Innovar Catastros con cautela

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La tecnología se ha constituido como aliado estratégico para un sector público eficiente

FOTOS: DREAMSTIME

El desarrollo del catastro, término utilizado para designar una serie de registros que muestran la extensión, valor y la propiedad de la tierra es una de las actividades del sector público más remota de la que se tenga referencia.

En México, está en marcha el Programa de Modernización Catastral, a través del cual autoridades federales y municipales unen esfuerzos para mantener al día y sistemáticamente organizado el inventario público de los bienes inmuebles urbanos y rurales de una demarcación.

En el Programa participan el municipio interesado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) —que aporta la asesoría y apoyo técnico—, así como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el cual cubre 40 por ciento del proyecto.

“Este programa garantiza la soberanía del municipio, en términos de lo que hacen con los recursos, pero obviamente también respetando los matices y objetivos técnicos que tiene el propio programa”, afirma Claudio Martínez Topete, director General adjunto de Información Catastral y Registral del Inegi.

La actualización del catastro, agrega el funcionario, surge por interés del propio municipio, cuyo cabildo debe aprobar los recursos para fondear, en primera instancia, 100 por ciento del proyecto. Posteriormente, apunta el entrevistado, se solicita el apoyo técnico del Inegi, que desarrolla un diagnóstico sobre los requerimientos técnicos y el cual es entregado a la alcaldía, la cual, bajo derecho de su soberanía, contrata los servicios y productos correspondientes. Finalmente, con las facturas en mano, el municipio solicita a Banobras la devolución de 40 por ciento del costo total del proyecto.

Muchos municipios, apunta Juan Manuel Martínez, director de Registros de Información Geográfica del Inegi, cuando desarrollan este proyecto aprovechan toda la información geográfica para otras áreas: desarrollo urbano, gestión de información y obtener ingresos por otras vías. “Al final del día se ven beneficiados por los ingresos, ya que en un año o dos el proyecto termina por pagarse, es decir, es autofinanciable.”

Sin embargo, Manuel Martínez advierte que no todas las localidades tienen para invertir; “pues necesitan cubrir el otro 60 por ciento del proyecto, además de que los proyectos deben contar con la aprobación del cabildo y muchos municipios se quedan en el camino, ya sea porque tuvieron una emergencia o les llegó algo y ya no pudieron terminarlo”.

USO ADECUADO DE TECNOLOGÍA

Dispositivos, aplicaciones, aparatos y demás soluciones electrónicas ofrecen a gobiernos locales y al Federal la posibilidad de desarrollar y perfeccionar programas públicos, cuya calidad de resultados no encuentra precedente.

En ese sentido, los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente llamados “drones”, así como los mensajes georreferenciados de las redes sociales (como Twiter) tienen el potencial de constituirse en herramientas clave para el desarrollo y actualización del catastro municipal.

Ante ello, resulta necesario contar con una oportuna regulación, así como de proveedores certificados para la prestación de servicios de fotogrametría y cartografía, pues lo cierto es que existen aficionados con dispositivos, como drones, que ofrecen servicios para el desarrollo y actualización de catastro sin el conocimiento técnico y especializado necesario.

Esos artefactos (drones) tienen un amplio abanico de usos, que va desde entrenamiento, trabajos científicos, búsqueda de personas, fotografía periodística y artística, así como apoyo para gestión pública, entre otros fines. Sin embargo, lo cierto es que su uso, en materia catastral, todavía enfrenta limitantes.

“Estamos en el preámbulo, en la línea divisoria entre que esto se pueda aprovechar o no; tenemos que hacer trabajos súper precisos, se requiere mucho respeto y honestidad”, afirma el geógrafo Arturo Cruz, director General de la empresa Terrasat, proveedora de servicios de cartografía y fotogrametría.

De acuerdo con el directivo, el uso de esas pequeñas naves no está avalado todavía por el Gobierno Federal, por lo que ningún proyecto podrá ser financiado por Banobras si se pretende utilizar ese tipo de aparatos.

“Las normas técnicas para la elaboración y evaluación de catastros a nivel nacional no han cambiado, ni el Inegi, ni la Sedatu ni Banobras, que son las instituciones que deciden si te van a apoyar con un crédito para hacer tu catastro, te van a pedir que cumplas ciertas normas técnicas que fueron escritas hace más de 10 años, por lo cual los drones todavía no entran, porque la Sedatu no ha aceptado ningún catastro hecho con drones.” Por ello, recomienda utilizar ese tipo de aparatos para la actualización de ciertos lotes catastrales, financiados por el propio municipio.

Por lo anterior, considera oportuno avanzar en el marco normativo en materia de actualización catastral, sin poner en juego la calidad del servicio. Asimismo, llama a los presidentes municipales a revisar el perfil de quien vayan a contratar para actualizar o desarrollar su catastro, pues alerta que en el mercado existe “piratería”, toda vez que son personas que compran un dron en una tienda departamental y se ostentan como profesionales sin contar con los elementos técnicos y científicos.

“Hemos sabido que algunas empresas han querido venderles a los gobernadores como espejitos, pero hay que ser honestos con el gobierno y decirles que hay ciertos límites para los drones”, comenta Arturo Cruz.

LOS TWEETS Y LA CARTOGRAFÍA

Se estima que el concepto de catastro nació en la Media Mesopotamia. Desde aquel entonces, todas las herramientas disponibles —desde grabados en piedra y, ahora, Tecnologías de Información (TI)—, han sido empleadas para el desarrollo y actualización de ese inventario.

Los millones de mensajes (conocidos como “tweets”), que publican cada segundo los usuarios de redes sociales, constituyen una herramienta para identificar nuevos asentamientos sociales.

Gerardo Leyva Parra, director General adjunto de Investigación del Inegi, explica que los mensajes o “tweets” georreferenciados (aludiendo al lugar en donde fueron publicados), han permitido al Instituto identificar nuevas zonas urbanas y con ello actualizar su base de datos, lo cual puede servir, a su vez, a los municipios para localizar nuevos inmuebles o asentamientos sociales.

Para finalizar, comenta que “todo lo que se emite regularmente desde una ciudad o carretera se elimina, y los que quedan son puntos donde no tenemos una cartográfica identificada con aglomeraciones; por ello, en donde vemos algunos puntos donde no tenemos ubicadas aglomeraciones ni cartografía, aparecen recurrentemente tweets, eso nos da la señal de que ahí es un punto donde pudiera haber una nueva aglomeración que todavía no tenemos detectada”, explica Gerardo Leyva.

Al respecto, el funcionario concluye que las TICS, y en particular las redes sociales, generan grandes oportunidades para la modernización de catastro, toda vez que permiten a las autoridades contar con bases de datos actualizadas.

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