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Gobiernos tradicionales, a debate

Sergio SarmientoMéxico tiene decenas de pueblos indígenas que se rigen conforme al sistema de usos y costumbres. En lo electoral, sólo en Oaxaca, hay municipios que hacen valer su sistema normativo interno, el que tiene reconocimiento legal y que coexiste con el modelo nacional. No obstante la antigüedad que tienen esas formas de organización, sobra el desconocimiento en la materia.

Si bien muchos pueblos indígenas mantienen vigentes sus formas de organización comunitaria con la idea de preservar su identidad, a veces los usos y costumbres se contraponen al derecho positivo y, en otros casos, como sucede en Oaxaca, han logrado coexistir con la democracia participativa.

Melitón Bautista, hijo de indígenas zapotecos, ha sido dos veces alcalde de San Juan Tabaá, Oaxaca, por el sistema tradicional. Conoce los pros y los contras: “Es mucho trabajo, no hay paga, se sacrifica a la familia. Si en la administración algo sale mal, se le encarcela. Hay privilegio de lo colectivo sobre lo individual”. También admite que “algunas prácticas pueden ser violatorias de los derechos humanos, como la cuestión religiosa. Si alguien no cumple con sus obligaciones, la comunidad lo repudia”.

En otras ocasiones, hay gente que se va del pueblo y regresa a las fiestas sin cumplir con las obligaciones colectivas. “En asamblea discutimos qué hacer. Es responsabilidad de todos mantener la vida comunal”, explica Bautista. Reconoce que hay camino por andar, pero considera que vale la pena continuar con las normas que sí funcionan a través de acuerdos comunitarios.

EZLN, EL PARTEAGUAS

IndígenasSe entiende por usos y costumbres al conjunto de reglas, instituciones y procedimientos propios que conforman el sistema de organización político-social de los pueblos indígenas y que se aplican en procesos penales, de impartición de justicia, de seguridad pública y de relaciones familiares, así como en la elección de autoridades.

En México existen 6.9 millones de personas de habla indígena que se reparten en 62 etnias, pero no existe una cifra exacta de los municipios que se gobiernan con reglas tradicionales. Algunas entidades han avanzado en el reconocimiento político y legal de los sistemas de elección de autoridades indígenas. Este es el caso de Oaxaca —a través del Artículo 20 de la Constitución Política del estado y la Ley Indígena—, donde 418 de los 570 municipios designan a sus autoridades por usos y costumbres.

La coexistencia de este sistema electoral con la democracia representativa permite la estabilidad político-social en la entidad, afirma Víctor Leonel Juan, consejero del Instituto Electoral de Oaxaca. El estado no está exento de conflictos políticos, pero “son pocos y gran parte obedece a una serie de nuevos factores que requieren cambios en las reglas internas. La mayoría continúa con estos procesos de forma exitosa, realizando las adecuaciones necesarias”.

Con la visibilidad que dio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a los grupos étnicos de Chiapas, el tema de los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas marcó una huella en la historia del país.

En 2001 se hizo una reforma constitucional que dejaba a las entidades federativas la facultad de legislar en materia indígena; sin embargo no satisfizo a los beneficiarios, al considerar que no cumplía con las expectativas de autodefinición de las comunidades. Tras el impacto que despertó en su momento, el tema indígena dejó de ser prioridad para la clase política.

Sergio Sarmiento, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que los usos y costumbres no tienen que ser vistos como un problema para el país, sino que simplemente “son nuevas formas del ejercicio de la ciudadanía. Se trata de un ciudadano colectivo en una comunidad que establece sus propias normas”.

Además, el desarrollo de este sistema ha permitido visualizar otros problemas. Leonel Juan los enumera: migración, equidad de género, tránsito rural-urbano y descentralización de recursos. “Todo esto cuestiona, en algunos municipios, las reglas comunitarias; o bien entran en tensión como consecuencia de otros conflictos, ya sean agrarios o religiosos.”

Sobre la equidad de género, Leonel Juan refiere que sí es un asunto delicado dentro de las comunidades indígenas, pero no muy diferente a lo que ocurre en la democracia representativa. La desigualdad para la mujer nos “alerta sobre los cambios profundos que deben realizarse en la sociedad mexicana en su conjunto”.

Pero si bien en nuestro país existe un acuerdo en el sentido de respetar las autonomías indígenas, la realidad es distinta. Mientras Bolivia, Ecuador y Nicaragua han hecho cambios, “nosotros estamos en la cola del tren”, refiere Sarmiento.

En opinión de Alejandro Anaya, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), discursivamente se reconoce la diversidad cultural, pero “no hay autonomía indígena, a pesar de lo que marca la Constitución”.

REFORZAR MARCO LEGAL

Los especialistas coinciden en que hay un desconocimiento casi generalizado sobre las autonomías indígenas. “Son mal llamadas usos y costumbres. En términos jurídicos resulta peyorativo, porque sugiere que las reglas son inferiores”, dice Leonel Juan. Por lo tanto, propone reformar los códigos electorales para dar precisión jurídica al término.

Algunos municipios indígenas se han incorporado al modelo occidental, otros conservan sus dinámicas, de modo que ha habido una coexistencia de los dos modelos por la vía de los hechos, sostiene Anaya. “En la práctica funciona el sistema normativo indígena en municipios autónomos chiapanecos y oaxaqueños.”

Frente a posibles tensiones en los dos sistemas, los expertos consideran que la solución apunta hacia la interlocución. En un escenario ideal, “se requiere un modelo basado en el diálogo intercultural, que parta del reconocimiento de la pluralidad”, dice Anaya.

En junio pasado se dio a conocer una resolución judicial en el sentido de que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que las normas constitucionales.

Con base en este principio, Leonel Juan ve una ventana de oportunidad a favor de los pueblos indígenas, que amparados en acuerdos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tienen opciones para fortalecer su autonomía y llevar a este segmento de la población a foros de representación nacional, como los congresos estatales y el Congreso de la Unión.

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