Estados vigilarán presupuesto de municipios

Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, asegura que se construirá el camino para que los gobiernos estatales sean responsables del buen uso que sus municipios hagan del dinero federal que se les asigna.

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► Por Norma Pérez Vences
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Lozoya, Deschamps, Robles… son apellidos ligados a la corrupción en la era de la cuarta transformación, pero en ninguno de estos escándalos mediáticos ha tenido protagonismo la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La dependencia, encargada de vigilar el uso de los recursos federales, está concentrada en construir el entramado regulatorio y operativo que le permita cambiar el enfoque bajo el cual se escrutarán las actividades de los funcionarios públicos en la ruta que sigue el dinero público hasta su destino.

Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, enfatiza a Alcaldes de México que, en adelante, la vigilancia se centrará en los servidores públicos con más alto nivel de responsabilidad, así como en sus posibles conflictos de interés; se fomentará —como ya empezó a hacerse— la cultura de la denuncia privilegiando el anonimato de los denunciantes, y se construirá el camino para que los gobiernos estatales sean responsables del buen uso que sus municipios hagan del dinero federal que se les asigna.

Sobre este último punto, Irma Sandoval adelanta que “estamos cambiando las reglas para que quien gobierna una entidad federativa, se haga responsable también de la manera en cómo los municipios ejercen las partidas presupuestales. Trabajaremos en alianza con los contralores estatales para lograrlo”.

Tratándose de los recursos que el Gobierno Federal asigna a municipios, éstos debían responder por ellos mismos. “Ya no será así”, anuncia con firmeza la Secretaria de la Función Pública, la mujer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador designó para hacer cumplir su principal ofrecimiento de campaña —el más mencionado al menos—: acabar con la corrupción.

Y en ese sentido, la funcionaria comenta que en los distintos estados se han detectado 46 mil millones de pesos (mdp) que deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, como resultado de las auditorías financieras y de desempeño.

“Más de 20 gobernadores ya se han acercado a la SFP para ver cómo solventar nuestras observaciones. Creo que daremos buenos resultados pronto porque los mandatarios estatales han sido muy sensibles, al darse cuenta que no pueden responder sólo por su administración. Con las 32 contralorías de las entidades federativas estamos avanzando en estrategias para que esos más de 46 mil mdp sean reintegrados o se finque responsabilidad, incluso penal, en caso de que los recursos hayan sido desviados hacia fines no previstos en los programas y fondos para los cuales fueron asignados.”

Al mencionar las causas por las cuales esos recursos deben ser reintegrados por los estados a la Federación, la funcionaria destaca el uso indebido de los mismos, así como el subejercicio “y un amplio espectro de irregularidades que tenemos que empezar a castigar”. Reitera que, en colaboración con los contralores estatales, ya se hace un seguimiento puntual del dinero.

Para cumplir con ejercicios presupuestales transparentes recomienda a los gobiernos locales reforzar sus mecanismos de control y escuchar a los ciudadanos, “ellos son los héroes de la transformación; saben dónde están las opacidades, conocen el modus operandi en la malversación de recursos y el incumplimiento de los objetivos de buen gobierno. Al ciudadanizar el combate a la corrupción lograremos la nación que nos merecemos”.

Precisamente por ello “estamos comenzando a dar cumplimiento a los convenios internacionales que México ya tenía firmados, pero que no cumplía, especialmente en lo relacionado con incentivar la denuncia ciudadana, protegiendo la confidencialidad de los denunciantes”.

CONFIANZA CIUDADANA

Irma Sandoval refiere que para abonar en el objetivo de arraigar la cultura de la denuncia, se puso en marcha la plataforma Ciudadanos Alertadores, un portal web mediante el cual todo ciudadano puede alertar de manera anónima sobre actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual, en los que estén involucrados servidores públicos.

“La plataforma asegura total confidencialidad y acompañamiento al denunciante y garantiza la sanción de la falta”, afirma la Secretaria de la Función Pública y augura que será una vía eficaz para castigar la corrupción.

