La capital del país se encamina hacia una nueva y crucial reforma política, cuyo principal logro sería la creación de su primera constitución, la cual le permitiría gozar de autonomía, así como impulsar una reorganización administrativa y definir los derechos y obligaciones de sus habitantes.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal (DF), entregó el 13 de agosto pasado un proyecto ante el consejo rector del Pacto por México, en el cual se destaca la propuesta de promulgar una constitución política para la ciudad.
En este sentido, se plantean modificaciones a la Constitución de la República Mexicana y la instalación de una asamblea constituyente, la cual se encargaría de elaborar, votar y autorizar la promulgación del nuevo instrumento jurídico.
Asimismo, Mancera Espinosa propone el reconocimiento expreso de la entidad como integrante de la Federación, denominarla Ciudad de México, mantener su carácter de sede de los Poderes de la Unión y crear el Centro de Desarrollo Metropolitano de la Zona Centro.
También se sugiere conceder al DF mayor autonomía a su régimen interior, impulsar la supervisión ciudadana en las 16 delegaciones políticas y crear un “fondo de capitalidad” para hacer frente a los costos que implica ser el centro económico y político del país.
Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política del DF, asegura en entrevista que esta iniciativa es parte de la lucha histórica que se ha librado en los últimos años para que los habitantes de la capital ejerzan su soberanía, al igual que el resto de las entidades de la República mexicana. Sin embargo, sostiene que una condición necesaria es la existencia de una constitución.
El senador Mario Delgado Carrillo —otro de los impulsores de la iniciativa— refiere que este cambio es muy necesario y destaca que el ambiente político es propicio para que, ahora sí, se actualice el marco jurídico de la capital del país. Su expectativa es que se apruebe el año próximo.
ESTATUTO LEGAL, INNECESARIO
Además del planteamiento oficial, los partidos de oposición también han dado a conocer sus puntos de vista que difieren en características y argumentos.
La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) —entregada el 12 de agosto pasado por su representante local, Mauricio Tabe Echartea— no prevé emitir una constitución al observar que se centralizarían más las instituciones.
También se propone transformar la jefatura de Gobierno y a su titular en gubernatura y gobernador, respectivamente, y en convertir a las 16 delegaciones políticas actuales en 20 alcaldías, lo que implicaría dividir a Álvaro Obregón en tres territorios, así como a la Gustavo A. Madero y a Iztapalapa en dos cada una.
Además se sugiere la creación de zonas y autoridades metropolitanas, la democratización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la ciudadanización de los órganos autónomos.
SUGIEREN CREAR gran ALCALDÍA
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha retomado dos proyectos, el de María de los Ángeles Moreno y el de Manlio Fabio Beltrones, hechos en 2010 cuando ambos eran senadores, los cuales no consideran la creación de una Constitución local, sino lo que denominan un estatuto jurídico aprobado y expedido por la ALDF.
Las dos iniciativas del PRI coinciden en transformar al DF en una Gran Alcaldía, desaparecer la figura de jefe de gobierno y crear la de alcalde, que puede ser removido por el Senado y, al igual que la propuesta panista, plantean la división de las delegaciones políticas en al menos 20 departamentos municipales o territoriales.
Para tener contrapesos en esos departamentos, los priistas plantean integrar una junta política de administración, cuya tarea sería la de aprobar el proyecto de presupuesto de la demarcación.
SE ESCUCHARÁ A TODOS
Con el propósito de procesar las coincidencias y divergencias de dichos planteamientos, el 14 de agosto pasado se instaló una mesa de negociación dentro del Pacto por México, cuyo objeto es acordar los términos de la reforma política del DF y presentar una iniciativa única al Congreso de la Unión a la brevedad posible.
Pese a las diferencias —pues el PAN plantea que las delegaciones sean alcaldías, mientras que el gobierno capitalino opta por demarcaciones territoriales con consejos autónomos, además de que tampoco hay acuerdo sobre los niveles de autonomía de la capital respecto de los poderes federales—, Muñoz Ledo estima que las posiciones contrastantes “no son imposibles de subsanar”.
El funcionario comenta que la idea del gobierno local es lograr consensos sobre los documentos que se conocen hasta ahora y obtener un proyecto único para que sea sometido a consideración del Congreso de la Unión.
No obstante, Mario Delgado, presidente de la Comisión del DF en el Senado, insiste en entrevista que la reforma política de la capital debe incluir una constitución política propia. Asimismo opina que una asamblea constituyente sería una “verdadera refundación”.
“La reforma debe dar la oportunidad de tener un estatuto local, en el que se plasmen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y que, a partir de ahí, podamos tener una reorganización político administrativa que también incluya asuntos e instituciones metropolitanas.”
Ignacio Marván Laborde, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hace ver que la reforma política que ahora se discute sería la culminación de un proceso que arrancó en los años de 1986 y 1987, con la creación de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Señala que los dos puntos clave de la reforma deben ser: 1. La organización de un congreso constituyente que promulgue un nuevo estatuto legal, mismo que debe garantizar autonomía al régimen interior de la ciudad; y 2. La creación de una forma de gobierno que responda a sus características de ser la capital del país y la sede de los poderes federales.
VIGILAR A DELEGACIONES
El académico menciona que otra medida fundamental es la reorganización del gobierno de las delegaciones políticas conforme a las demandas ciudadanas, pues en éstas la gente tiene contacto más directo con el gobierno de la ciudad, pero también es donde se presentan más problemas de orrupción y de rendición de cuentas.
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