Menos trámites, más inversión

Los gobiernos locales que implementan esquemas de mejora regulatoria, contribuyen a generar un ambiente amigable de negocios y mandan una buena señal a los inversionistas.

Ilustración: Oldemar

► Por Alejandro Durán

En el marco de la política de austeridad que promueve el Gobierno Federal, la mejora regulatoria puede ser el mejor aliado de los municipios, toda vez que una profunda depuración de trámites puede generar ahorros de por lo menos 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) de cada municipio.

En este sentido, resulta oportuno que los alcaldes y los responsables de desarrollar políticas públicas de ese orden de gobierno rompan con dogmas y comprendan que el concepto de mejora regulatoria no sólo se limita a agilizar la expedición de permisos para la apertura de empresas, sino que alcanza a todos los rubros de la administración pública.

► César Emiliano Hernández Ochoa. Foto: Especial / CUARTOSCURO

De esta manera, César Emiliano Hernández Ochoa, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), destaca las oportunidades y ventajas que representa para los municipios adoptar como criterio de gestión pública la constante optimización de los procesos y trámites gubernamentales.

“Un beneficio muy importante es la reputación; los municipios que lo aplican, mandan señales de que crean un ambiente amigable para la instalación de negocios y empresas; logran atraer mayor número de inversiones y generan más empleos”, afirma el funcionario.

Contra la opacidad

A decir de la Conamer, la mejora regulatoria es una política pública que tiene por objetivo generar normas claras, trámites y servicios simplificados, así como instituciones eficaces para su creación y aplicación. En términos más simples, la institución refiere que “es la respuesta ordenada e institucionalizada al desorden normativo”.

Una de las primeras acciones que implementó la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), fue la aplicación, en 2002, del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). En aquel entonces, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), se necesitaban en México, en promedio, 60 días para la apertura de un negocio; actualmente se requieren ocho días.

Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado en materia de mejora regulatoria, persisten amplias áreas de oportunidad.

Según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), las empresas gastan en promedio 48 mil 871 pesos en cumplir con la carga regulatoria gubernamental, y en varios estados, el promedio se encuentra incluso por encima de los 100 mil pesos.
Asimismo, el exceso de trámites gubernamentales, además de representar costos de operación para las autoridades, constituye una auténtica ventana para posibles pagos extraoficiales: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estima que la corrupción le cuesta a México hasta 10 por ciento del PIB.

De acuerdo con diversos estudios, los municipios presentan los mayores rezagos. El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR) refiere que los 63 municipios que fueron evaluados el año pasado en materia de optimización de trámites y procesos lograron una calificación promedio de apenas 1.21 puntos de una escala de 1 a 5, mientras que los estados obtuvieron 2.2 unidades.

► Gustavo de Hoyos. Foto: CUARTOSCURO

Gustavo de Hoyos, Presidente de la Coparmex, advierte que la gran mayoría de los requisitos, plazos y costos de los más de 150 mil trámites que existen en el país no son transparentes para la población, particularmente en estados y municipios, lo que significa riesgos de cobros y cuotas ilegales, en detrimento de la ciudadanía.

De igual manera, existe una preocupante diversidad en la calidad de trámites gubernamentales a lo largo del país: mientras que en algunos municipios se requieren, en promedio, 12 días para la expedición de una licencia de construcción, en otros se necesitan más de 450, lo que significa un grave desaliento para la inversión y desarrollo en las regiones con mayores rezagos.

Menos trámites

Hernández Ochoa explica que la mejora regulatoria es un criterio que puede y debe aplicarse en las distintas líneas de acción de la gestión pública.

Por ello, la Comisión tiene en marcha una serie de herramientas para apoyar a los diferentes órdenes de gobierno —particularmente a los municipios—, para mejorar los procesos internos, de tal manera que eso se traduzca en mejores servicios públicos a un menor costo.

En ese sentido, Ramón Archila Marín, Coordinador de Estados y Municipios de la Conamer, destaca tres programas insignia de dicha dependencia para ayudar a agilizar los trámites y mejorar el entorno de negocios.

“El primero y más exitoso son las ventanillas del sistema de apertura rápida de empresas (SARE), que permite que los municipios otorguen las licencias de funcionamiento en un periodo máximo de tres días y con un solo formato, es decir, que el ciudadano o empresario que va a abrir un negocio de bajo riesgo tenga que llenar solamente un formato e ir a una ventanilla”, expone.

► Ramón Archila Marín. Foto: Rosalía Morales

El segundo programa, refiere el funcionario, “y que es prácticamente el trámite del que más se quejan los empresarios en el país, es obtener una licencia de construcción. En México puede tardar hasta dos años, pero el modelo que ha desarrollado la Conamer, junto con el Banco Mundial (BM), permite otorgar la licencia de construcción para giros comerciales de hasta 1,500 metros cuadrados en sólo 10 días y con tres requisitos”.

El otro programa lleva por nombre Simplifica, mediante el cual, como su nombre lo indica, se busca simplificar las cargas administrativas. “Lo que hacemos aquí es medir el total de los trámites y servicios que los ciudadanos o empresarios realizan ante los ayuntamientos. En promedio, los municipios del país son dueños de entre 300 y 400 trámites y servicios. Medimos la carga regulatoria, el costo de estos trámites, es decir, las vueltas, la acumulación de requisitos, el tiempo de respuesta y aplicamos recomendaciones de simplificación y digitalización a cada uno de ellos. Hemos replicado esta buena práctica en 19 municipios del país, y los alcaldes se comprometen a simplificar el número de trámites.”

Otros programas que la Conamer impulsa en los gobiernos locales son el Registro Municipal de Trámites y Servicios; el Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE); Análisis de Impacto Regulatorio (AIR); Infraestructura Pasiva en Telecomunicaciones; la Ley Modelo Estatal y Municipal de Mejora Regulatoria y el Reglamento Modelo Municipal de Mejora Regulatoria, los cuales han sido implementados con éxito en Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Champotón, Campeche; Tlalnepantla de Baz, Estado de México; Saltillo, Coahuila; Uruapan, Michoacán; Celaya, Guanajuato; Corregidora, Querétaro; Mérida, Yucatán, y los estados de Colima, Hidalgo, Yucatán y Zacatecas.

La optimización de trámites burocráticos implica ahorros administrativos para las autoridades que la aplican, un criterio que va en línea con la política de austeridad que promueve la administración federal encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la restricción de recursos también puede representar un riesgo para la efectiva aplicación de mejora regulatoria, advierte Francisco Lelo de Larrea, Subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), institución responsable del ONMR.

“La austeridad es positiva cuando se demuestra que existe derroche o abuso, si ese es el caso es muy bienvenida la política de austeridad; aunque también hemos escuchado la preocupación de municipios de que los recortes en el presupuesto resulten perniciosos para la política de mejora regulatoria, como la limitación para la compra de equipo especializado y contratación de personal calificado”, sostiene.

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