Los delitos ambientales son el pan de cada día en nuestro país: se cometen a diario y en todo el territorio nacional. Hay tráfico ilegal de especies, tala no autorizada de bosques, cambio de uso de suelo en áreas protegidas o descarga de aguas residuales no tratadas a cuerpos federales, por mencionar algunos ejemplos. ¿Los infractores? desde particulares y empresas hasta gobiernos municipales y estatales.

No hay una estadística oficial actual sobre el número de delitos cometidos por periodo específico, ni sus impactos ambiental y económico; sin embargo, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, subraya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2011 fueron reportadas 19 mil 302 denuncias en materia ambiental a escala nacional, y el número de las mismas se ha ido incrementando desde 1994.

La también tesorera de la Junta Directiva 2013-2016 de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI), capítulo México, dice que hay tres estados que presentan los mayores índices de denuncias, en materia de impacto ambiental: Yucatán (1,859 denuncias), Chihuahua (2,527) y Nuevo León (3,451). En esta última entidad, son cuatro los municipios con mayor incidencia de denuncias, uno de ellos es San Nicolás de los Garza con 1,869.

Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), apunta que los principales delitos ambientales que se cometen en México están relacionados con los residuos peligrosos generados por las actividades de algunas empresas, y menciona a municipios de los estados de México, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Veracruz y Tabasco, como los lugares con mayor incidencia.

Al respecto, Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, asegura que en los ayuntamientos existe un gran desconocimiento de la legislación ambiental y eso deriva en que muchas veces, por omisión, los municipios incurran en la comisión de delitos o en el incumplimiento de las normas ambientales.

Gabriel Calvillo, catedrático de la materia Derecho Ambiental del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), afirma que los gobiernos municipales incurren en responsabilidad sobre todo en descarga de aguas residuales: “La planta de agua residual es municipal y se envía a un cuerpo de agua federal, con lo que se violan los parámetros. Ahí hay un ilícito contra el ambiente, cometido además con agravantes por un servidor público con calidad de garante”, explica.

En este sentido, la legisladora chiapaneca señala que la Ley de Aguas Nacionales establece que todas las localidades deben tener su planta de tratamiento de aguas residuales, lo que no sucede. Ya desde ahí no se cumple la ley, apunta.

Los infractores —expresa la alcaldesa de La Paz— varían dependiendo del tipo de acto ilegal que se cometa; “por ejemplo en materia forestal, la tala ilegal, derivada de que 85 por ciento de bosques y selvas del país son propiedad de ejidos y comunidades, la mayoría de los delitos ambientales son cometidos por los propios ejidatarios, al realizar desmontes sin autorización y aprovechamientos forestales no sustentables. También están las compañías establecidas en selvas y bosques que realizan tala ilegal de especies protegidas y maderas preciosas de amplia demanda”.

No sólo es legislar.

En México —precisa López Moreno— hay una serie de leyes en la materia que son violentadas constantemente, debido a que en algunos casos los procesos para obtener una autorización de impacto ambiental pueden ser un poco tardados. En 2013, entró en vigor la Ley de Responsabilidad Ambiental, que establece que quien comete un delito está obligado a reparar el daño para restaurar el equilibrio ecológico.

Ello abre la posibilidad de inhibir actos ilícitos porque las sanciones son muy elevadas, la mayor hasta 35 millones de pesos (mdp).

Para Calvillo, el problema de estos ilícitos no sólo es de incumplimiento de la ley. Falta prevención; por ello sería necesaria la creación de una subprocuraduría de prevención de daños e ilícitos en todas las procuradurías del país, enfatiza el también integrante de la firma Carswell & Calvillo Abogados, especializada en Derecho Ambiental. Existe la estructura y la normatividad: por un lado, “tenemos una unidad especializada en persecución de estos delitos en la PGR y muchas estatales; hay procuradurías como la federal y estatales de protección al medioambiente. Además, hoy los ciudadanos tienen la posibilidad de denunciar ante los ministerios públicos”.

En cuanto a la legislación, “no veo tantos vacíos en la ley, más bien es un problema de aplicación de la misma. Es un tema de autoridad, de decisión mucho más clara para hacer cumplir la normatividad. También falta capacitación y recursos”, sostiene el académico del Inacipe.

La tarea de los alcaldes.

Calvillo destaca que los ayuntamientos tienen mucho por hacer. Lo primero, que sus programas de desarrollo urbano estén en concordancia con la normatividad de protección al ambiente y que sepan que de no hacerlo habrá una responsabilidad penal. “Las municipales son las primeras autoridades a las que se les solicita un permiso de construcción o una licencia de uso de suelo y, por ello, deberían orientar a los inversionistas para decirles: ‘yo te puedo dar un uso de suelo en términos municipales, pero debes verificar si tu proyecto cumple con las normas ambientales federales y estatales’ ”, comenta el especialista.

Por su parte, López Moreno puntualiza que en los ayuntamientos habría que tener áreas de atención a temas ecológicos —lo que posibilitaría la existencia de programas municipales y de reglamentos que contribuyan a la inhibición de ilícitos— encabezados por gente que conozca la normatividad, para evitar que las actividades en pro del desarrollo municipal terminen siendo acciones que generen una afectación ambiental.

Acciones en favor.

La mejor forma de inhibir la comisión de ilícitos es emprender acciones en favor de la sustentabilidad, dice Lorenzo Pozos, alcalde de Xico, Veracruz, quien agrega que en dicho municipio se diseña actualmente una planta de tratamiento de residuos orgánicos a través de lombriz y composta, que permitirá producir abono orgánico.

Con dicha planta, cuya primera etapa estará concluida este año, se evitará que los rellenos sanitarios se colapsen; se reducirán los gastos de operación y mantenimiento de dichos depósitos, y se contribuirá a preservar la ecología. El alcalde indica que “es poca la basura que se tira a los ríos porque se ha estado trabajando en eso. Lo que sí existe es el problema del tratamiento de las aguas negras. Sí hay tala de bosques, pero en algunos ejidos ya se tiene la cultura del aprovechamiento de madera; se dieron cuenta de que entre más siembren árboles y aprovechen el bosque de una manera responsable, habrá mayores beneficios”, asegura Pozos.

“Y ya se están viendo los resultados: hay un vivero ejidal grandísimo en la comunidad de Oxtlapa que se volvió a abrir y ayudará a varios municipios de la zona para que tengan plantas para reforestar”, continúa el alcalde.

Otras acciones se llevan a cabo en materia forestal en el país, manifiesta la alcaldesa de La Paz: “Una de ellas es la creación de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, que son capacitados por la Profepa para coadyuvar en las tareas de vigilancia de los recursos forestales y pesqueros, dentro de sus respectivas comunidades”.

En La Paz —advierte la integrante de ICLEI México— hemos organizado y capacitado a los rancheros de la delegación de Los Dolores, a fin de generar un aprovechamiento sustentable de la tala de Palo Fierro y Mezquite para generación y venta de carbón, con resultados satisfactorios para todas las partes. Y, “como estrategia para la prevención del delito ambiental, las autoridades de La Paz nos hemos abocado a la educación ambiental en niños y adolescentes”.