El 2 de enero de este año asesinaron a Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos, a tan solo unas horas de tomar protesta para ejercer su cargo. Éste no es un caso aislado. De acuerdo con estudios de Guillermo Trejo y Sandra Ley, desde diciembre de 2006 a la fecha, 82 alcaldes han sido asesinados por el crimen organizado y más de 450 autoridades municipales, candidatos locales y activistas políticos han sido blanco de ataques criminales. Los municipios en México se encuentran bajo fuego.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, culminó la implementación del mando único policial en el estado como respuesta al asesinato de la alcaldesa. Esta decisión provocó polémica entre los ediles de la entidad, en donde este esquema tardó tres años en ser implementado. En 2012, el mando único fue una de las principales banderas de campaña del entonces candidato Graco Ramírez para combatir los altos niveles de inseguridad, retomando una iniciativa del ex gobernador Marco Antonio Adame. En marzo de 2015 entró en operación en los 33 municipios, pero en octubre de ese año sólo 19 de los alcaldes recién electos había confirmado que continuarían bajo el mando único, según Alberto Capella, comisionado de seguridad estatal.
Con el asesinato de Gisela Mota, Graco Ramírez decretó el 4 de enero de 2015 que el mando único policial de Morelos entraría en vigor en todos los municipios, sin importar si habían o no ratificado el convenio correspondiente. Sólo unos días después, el 13 de enero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó impulsar la implementación del modelo de Policía Estatal Única en todos los estados y elevarla a rango constitucional.
Estas medidas responden a un hecho: está en juego la seguridad de las autoridades municipales y, claro, de toda la población. La paulatina toma de facto de los espacios y las instituciones municipales por el crimen organizado conlleva grandes peligros. Lo han señalado expertos como Eduardo Guerrero, Guillermo Trejo, Sandra Ley y Alejandro Hope: profundiza un horizonte de secuestros, extorsiones y desapariciones en las que también han tomado parte algunas autoridades municipales, voluntariamente o no. Incluso, hay casos en que la sociedad ha tenido que organizarse para autodefenderse.
Enfrentamos una crisis de seguridad pública que se intensifica con la ausencia de un vínculo de confianza entre la población y las autoridades. En este contexto necesitamos más información pública para saber si estrategias como el mando único policial son las más adecuadas. También es necesario contar con información sobre la incidencia delictiva en el país y el desempeño de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Sólo políticas basadas en evidencia y rendición de cuentas efectiva nos ayudarán a remontar la falta de credibilidad, pero existe poca información en la materia y no es confiable. Por ejemplo, se requiere un sistema de medición de incidencia delictiva homologado a nivel nacional, datos georreferenciados y socioeconómicos específicos porque cada localidad tiene un contexto particular y, sobre todo, políticas de seguridad ciudadana que incorporen la participación de la población. Así, por ejemplo, el mando único debe incluir el control ciudadano o la formación de juntas de gobierno policial integradas por civiles.
¿Qué lecciones nos deja la experiencia de Morelos?, ¿cuál es la evidencia que respalda la implementación de una policía única estatal?, ¿es adecuado implementar un mando único nacional? No conoceremos la respuesta a estas preguntas mientras las autoridades correspondientes no brinden la información pública necesaria. El crimen organizado cuenta con enormes recursos y ha demostrado estar dispuesto a influir sobre las autoridades locales por diversas vías, por ello debemos hacerle frente en conjunto gobiernos: el Federal, los estatales y municipales, y la población para recuperar el control de las instituciones de seguridad pública en las alcaldías. No olvidemos que es nuestra seguridad, la de todos, la que está en juego.
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