Expertos comparten cómo pueden los municipios suavizar reglas para otorgar licencias de operación a negocios
Uno de los esfuerzos más relevantes para el desarrollo económico y social de una demarcación es determinar la rigidez de requerimientos para la apertura de empresas, desde micro y pequeñas hasta de gran tamaño.
Daniel Bautista, socio y director General de Ereform Consulting SC, explica que debe ser obligatorio someter la regulación vigente y la que esté en proceso de autorización a la evaluación de sus costos y beneficios, a fin de tratar de eliminar la regulación ineficiente, con altos costos de cumplimiento y producto de ocurrencias.
Después, sistematizar el uso de la consulta pública como mecanismo de transparencia y participación ciudadana en la elaboración de regulaciones. En tercer lugar, poner en el centro de la política pública al ciudadano para facilitar el acceso a los servicios y el cumplimiento de obligaciones, “y dejar de pensar que es a los funcionarios y no a los ciudadanos a los que debe satisfacer el ejercicio gubernamental”.
Luego de ello, congruencia regulatoria entre reglamentos y leyes; evitar la atomización del marco jurídico y mantener la regulación actualizada.
Al respecto, Fabiola Perales, fundadora de la iniciativa Mejores Gobiernos y especialista en mejora regulatoria, comenta que con el ánimo de atraer y retener inversión en los municipios, algunos ediles optan por la idea de flexibilizar y reestructurar las reglas para dar de alta la operación de negocios, pero no es suficiente modificar los estatutos con la idea de que llegarán más empresas con inversiones que beneficiarán a la ciudad, “también es necesario que los municipios fortalezcan las capacidades institucionales para la mejora regulatoria, adaptando a sus circunstancias y atribuciones un sistema que establezca las reglas para el proceso de revisión y análisis de regulaciones (nuevas y existentes), así como las de transparencia y consulta pública”.
Daniel Bautista agrega que es conveniente crear en sus portales de Internet registros de trámites y servicios con información de calidad para que los particulares puedan consultar de forma remota requisitos, costos, formatos, ubicación de oficinas, responsables o teléfonos sin necesidad de acudir a un centro de atención.
Asimismo, concentrar en un solo lugar la gestión de varios trámites relacionados, como son ventanillas únicas físicas o virtuales, cambiar el modelo de gestión de trámites por funciones a uno por procesos y evitar solicitar información o requisitos que obren en poder del municipio.
FACILITAR PERMISOS CON CAUTELA
Daniel Bautista apunta que en el ánimo de facilitar la licencia para operar un negocio se corre el riesgo de implantar mecanismos demasiado flexibles o laxos, con consecuencias negativas, principalmente para el desarrollo de los municipios. En este sentido, por ejemplo, se han llegado a establecer esquemas que permiten la apertura de negocios con una simple notificación y el compromiso de que posteriormente se cumpla con los requisitos.
Se ha argumentado a favor de estas propuestas que el cumplimiento de un trámite no debería limitar la creación de negocios y que primero se debería probar si funciona el negocio y después gestionar su autorización, con el objetivo de que en el arranque éste no deba erogar parte de la inversión inicial en burocracia. El problema fundamental de estos esquemas es que no prevén, al menos, que la ubicación de los negocios sea de acuerdo con los planes de desarrollo urbano.
La clave de este dilema es que la base de cualquier ejercicio de flexibilización debe ser una administración adecuada del riesgo de los negocios considerando su categoría, tamaño y ubicación. Un ejemplo de este tipo de mecanismos es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), esquema impulsado desde 2002 por el Gobierno Federal que prevé que a partir de la definición de un catálogo de giros de bajo riesgo para la salud, seguridad y medioambiente, se gestione la licencia de funcionamiento en un solo lugar, con un solo formato y en un tiempo máximo de 72 horas, pudiendo llegar a ser en minutos, inclusive gestionándose completamente en línea, sin omitir el cumplimiento de requisitos indispensables para un desarrollo ordenado y con seguridad para las personas.
Sobre el tema, Fabiola Perales apunta que para la implementación o reforma de los reglamentos de los municipios se considere la aplicación de un análisis de impacto regulatorio para la operación de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Además, dice, los municipios deben considerar al momento de implementar los programas de desregularización o simplificación administrativa el establecimiento de una alianza de gobierno abierto con los ciudadanos, empresarios y organismos de la sociedad civil, que integre una serie de mecanismos que conozca y reconozca el sentir de los actores involucrados.
La simplificación administrativa en la mayoría de los casos se debe a una necesidad de agilizar y disminuir la cantidad de trámites. Sin embargo, simplificar o flexibilizar no debe ser equivalente a desinterés por el debido funcionamiento, es decir, que a pesar de que los lineamientos puedan reestructurarse no es por ningún motivo razón para ser permisivos.
“La reestructuración de las reglas o mejora regulatoria no implica que al momento de flexibilizar las normas de operación se ceda poder, ni que los ayuntamientos dejen de cumplir con ciertas funciones, lo que se busca es establecer formas y métodos de operación que incentiven una mayor inversión”, puntualiza.
FUTURO INMEDIATO
Desde el año 2012, explica Fabiola Perales, México ha trabajado e impulsado la inclusión de capítulos de mejora regulatoria en los tratados comerciales internacionales. Actualmente, ha logrado negociar capítulos de mejora regulatoria en dos tratados: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y el Tratado de la Alianza del Pacífico. Aunado a éstos, en el TLCAN 2.0 ha sido parte de las negociaciones recientes la integración de un capítulo de mejora regulatoria. La incorporación de estos capítulos busca obligar a los países a adoptar la Política de Mejora Regulatoria para contar con herramientas similares en la elaboración de las regulaciones.
“El gran reto de México es lograr la correcta implementación de estos capítulos y evolucionar en el mediano y largo plazo a esquemas de cooperación regulatoria internacional que permitan el uso de esquemas de reconocimiento mutuo de certificaciones de bienes, buscando facilitar el comercio y la movilidad de las mercancías. Aunado a esto, resulta importante señalar que los municipios y, de manera específica, las 74 zonas metropolitanas del país, tienen un gran reto en materia de cooperación regulatoria municipal. La unificación de algunas regulaciones y trámites municipales mejoraría sustancialmente el ambiente de negocios para las empresas multinacionales o para las medianas y grandes empresas del país.”
Daniel Bautista señala que los retos en desregulación consisten en introducir programas de mejora regulatoria en los poderes judiciales y legislativo tanto federales como locales. “El avance en materia de simplificación en los ejecutivos puede verse afectado por la aprobación de otras leyes que impongan nuevos costos de cumplimiento para los particulares sin evaluar su costo beneficio.”
Añade que hoy ya se discute en el Congreso Federal una Ley General de Mejora Regulatoria, cuya aprobación significaría la obligación de la adopción de esta política pública en los tres órdenes de gobierno: Federal, estatal y municipal.
En conclusión, la licencia para poder operar un negocio no sólo tiene la función de autorizar una actividad a un particular o de recaudar impuestos, también busca regular el desarrollo de una ciudad, salvaguardar la seguridad de las personas y cuidar el medioambiente, por mencionar algunas funciones sustantivas.
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