Más control sobre deudas

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Ante la deuda “oculta” (esto es los préstamos de corto plazo no declarados por estados y municipios), que se estima sobrepasó, en el primer semestre, 50 mil millones de pesos (mdp), el Gobierno Federal acaba de poner en vigor cambios en materia regulatoria.

Gerardo RodríguezEl subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, reconoce que la falta de transparencia de los gobiernos locales en la contratación de créditos ha generado una alerta, lo que ha comenzado a atenderse con la aplicación de nuevas medidas. Los gobiernos locales deberán reportar con más precisión sus adeudos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios.

Asimismo, los bancos que prestan a dichos entes públicos tendrán que generar mayores reservas preventivas y darle más importancia al historial crediticio, por encima de la calificación de deuda que otorgan las agencias calificadoras.

Según la nueva normatividad, que entró en vigor desde los primeros días de octubre, los bancos tendrán hasta diciembre de este año para modificar el método con el cual aplican actualmente las reservas preventivas.

Rodríguez Regordosa recuerda que, a mediados de la década de 1990, se realizaron las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que se abrió la posibilidad de que los gobiernos de estados y municipios utilizaran sus participaciones para respaldar sus créditos. “Desde entonces ha habido una ola de innovaciones financieras sin precedentes a nivel local.”

Querétaro reduce

La deuda de las entidades ha crecido paulatinamente, al grado de que en algunos años ha alcanzado 1.5 por ciento del PIB, mientras que en la crisis de 2008 aumentó hasta un monto equivalente al 2.5 por ciento. El funcionario federal considera que, en términos generales, dicho esquema ha funcionado gracias a la disciplina del mercado —ya que los gobiernos locales eran evaluados en su calidad crediticia— mientras que los bancos han tenido que establecer reservas preventivas con base en esas calificaciones.

Sin embargo, fue en los financiamientos de corto plazo donde empezaron a detectarse problemas, situación en la que destaca el estado de Coahuila que, a falta de transparencia en el proceso de endeudamiento, ni las agencias calificadoras pudieron reportar el saldo de la deuda total, para que los intermediarios financieros pudieran hacer una evaluación correcta de la calidad crediticia del estado.

Al cierre del primer semestre del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refiere que el total de la deuda de los gobiernos locales con relación a las participaciones federales fue de 64.2 por ciento, equivalente a 2.3 por ciento del PIB.

BAJA CAPACIDAD DE PAGO

Según la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de esa dependencia, Quintana Roo es el estado que tiene la relación más alta, que es de 153.5 por ciento. En segundo lugar se ubicó Nuevo León, cuya deuda equivale a 148.5 por ciento de las participaciones que recibe de la Federación, aunque esta entidad trabaja en un plan para tener más flexibilidad financiera, indica Rodríguez Regordosa.

Chihuahua y Sonora también se encuentran en los primeros lugares, seguidos de Nayarit, Distrito Federal, Michoacán, Veracruz y Coahuila. Tlaxcala es el único estado del país que no tiene obligaciones financieras ni con la banca comercial ni con la de desarrollo.

Enrique FloresEnrique Flores Rodríguez, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), informa que esta institución se encuentra en proceso de integrar un grupo de análisis para tratar de detectar las desviaciones que hacen los gobiernos estatales y municipales en el tema de crédito.

HOMOLOGAR CUENTAS

“La deuda no es un problema, sino la capacidad de pago y el uso que se da a esta deuda, por lo que es un área de oportunidad en la que podemos ayudar”, comenta el experto y hacer ver que “no hay una contabilidad uniforme, por lo que es difícil saber si se está tomando una deuda diferente, la puede haber, pero es muy difícil saberlo.”

En opinión del especialista, la homologación de la contabilidad gubernamental, que se anunció desde la reforma fiscal de 2007, es un paso adicional que permitirá aclarar la información sobre los créditos de los gobiernos y los recursos, por lo que consideró necesario legislar sobre el tema.

Francisco MacíasFrancisco Macías Valadez Treviño, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), coincide en que la homologación contable, que es una obligación a partir de enero de 2012, servirá para dar mayor transparencia y hacer comparables las finanzas de estados y municipios.

Sin embargo, aclara que este proceso puede tardar y ejemplifica que en entida des federativas como Oaxaca, hay municipios que se gobiernan por sus propios usos y costumbres.

El IMCP trabaja de forma activa tanto con el Gobierno Federal, como con los estados y municipios para que conozcan estos conceptos. “Por la diversidad en el tamaño de los municipios, se debe tener una contabilidad homogénea, como en cualquier empresa, debe haber límites de capital y de producción. Hay que poner límites en el nivel de endeudamiento y no dar en garantía algo que no es un recurso propio”.

El presidente del IMCP también simpatiza con la idea de llevar el tema del endeudamiento al Congreso de la Unión. “Sería conveniente legislar, lo que está en ley no sobra, le da fortaleza a las operaciones que realice la administración”.

Medidas como registrar de forma más precisa la deuda ante la SHCP, incrementar las reservas preventivas de los bancos y la próxima entrada de la contabilidad gubernamental son pasos fundamentales que protegerán y transparentarán la deuda pública de estados y municipios, pero todo debería complementarse con el establecimiento de límites a sus niveles de deuda, lo que se puede lograr con cambios a diversas leyes, concluye el presidente del IMCP.

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