Desafío: reforzar cooperación internacional

MundoEs indudable que las entidades federativasy los municipios mexicanos han acrecentado sus actividades y estrategias en el ámbito internacional y, particularmente, en lo que se refiere a la cooperación para el desarrollo.

Además, el incremento en los procesos de descentralización administrativa en el país, así como las transformaciones en las relaciones intergubernamentales en México contribuyen, sin duda, a propiciar una mayor participación de los gobiernos estatales y municipales en espacios que anteriormente eran ocupados casi exclusivamente por el Gobierno Federal.

Hay motivaciones políticas, económicas, sociales y culturales que han impulsado a los gobiernos locales a buscar insertarse de manera más activa en el contexto internacional, pues el desarrollo de sus comunidades está claramente vinculado con los temas transversales de la agenda de la cooperación internacional, tales como la pobreza, la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, el medioambiente, el cambio climático, la equidad de género, la migración, entre otros.

A pesar de que tradicionalmente las entidades federativas no han sido consideradas como actores de la política exterior, ello no les ha impedido participar en actividades internacionales. Esto ha sido posible gracias a que dichas acciones encuentran sustento jurídico en diversos mecanismos legales, como la Ley de Tratados, los acuerdos interinstitucionales y el propio Reglamento Interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que establece mecanismos para la coordinación entre la SRE y las entidades federativas para establecer vínculos con gobiernos extranjeros, así como para suscribir acuerdos interinstitucionales y atender solicitudes de información sobre mecanismos de cooperación descentralizada, entre otros.

De esta manera, los gobiernos locales, en mayor o menor medida, y con muy diversos grados de desarrollo, han emprendido, desde hace tiempo, varias estrategias para realizar actividades de cooperación internacional. Entre éstas la creación de unidades u oficinas responsables de las relaciones internacionales, o bien, la participación en el Programa Mexicano de Hermanamientos y Cooperación Descentralizada.

NUEVO MARCO LEGAL

En diciembre de 2011, después de un largo proceso legislativo, se promulgó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Originalmente se consideraban como sujetos del Decreto, en el Artículo 3, a las dependencias federales y entidades de la administración pública federal, a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y a las instituciones de educación superior, los centros de investigación científica y de desarrollo tecnológico, así como a los organismos culturales pertenecientes al sector público.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal envió observaciones al Decreto, que señalaban que “la cooperación internacional para el desarrollo es un principio normativo que debe observarse por parte del Ejecutivo Federal en la dirección de la política exterior, y que el Decreto acota o restringe el alcance del mismo, más allá de los límites impuestos por el propio texto constitucional, por lo que se traduce en una invasión a la esfera de su competencia”.

Asimismo, afirma que “la facultad del Congreso para legislar en esta materia se da, en todo caso, en el ámbito federal, pero no puede, en ejercicio de sus facultades implícitas, expedir una Ley General que distribuya competencias entre los diversos órdenes de gobierno en materia de cooperación internacional para el desarrollo”.

De esta manera, la Ley aprobada considera como únicos sujetos de la misma a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Pero más allá de los debates y controversias de técnica legislativa, lo importante es analizar las implicaciones de esta Ley para los gobiernos estatales y municipales. Hay que señalar que aún es poco el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley y la puesta en marcha de sus principales instrumentos, por lo que los mismos aún se encuentran en proceso de institucionalización y difícilmente puede hablarse de su impacto actual.

Así que hemos de conformarnos con algunas ideas sobre lo que podrían ser los efectos positivos de esta Ley en el quehacer de estados y municipios.

En términos prácticos podríamos afirmar que la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), como instancia responsable de concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las dependencias y entidades de la administración pública federal, puede constituirse como un avance, dada la fragmentación que prevalece en las acciones de cooperación internacional.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

En la medida en que la Amexcid logre efectivamente esta armonización, particularmente con la Dirección de Coordinación Política de la propia SRE, será más fácil para las entidades federativas el establecimiento de acuerdos y la propuesta de iniciativas, así como el mejor aprovechamiento de las oportunidades de la cooperación internacional.

Asimismo, el resto de instrumentos previstos por la Ley, tales como el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Procid), que debiera prever al menos mecanismos de diálogo con los gobiernos locales; el Fondo Nacional de Cooperación Internacional; el Registro y el Sistema de Información de México sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Simexcid), pueden sin duda contribuir de manera sustancial a fortalecer las acciones de cooperación internacional de las entidades federativas y de los municipios.

Todo ello en la medida en que estos instrumentos, en pleno proceso de configuración, logren organizarse de manera pertinente, con eficacia y calidad, con los recursos suficientes y de manera transparente.

Pero más allá de la perspectiva práctica, en el ámbito político estamos ante una importante oportunidad.

LEVANTAR LA VOZ

La reciente instalación de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la apertura de espacios de diálogo por parte de la Amexcid con gobiernos estatales y municipales, a través de los talleres de cooperación internacional; el dinamismo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (Amaie), y la proliferación de asociaciones de municipios a nivel nacional e internacional representan para los gobiernos locales una gran oportunidad de colocar el tema de la cooperación descentralizada como un componente estratégico de la política de nuestro país en materia de cooperación internacional para el desarrollo, actualmente en pleno proceso de formulación.

No obstante, si los gobiernos de las entidades federativas y los municipales no alzan su voz y no tienen una demanda y propuestas sistemáticas para que la cooperación descentralizada forme parte de la política pública, lo más probable es que, en los años por venir, sigamos con un panorama de bajo reconocimiento a las acciones de cooperación internacional de los gobiernos locales, de mantenimiento de acciones valiosas pero dispersas, de relaciones intergubernamentales fragmentarias y de un desarrollo institucional en el cual no estén debidamente recogidas las voces de todos los actores.

Es momento de actuar y de generar las capacidades institucionales en los gobiernos locales para incidir y aprovechar óptimamente las oportunidades de la cooperación internacional, entendiendo a ésta última siempre como un elemento coadyuvante y complementario a sus acciones de gobierno.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: