México ha hecho historia con una modificación a la Carta Magna que brinda igualdad de posibilidades a hombres y mujeres para ocupar un lugar en la política local y nacional; el siguiente paso es adecuar las leyes locales a la nueva realidad

► Por David Ramírez Vera

El pasado 14 de mayo el Senado aprobó en lo general y en lo particular, por unanimidad, el dictamen que reforma nueve artículos de la Constitución Política para garantizar la paridad de género en todos los órdenes de gobierno, instituciones públicas y órganos autónomos, así como en los poderes de la Unión.

En apenas 10 días, el jueves 24 del mismo mes la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el dictamen de reforma a los artículos para ser enviado a los congresos locales donde rápidamente superó el mínimo necesario. Al cierre de esta edición, sólo faltaban por aprobar dichas reformas los congresos de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes.

La reforma pretende garantizar que haya paridad de género en los tres poderes de la Unión, órganos autónomos y en los gobiernos estatales y municipales, es decir, consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Lo anterior aplica tanto para el Gobierno Federal como para los estados y en la integración de los ayuntamientos.

Al respecto, en entrevista con Alcaldes de México, la Senadora Kenia López Rabadán, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, asegura que: “Esta reforma significa que ahora la mitad del poder va a ser para las mujeres y la otra mitad para los hombres. Es un vuelco cultural para los mexicanos”.

Por su parte, María Wendy Briceño Zuloaga, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, suscribe que si bien el proceso legislativo en las cámaras y en los congresos locales se dio en alrededor de un mes, la labor de convencimiento, concientización, elaboración de la propuesta y hermanamiento llevó más tiempo y fue impulsada por organizaciones civiles y mujeres en la política.

Un ejemplo de ello es la labor realizada por la organización Mujeres en Plural, de la cual es integrante Teresa Hevia, especialista en temas de género, quien asegura que “fueron meses de pláticas, de cartas, de participación ciudadana y una presión social que va desde mucho tiempo atrás.” El proceso de votación, que no demoró más de un mes, se debió en gran medida (como mencionan las entrevistadas) a la exigencia social y de los grupos de mujeres quienes pedían que desde la Constitución se avalaran las garantías de paridad para que hombres y mujeres puedan acceder a cargos de elección y directivos, así como altos mandos en organismos gubernamentales y autónomos.

LOS NUEVOS DESAFÍOS

Sin embargo, las acciones no terminan ahí, aún hay mucho por hacer, como eliminar la violencia política en contra de las mujeres. En este caso, la reforma fluyó muy bien pero existen otros temas que deben ser atendidos, asegura Wendy Briceño.

Además, comenta que en lo que corresponde a la discusión de la reforma, todas las fuerzas políticas se unieron, razón por la cual se aprobó con una contundencia pocas veces vista: se turnó a los congresos locales y con la misma velocidad se aprobó, cumpliendo así con un compromiso social que se tenía desde hace tiempo. Pero ello, a consideración de Teresa Hevia, no implica que sea una lucha aceptada por todos.

“Es necesario saber que es una lucha en la que muchos no ven un cambio cultural que abona al desarrollo social. Es en ese sentido en el que debemos trabajar para normalizar que se deban compartir los espacios públicos y privados. Y no porque los hombres cedan y nos permitan formar parte de esos espacios, sino porque es lo correcto.”

De acuerdo con la especialista, lo inmediato por hacer, “y que no es tarea fácil”, es reformar más de 30 leyes estatales, algo que, de acuerdo con Wendy Briceño, “es un trabajo que conlleva mucho más de lo que se acaba de hacer, a pesar de la aceptación en los congresos locales, esa reestructuración de las leyes locales y reglamentos internos representa un trabajo en el que se involucra también a los organismos gubernamentales autónomos y no autónomos en sus reglamentos internos. En cuanto a las sanciones, corresponde a las dependencias y órganos de poder proponerlas, pero requiere de un seguimiento puntual”.

Wendy Briceño asegura que es necesario trabajar en el tema de las sanciones, cuando no se cumplan o se violen las leyes, pese a ser un tema que corresponde a los congresos locales. “Los castigos deben ir acorde con la importancia de lo que representa la paridad de género, han existido muchos casos en los que prefieren hacer el pago de una multa, a retractarse de sus acciones, y eso no funciona.”

Las tres especialistas consultadas coinciden en que la materia, desde el principio del proceso de la reforma, fue la de asegurar que para 2021 los efectos de la reforma comiencen a dar resultados, no sólo en el proceso de las elecciones sino en la integración de los gabinetes y en las dependencias de gobierno. “No se trata de quitar hombres y poner mujeres”, asegura Teresa Hevia, “se trata de un proceso en el cual, gradualmente, se dé la paridad de género de manera natural, pero con sanciones para quienes pretendan volver a los viejos vicios de gobierno”.

Finalmente, Kenia López comenta que, si bien la meta es lograr que todo esté listo para antes de 2021, incluyendo las reformas locales así como las modificaciones en los reglamentos internos de las dependencias, órganos gubernamentales y en los autónomos, “es un proceso que se presta a ser posiblemente más lento a lo que vimos en la Reforma, sin embargo es ahí donde debemos seguir trabajando porque lo principal ahora es llegar al proceso de 2021 con la paridad garantizada”.