Asimismo, informa que en las primeras dos semanas de funcionamiento de Ciudadanos Alertadores se recibieron 300 denuncias, y agrega que a través de las plataformas tradicionales, desde el día 1o de diciembre de 2108 a julio de 2019 llegaron a la dependencia casi 23 mil denuncias, lo que representa 40 por ciento más de las que se encontraron al llegar. “Todo ello habla de la confianza que la ciudadanía está depositando en la nueva administración.”

Al explicar el estatus de las denuncias recibidas, comenta que ya se han abierto y están en curso alrededor de 18 mil investigaciones, de las cuales hay cerca de 4 mil casos con alta probabilidad de ponerse a disposición de autoridades judiciales, penales o administrativas, que son las encargadas de castigar las faltas.

REFORZAR LA VIGILANCIA

También en la forma de perseguir actos de corrupción hay cambios. La titular de la SFP detalla que se modificaron los formatos de declaración fiscal, patrimonial y de interés, de manera que la información recabada de los servidores públicos ponga énfasis especial en detectar cualquier posible conflicto de interés.

“Los formatos anteriores son un buen inicio, pero estaban concentrados en una gran cantidad de información que no era útil para lo que a nosotros nos interesa monitorear, que es el enriquecimiento ilícito a partir de conflictos de interés. Tener activos y recursos no es inmoral, sino que esa riqueza se genere a través de tráfico de influencias o utilización indebida de los recursos públicos.

“Los cambios aplicados a los formatos se relacionan con la participación de familiares de funcionarios públicos en consejos de administración de empresas que obtuvieron u obtengan contratos por adjudicación directa.”

De modo que se enfocarán más claramente en servidores públicos de alto rango, “pues los formatos que nos legó el gobierno anterior eran imposible de atenderse en términos tecnológicos; cada declaración patrimonial implicaba más de 800 entradas y se aplicaban a todos los maestros, personal militar, médicos, enfermeras, por lo que se volvió insostenible, además de que en esa información copiosa no íbamos a encontrar lo que nos importa, que son los conflictos de interés. Los nuevos formatos serán más útiles para ello.

“Queremos que haya una verdadera división entre el poder político y los poderes fácticos, para lo cual haremos valer la Ley Federal de Austeridad Republicana, que establece un periodo de 10 años para que un servidor público pueda reincorporarse al sector privado, después de dejar una responsabilidad en el gobierno.”

Esta visión de Irma Sandoval va de la mano con otra tarea de la dependencia: relanzar el servicio profesional de carrera en la administración pública federal, para contar con funcionarios de tiempo completo, altas responsabilidades y larga permanencia. Además, se trata de un servicio profesional de carrera con perspectiva de género.

“La profesionalización estaba olvidada, pero hoy los servidores públicos tienen un aliado en la Secretaría para hacer su trabajo y ser evaluados con base en méritos y resultados, y no a partir de la cercanía o lejanía con su jefe o por ideología o por cualquier otra cuestión ajena a lo profesional.”

El servicio profesional de carrera se ha relanzado, además, con perspectiva de género. A decir de la titular, en la SFP, los cargos de mayor responsabilidad ya se distribuyen entre mujeres y hombres por igual. Y con el propósito de seguir cerrando brechas de desigualdad en la administración pública federal, se convirtió en la primera secretaría de estado en firmar un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres, que permita capacitar para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

 Avances en rendición de cuentas

Para abonar en el objetivo de arraigar la cultura de la denuncia, se puso en marcha la plataforma Ciudadanos Alertadores, un portal web mediante el cual todo ciudadano puede alertar de manera anónima sobre actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual, en los que estén involucrados servidores públicos. La plataforma asegura total confidencialidad y acompañamiento al denunciante y garantiza la sanción de la falta.

En las primeras dos semanas de funcionamiento de Ciudadanos Alertadores se recibieron 300 denuncias.

A través de las plataformas tradicionales, entre diciembre de 2108 y julio de 2019 llegaron a la dependencia casi 23 mil denuncias.

Están en curso alrededor de 18 mil investigaciones, de las cuales hay cerca de 4 mil casos con alta probabilidad de ponerse a disposición de autoridades judiciales, penales o administrativas, que son las encargadas de castigar las faltas.

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