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Ciudadanos “amarran” compromisos con partidos políticos.

Cumbre ciudadanaEn opinión de la sociedad civil organizada, el diálogo, los compromisos y el trabajo con los actores políticos y gubernamentales del país no terminan con las recientes elecciones del 1o de julio; por el contrario, es el punto de arranque para atender las demandas que tienen los ciudadanos mexicanos en temas como seguridad pública y derechos humanos, empleo digno, educación, inclusión social, así como reforma política y participación de la sociedad.

La Primera Cumbre Ciudadana para Construir un México Pacífico y Justo, celebrada el 21 y 22 de mayo, y en la que participaron más de 300 organizaciones no gubernamentales de todo el país, arrojó una serie de resolutivos en los que se hizo un llamado a los presidentes de los partidos políticos para que se dé seguimiento a dichos temas y se incluyan en las plataformas legislativas. Además, se pide incorporar las conclusiones en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas que ponga en marcha la nueva administración Federal.

“Las organizaciones civiles y personas que participamos en esta Cumbre Ciudadana compartimos la siguiente visión para construir un México pacífico y justo: Un México integrado por una ciudadanía articulada y responsable, que participa en la construcción del país que desea en corresponsabilidad con el gobierno y los partidos políticos”, exponen los representantes ciudadanos en el documento de conclusiones.

LAS PROPUESTAS

En el tema “Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil”, las agrupaciones proponen homologar el marco fiscal y diversos ordenamientos jurídicos con la Ley de Fomento, para facilitar la creación, desarrollo y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC); también, que los contribuyentes decidan un porcentaje de sus impuestos para ser destinados a la OSC de su preferencia y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) elimine el límite de 7 por ciento de deducibilidad por donativos.

Así mismo, aumentar el presupuesto destinado a apoyar a las OSC mediante fondos concursables y sujetos a reglas de operación transparentes y con mecanismos de rendición de cuentas.

En materia de “Reforma política y participación ciudadana”, se sugiere que el financiamiento a los partidos políticos corresponda a la cantidad de votos válidos obtenidos, independientemente del número de ciudadanos registrados en el padrón electoral. También se propone la reelección consecutiva de legisladores, presidentes municipales y jefes delegacionales, además de reformar el marco jurídico que rige a los partidos políticos, para que sean sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas.

HACER COMPARECER A POLÍTICOS

En “Transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y medios”, los planteamientos van en el sentido de expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en la que se establezca la regulación mínima que deberán observar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos constitucionales autónomos y las entidades de interés público.

También adoptar una política pública de rendición de cuentas que incluya el diseño institucional, los sistemas de gestión pública, así como criterios de participación ciudadana, sin olvidar una reforma legislativa que limite los monopolios en los medios de comunicación y las telecomunicaciones.

En materia de “Inclusión social y cohesión comunitaria”, las OSC solicitan generar mecanismos de acción pública, privada y civil, que incluyan la participación de las diferentes comunidades para fomentar la inclusión social y cohesión comunitaria. Además de desarrollar una política de Estado plural y transversal, con perspectiva de derechos humanos, entre otros aspectos.

La “Educación de calidad” es otro aspecto fundamental que se plantea en los acuerdos de la Cumbre y sobre el cual se busca un esquema que fomente los derechos humanos, prevenga problemáticas de conducta y convivencia violenta como el bullying. Así mismo, se propone derogar las normas que dan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el control de las plazas docentes e instituir un servicio de carrera basado en el desempeño y capacidad que reconozca a maestros, directores y supervisores como servidores públicos; y crear una nueva relación laboral entre el Estado y los trabajadores de la educación.

FISCALIZAR POLICÍAS

Finalmente, en el tema de “Seguridad ciudadana y derechos humanos”, las OCS hacen un llamado para adoptar una estrategia que permita que la seguridad pública sea administrada por cuerpos y elementos de seguridad preparados para esas funciones, creando una Auditoría Civil para esta materia como parte de la función de fiscalización.

Otro punto esencial es hacer efectiva una política nacional de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional en la materia, incluyendo mecanismos que garanticen su aplicación, y revisar la política de drogas en el país, dado el impacto que tiene en la delincuencia organizada y la seguridad pública.

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