es establecer, regular y supervisar planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas para la protección, asistencia y atención a las víctimas en los ámbitos federal, estatal y municipal.

REFORMA ECONÓMICA

Hasta el cierre de esta edición, una iniciativa más promovida en el lapso de diciembre- enero, es la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, el cual dictará la política pública encaminada a fomentar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). En forma complementaria, el decreto firmado por el presidente Peña Nieto prevé el rediseño del Fondo Pyme y la habilitación de la Red Nacional y el Observatorio Nacional del Emprendedor.

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