Cárceles municipales Pueden mejorar con apoyo estatal

DetenidoEl sistema penitenciario municipal muestra múltiples debilidades, pero con una mayor profesionalización del personal, inversión en infraestructura y el apoyo económico y operativo de los estados es posible atender, e incluso, superar los rezagos.

De acuerdo con especialistas, las mayores carencias de estas prisiones son la falta de reglamentos, infraestructura adecuada, personal capacitado, garantía a los derechos humanos y una serie de instrumentos que logren la readaptación de los internos a la sociedad después de concluir su condena.

En México existe actualmente una población de 222 mil 947 presos distribuidos en 429 sistemas penitenciarios que integran las prisiones de los tres niveles de gobierno en la República Mexicana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mes de febrero de 2011.

De este total de internos, 1.8 por ciento (4,162) se encuentran recluidos en 91 cárceles que conforman el sistema penitenciario municipal, ubicadas en diferentes localidades de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Tabasco.

Por estado, si se toma en cuenta el número de espacios para reclusos en combinación con el número de prisiones de este tipo, el mayor porcentaje de sobrepoblación se encuentra en Quintana Roo, con 48.34 por ciento; Sonora, con 42.23 por ciento; Chihuahua, con 22 por ciento y Jalisco, con una sobrepoblación de 4.1 por ciento).

EJEMPLO DEL PROBLEMA

PresoLa Cárcel Municipal de Benito Juárez, QRoo (Cancún), es la que presenta en operatividad el problema más grande en el país al tener una sobrepoblación de 57.99 por ciento. Con una capacidad para 544 reos, en ella conviven 1,295 internos que cumplen una condena o se encuentran en espera de su sentencia.

Los efectos de esta saturación se vieron reflejados en junio de este año, cuando ocurrió una revuelta que dejó un saldo de 43 heridos. El reporte de la Procuraduría de Justicia del Estado sostiene que la riña fue, presuntamente, provocada por el grupo de Los Pelones quienes incitaron a la población carcelaria a derrocar el autogobierno existente de Los Zetas.

En suma a estos hechos, el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (Cdheqroo) denunció que hay siete expedientes abiertos en torno a la cárcel, en los cuales están englobadas 100 quejas por torturas y castigos adicionales. En ellas, se informa sobre violencia contra los internos para la designación de celdas, racionamiento de agua y negativa de pasar alimentos; en el caso de las mujeres, también se denuncia la negativa a proporcionar artículos de primera necesidad para las reclusas que tienen niños, y la restricción de visitas de las parejas de los internos, entre otras.

Para la SSP este centro de detención se mantiene dentro del orden municipal a pesar de que hace dos años el estado tomó el control para mejorar las condiciones del lugar.

Aunque en las 90 cárceles restantes los problemas muestran diversas tonalidades, este caso es solamente un reflejo de los problemas que experimentan actualmente.

México Evalúa, centro independiente que realiza mediciones de políticas públicas, destaca que en varios casos el riesgo de violencia aumenta de forma considerable en el interior de las prisiones por las condiciones que prevalecen, siendo un peligro para los internos estar en estos lugares.

David OrdázPara David Ordaz Hernández, criminólogo investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), las circunstancias que presentan los centros de detención —en un entorno general— manifiestan un retraso de 30 años al no tener los elementos operativos y humanos para trabajar en la reintegración de los detenidos a la sociedad, una vez que sean puestos en libertad. Esta situación abre la posibilidad de que el individuo reincida en un futuro.

Uno de los principales problemas de las cárceles municipales es que no cuentan con un reglamento operativo interno para establecer las funciones laborales y recreativas que se deben aplicar cotidianamente para mantener activos a los internos.

La ausencia de este mecanismo crea un vacío donde los mismos prisioneros son los que establecen las tareas y actividades de estos lugares, lo que rebasa en algunos casos la autoridad de los custodios.

A esto se suma la falta de una infraestructura correcta en la que estén definidas áreas debidamente separadas para mujeres, hombres, condenados y personas en espera de sentencia, siendo todos ubicados en el mismo lugar.

A pesar de que los tres niveles de gobierno reconocen estas carencias y existe toda la voluntad para crear un sistema penitenciario de avanzada, estas condiciones no son las adecuadas para el confinamiento de las personas, reconoce Ordaz Hernández.

“Los custodios ponen todo de su parte, pero no tienen la capacidad ni la experiencia, como el personal especializado que trabaja en las prisiones estatales y federales (criminólogos y psicólogos), para atender a una persona que se encuentra en encierro. En muchos casos esta situación los hace más violentos de lo normal por la experiencia que enfrentan.”

El tipo de personas que entran a estas prisiones tienen que ver con condenas por homicidio, robo, agresión de tipo sexual y estafa patrimonial, que son por un periodo de 6 a 20 años.

Debido a que la seguridad es mínima y media en los centros municipales, las penas relacionadas con el crimen organizado se cumplen en cárceles estatales o federales.

Espacio insuficiente

APOYO ESTATAL

El gobierno de Quintana Roo invirtió casi 9 millones de pesos en obras de ampliación y mejoramiento de la Cárcel Municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), siendo la única prisión de este tipo a la que se le han inyectado recursos de forma importante.

El lugar tenía capacidad para albergar a 289 reclusos, pero con los trabajos realizados aumentó a 376. En las obras entregadas se invirtieron 8 millones 934 mil 257 pesos, de los cuales, 8 millones 251 mil se destinaron a la construcción del módulo de celdas y 682 mil pesos a la instalación de un transformador eléctrico. No se aplicaron recursos para la contratación de personal especializado para la atención de los internos.

El investigador del Inacipe opina que la intervención económica y operativa de los estados es necesaria para modernizar estos centros e incorporarlos a un sistema penitenciario que no sea solamente de encierro, y lograr así la readaptación y reinserción del individuo a la sociedad, como ya se trabaja en muchos casos a nivel estatal y federal.

“Esto es con el fin de unir fuerzas que permita mayor control de lo que pasa dentro de estos centros. Se debe entender que no se le quita fuerza ni autonomía a ninguna localidad y todo es con el objetivo de crear un verdadero sistema penitenciario en el que los tres niveles de gobierno trabajen de la mano y consigan los recursos que se requieren, la profesionalización adecuada y un cambio en la infraestructura existente para crear el sistema penitenciario nacional que demanda el país”, concluye.

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