El Nuevo México Urbano y sus Desafíos.

Mientras estábamos pensando en otras cosas, México se transformó radicalmente ante nuestros ojos. Hoy habitamos un país que no es el mismo de hace 20 años. El cambio más profundo no ha tenido que ver con la educación, la política o los partidos, sino con la forma de vivir que tenemos los mexicanos.

Los datos son elocuentes y determinantes: ya no somos un país rural, sino plenamente urbano, más de 90 millones de mexicanos viven en ciudades. De hecho, en el conjunto de las 93 ciudades que tienen más de 100 mil habitantes en la actualidad, se genera 88 por ciento del producto interno bruto (PIB) total del país. El proceso de tránsito de lo rural a lo urbano tiene un gran impacto económico, ya que se calcula que cuando se incrementa en 10 por ciento la proporción de habitantes en zonas urbanas, el PIB puede llegar a crecer hasta 30 por ciento. En otras palabras: a mayor población urbana, mayor generación de riqueza y crecimiento.

Ahora bien, las personas que viven en las ciudades requieren cada vez más de espacios públicos y privados. En los últimos 30 años la población urbana se duplicó en México, pero en ese mismo lapso, la superficie total que ocupan las ciudades se multiplicó por seis.

Parte del problema del espacio tiene que ver con el desperdicio del suelo urbano. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el territorio nacional hay casi 85 mil hectáreas de predios intraurbanos que son baldíos; además, de las 110 mil hectáreas que se consideran reservas territoriales hoy en día, 59 por ciento (es decir, casi 65 mil hectáreas) están dentro de las actuales manchas urbanas, pero aún no se han utilizado para dar vivienda a las familias que la necesitan.

Se estima que entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas en México pasó de 55 a 59. Parecen pocas (solamente cuatro), pero hay que considerar que la población en esas áreas creció de 54 a 63 millones de personas. Eso significa en términos comparativos que en menos de 10 años México tuvo que ofrecer servicios públicos urbanos a una población equivalente a la que habita en toda Suecia. Antes de llegar al 2020 habrá que atender a otros 6 millones de personas, lo que equivale a dar servicios públicos a toda la población de El Salvador.

Un dato interesante es que millones de mexicanos habitan en viviendas que requieren de urgentes mejoras y reformas. Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente a 2012, indica que de los 30.8 millones de viviendas particulares que hay en México, 2.9 millones deben ser reemplazadas debido a las características de sus materiales, espacios e instalaciones; y otras 12.3 millones necesitan ser ampliadas o mejoradas. Es decir, no tenemos que pensar solamente en la oferta futura de vivienda nueva, sino en impedir que la que hoy existe se convierta en un riesgo para sus habitantes. De hecho, para los próximos 20 años necesitaremos atender una demanda a nivel nacional de casi 11 millones de soluciones de vivienda, según el Consejo Nacional de Población.

LOS CAMBIOS.
La creciente población en las ciudades requiere de servicios públicos y satisfacer su derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, como lo señala el Artículo 4o de nuestra Constitución. ¿Qué medidas se pueden tomar para que la gente viva cada vez mejor y cuente con espacios públicos y privados de mayor calidad? Hay muchas medidas para resolver las interrogantes. Por ejemplo, fortalecer el mercado de la vivienda por medio de la disminución de los hoy altísimos costos de traslado de dominio.

Quizá, regular de distinta manera la función de los notarios en el tema de la vivienda. La experiencia en otros países puede dar otra perspectiva. En naciones que tienen un sistema de registro de la propiedad sin notarios, los gastos de compra de bienes inmuebles se reducen a casi la mitad.

Hay que hacer más racionales y compartidos los espacios urbanos, incluyendo precisamente la generación de empleo a escala local que evite los largos desplazamientos. Un crecimiento de las actividades laborales en el sector formal de la economía también ayudaría, ya que permitiría a un extenso grupo de trabajadores tener acceso a créditos para vivienda.

También se t iene que ampliar la oferta de vivienda en renta. En países como Suiza o Hungría más de 50 por ciento de la población vive en casas rentadas; en México ese porcentaje es bajísimo, ya que el mercado de alquiler es escaso y muy caro. Es indispensable que las personas cuenten con seguridad jurídica para sus viviendas. La Sedesol calcula que hay 15 millones de inmuebles en el país que no cuentan con escrituras, lo que hace muy complicado que sus propietarios o poseedores saquen provecho económico de su patrimonio inmobiliario.

Otro aspecto que se debe mejorar es el cobro del impuesto predial, que corre a cargo de los municipios, cuya efectividad recaudatoria es muy baja, por no decir casi nula. Lo recaudado por esa vía representa sólo 0.1 por ciento del PIB, mientras que los países miembros de la OCDE recaudan 10 veces más (1 por ciento del PIB, en promedio). Esa baja recaudación impacta negativamente en el ofrecimiento de servicios públicos a cargo de los municipios, los cuales no pueden invertir lo necesario en el mejoramiento de la infraestructura urbana.

A la búsqueda de una nueva movilidad.

Infortunadamente, en muchas de las ciudades de México las condiciones para la movilidad son escasas y han empeorado de forma evidente en los años recientes. Entre los años 2000 y 2010 el parque vehicular del país pasó de 15.6 a 32.3 millones de unidades. El número de vehículos en circulación crece a una tasa de 7 por ciento anual.

¿Qué transformaciones en nuestros esquemas de movilidad deberemos hacer para que nuestra vida no se agote y se consuma en subir y bajar del coche?

Millones de personas tienen que ir cada vez más lejos de sus casas a trabajar o abastecerse de bienes de consumo necesario, además todo eso lo hacen cada vez más lentamente, por la precaria movilidad urbana que se sufre, por ejemplo en la Ciudad de México. El diseño de las ciudades ha estado en función del transporte vehicular con una marcada preferencia al automóvil particular, en detrimento de opciones más sustentables.

En un estudio reciente, se encontró que en 10 zonas metropolitanas del país 77 por ciento de las inversiones en el rubro de movilidad se dedican a infraestructura (48 por ciento en ampliación de vialidades y 29 por ciento en obras de pavimentación). Solamente 23 por ciento se invierte en otras modalidades: 11 por ciento en transporte público, 8 por ciento en espacio público, un escasísimo 3 por ciento en infraestructura peatonal y 0.4 por ciento en infraestructura ciclista.

Es evidente que necesitamos coordinar las políticas de vivienda con las políticas de movilidad. Dicha acción hoy no existe, razón por la cual vemos a lo largo y ancho del país desarrollos habitacionales que no cuentan con ninguna conexión a transporte público.

Es indispensable invertir en medios de transporte público masivo no motorizado,en vez de seguir volcando dinero en pavimentar y repavimentar las vialidades. Todo desarrollo de vivienda nueva debe traer aparejado un plan de movilidad, de forma que se conciba de manera integral el desarrollo urbano y se permita que las personas accedan a viviendas de calidad, que estén cerca de los lugares a los que necesitan acudir y cuenten con buenos medios de transporte.

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