Luego de más de 15 años en el poder, los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal (DF) se han caracterizado por promover estrategias de participación ciudadana tendientes a garantizar que los habitantes gocen de derechos plenos.

Lo anterior se ha dado en un contexto en el que coinciden, por una parte, las necesidades de desarrollo impuestas por la globalización y las políticas de competencia internacional, y por otra parte, la satisfacción de las necesidades básicas de grandes sectores de la población, la democracia distributiva y la construcción de ciudadanía que han proclamado los distintos gobiernos perredistas.

Las tres administraciones del gobierno de la ciudad: la de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles (1997-2000), la de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas (2000-2006) y la de Marcelo Ebrard (2006-2012) han impulsado con distintos énfasis los derechos políticos, sociales, civiles y de cuarta generación.

CIUDADANÍA PARTICIPATIVA

El primer gobierno electo en 1997 se caracterizó por iniciar un proceso de democratización en la Ciudad de México y poner en vigencia los derechos políticos de los que habían carecido los capitalinos durante 70 años.

Con la llegada del PRD la participación ciudadana adquirió un nuevo estatus al ser ubicada dentro de las líneas estratégicas de la política gubernamental. Asimismo se reconoció la existencia de una sociedad civil diversificada y compleja que exigía estrategias políticas diferenciadas.

Esto se tradujo en la apertura de instancias de fomento a la participación, como los Consejos Consultivos en las Secretarías, los Consejos de Participación Ciudadana en los Programas de Gobierno, foros y procesos de consulta, entre otros.

Los nuevos espacios de participación territoriales, que en este caso fueron reconocidos como “instancias de representación”, fueron los Comités Vecinales. Sin embargo, estos organismos quedaron integrados en buena parte por los antiguos grupos clientelares de la sociedad capitalina, que reprodujeron sus prácticas tradicionales.

En el segundo gobierno perredista, la política de participación ciudadana conservó un lugar relevante entre los planteamientos estratégicos para la gobernabilidad, sin embargo, fue promovida como una herramienta con escasa autonomía y estrechamente ligada a la política social.

Los espacios institucionales para la participación en este periodo fueron variados e importantes pero, en general, limitados en sus atribuciones, ya que la mayoría de ellos conservaban funciones consultivas, de interlocución y de gestión, y por ello difícilmente permitían el involucramiento de la ciudadanía en las tomas de decisiones.

En este periodo lo más relevante fue el reconocimiento de los derechos sociales, que fueron instrumentados mediante programas como la institucionalización de la pensión alimentaria para adultos mayores, la gratuidad de medicamentos y el apoyo a madres solteras, entre otros.

Durante el tercer mandato a cargo del PRD en la capital, la participación ciudadana se reafirmó prioritariamente en el ámbito territorial y adquirió centralidad el trabajo de la Dirección de Participación Ciudadana, la cual pasó a ser una subsecretaría inscrita en la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social. A pesar de esta situación, las actividades de participación ciudadana se desligaron en buena medida el desarrollo social y se centraron en el trabajo a través de módulos con presencia en diversos puntos de la ciudad.

Durante esta administración la participación fue reconocida como un derecho en la versión reformada de la Ley de Participación Ciudadana, en 2010, y fueron reconocidas por primera vez instancias diferenciadas. Además de los Consejos y Comités Ciudadanos fue instituida la figura de Consejos de los Pueblos.

Asimismo, se puso en operación la Red Ángel, en la que participaron promotores de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública, con la responsabilidad de promover la incorporación de los habitantes en acciones de gobierno que requirieran de la colaboración de la comunidad, como un medio para llevar a cabo y evaluar los programas que ejecutaban las distintas dependencias del gobierno local.

También en este periodo se reconocieron otro tipo de derechos —más allá de los políticos y sociales— que resultaron relevantes para otros aspectos de la vida comunitaria. Entre éstos destacaron los casos de la interrupción legal del embarazo y la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo con el consiguiente derecho de estas parejas a la adopción.

LOS CLAROSCUROS En términos generales, el trayecto de los tres gobiernos dio cabida al ejercicio de los derechos políticos por la vía de la participación ciudadana mediante diversas acciones, políticas y el ejercicio de una gran diversidad de programas.

Aun cuando la plena realización de este ejercicio remite sustancialmente a la incidencia en los asuntos públicos, esto no siempre estuvo garantizado y esta práctica con frecuencia encontró distinto tipo de obstáculos: institucionales, normativos, presupuestales y, los no menos relevantes, ligados a la cultura política clientelar y corporativa.

La falta de correspondencia entre las políticas económica, fiscal y social es otro de los nudos problemáticos de los actuales gobiernos, que no garantiza la implementación de los derechos sociales, limita la redistribución de los recursos públicos y restringe los derechos a prácticas asistenciales con vistas a una ciudadanía pasiva.