Con reformas, deuda local será manejable.

Obligaciones FinancierasLa reforma en materia de disciplina financiera viene a crear las bases para generar un mayor control presupuestal y de endeudamiento de los gobiernos locales, de ahí su trascendencia para la estabilidad económica del país, asegura Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

Mientras la iniciativa que pretende controlar los préstamos bancarios a cargo de estados y municipios se encuentra en stand by en la Cámara de Diputados, la funcionaria defiende la minuta ya aprobada por los senadores, al considerar que los cambios son prudentes y saludables, además de que no atentan en absoluto contra el pacto federal.

En entrevista con Alcaldes de México, Marcela Andrade refiere que los pasivos por 435 mil millones de pesos (mdp), adquiridos por los gobiernos locales —al cierre de 2012—, han generado preocupación no tanto por su monto —ya que constituyen apenas un equivalente a 2.9 por ciento del producto interno bruto (PIB)—, muy inferior a las proporciones de 7 ó 12 por ciento que se reportan en algunos países de Sudamérica.

Lo que ha llamado la atención es el ritmo de crecimiento que han presentado dichos compromisos durante los últimos cuatro años, evolución que dice “ha sido un poco más acelerada de lo deseable”. Sin embargo, aclara que con la reforma “estamos muy a tiempo” de evitar un problema mayor para la economía nacional.

REPORTES COMPLETOS

Andrade Martínez destaca de entre los cambios constitucionales la creación de un registro público de empréstitos y obligaciones de pago, así como el Marcela Andradesistema de alertas para detectar a aquellas administraciones que quieran contratar un crédito pese a tener problemas de liquidez.

“Hoy día las entidades federativas deben registrar lo que tenga como fuente de pago las participaciones presupuestales. Pero con la reforma constitucional, tendrán que anotar todo, como los préstamos a corto plazo y los quirografarios.”

Sobre el sistema de alertas, refiere que si bien ya existen instrumentos como las calificaciones crediticias de los gobiernos estatales y municipales, que reflejan la capacidad de pago de dichos entes públicos, lo que se pretende impulsar ahora es una herramienta de aplicación general, ya que actualmente no todos ellos son analizados por las agencias calificadoras.

La funcionaria aclara que todavía falta especificar con más precisión el funcionamiento operativo de las alarmas y de las otras disposiciones, pero considera que son “el paso natural” que tenía que dar el país, para ordenar las finanzas públicas a nivel regional.

PARTE DE UN TODO

Un primer avance fue la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y sus adiciones hechas el año pasado, cuyo propósito ha sido homologar las cuentas públicas en los ámbitos federal y local, así como transparentar los registros de ingresos y gastos, además de facilitar la comparación de datos.

En este sentido, Marcela Andrade insiste en que la reforma de disciplina financiera es un complemento indispensable de la LGCG, de ahí la importancia de que la apruebe el Congreso de la Unión.

Hasta el cierre de esta edición, los diputados sostenían su negativa a votar la iniciativa de ley, tras ser turnada por los senadores, sin embargo la funcionaria de Hacienda hace ver que las observaciones sólo cuestionan el procedimiento legislativo más no el fondo de las enmiendas constitucionales. En este sentido, se manifiesta optimista acerca del tratamiento que le darán los representantes populares, una vez que reanuden su periodo ordinario de sesiones.

ESTÍMULO A LA PLANEACIÓN

Como se sabe, la propuesta de modificación constitucional en materia de deuda de estados y municipios ordena contratar préstamos únicamente para obra pública o para reestructurar pasivos, además de que prevé sanciones aplicables a los funcionarios que incumplan con las nuevas disposiciones.

Otra enmienda relevante es la prohibición a las autoridades salientes para obtener servicios bancarios en el último semestre antes de dejar sus cargos, así como la obligatoriedad para dejar pagados los créditos solicitados a lo largo de su gestión.

Lo anterior ha despertado dudas sobre una posible transgresión federal en la autonomía de los estados y municipios, sin embargo Marcela Andrade desmiente esa idea al recordar que la iniciativa reconoce la autoridad de los congresos locales para establecer topes de endeudamiento con un mínimo de dos terceras partes de las asambleas.

Como puede verse, el espíritu de la reforma es contribuir a impulsar un endeudamiento responsable, con proyección y sustentabilidad económica a mediano y largo plazos, que permita construir en el momento actual la infraestructura que requieren las regiones del país y no hasta dentro de 20 años, comenta la experta en finanzas.

Acerca del impacto que tendría la eventual aprobación de la propuesta de ley, Marcela Andrade no anticipa cálculos pero sí considera que disminuirá el ritmo de crecimiento de los pasivos en el sector subnacional.

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