Munícipes ¿qué esperan del nuevo sexenio?

Piden derecho de

La primera de las grandes reformas estructurales que deberá realizar el próximo jefe del Ejecutivo Federal será practicarles una cirugía mayor a los municipios, a través de modificaciones al Artículo 115 de la Constitución Política y otras leyes relacionadas.

En el nuevo sexenio se deberá definir la reelección de alcaldes o bien la ampliación de periodo a seis años, aumentar las participaciones presupuestales, crear nuevas partidas de gasto para gobiernos locales y reconocer las formas tradicionales de gobierno, entre otros planteamientos.

Pero también habrá que reforzar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de los alcaldes, además de introducir la fi gura de revocación del mandato.

Éstas fueron las propuestas que formularon presidentes municipales, líderes de organismos municipalistas, académicos, legisladores y consultores que fueron entrevistados por Alcaldes de México, para construir la agenda de desarrollo municipal del periodo 2012-2018 y que, en su opinión, debería adoptar quien resulte ganador en las elecciones de julio.

Lo anterior, independientemente de que el próximo presidente de México se llame Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Gabriel Quadri de la Torre o Josefina Vázquez Mota. La lista de pendientes lleva más de 20 años y sigue creciendo.

De entrada, el reclamo de los alcaldes es la distribución de mayores recursos presupuestales para sufragar los servicios básicos de electrificación, agua potable, alcantarillado y vialidades, entre otros, que por ley son facultad de los municipios.

Como dice Javier Gándara Magaña, edil de Hermosillo, Sonora, los ayuntamientos deben tener la prioridad: “A mí me gustaría que se invirtiera la pirámide, que el ingreso mayor fuera para los municipios, luego para el estado y posteriormente para la Federación.”

Lograr esta demanda de años no será posible en el corto plazo, pero un primer paso sería modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que las participaciones presupuestales de la Federación a este nivel de gobierno aumenten al menos de 4 a 6 por ciento, exigen Pedro Pérez Lira, vocal ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), y Jericó Abramo Masso, presidente municipal de Saltillo, Coahuila.

Asimismo, habrá que modificar la Constitución Política para crear una nueva ley de relaciones intergubernamentales, que autorice convenios fiscales casuísticos entre los municipios con los estados y la Federación.

Ramón Galindo Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, refiere que dicha propuesta —la cual se discute en el Congreso de la Unión— va en el sentido de redistribuir los recursos presupuestales, mediante acuerdos muy específicos.“Se pretende que dichas relaciones (entre los tres órdenes de gobierno) se den a partir de la particularidad de cada municipio, ya no a partir de un centralismo que es el que decide.”

Dichas adecuaciones a la Carta Magna facilitarían le creación de mecanismos de coordinación entre municipios metropolitanos, principalmente entre aquellos que comparten recursos como el agua. Esto a su vez permitiría establecer modelos de cobro de agua o del predial en función del tamaño y la población de las demarcaciones, agrega José Ramón Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Otra de las demandas más urgentes es la eliminación o, en su caso, la flexibilización del pari passu, como requisito para aspirar a los recursos de ciertos programas federales, además de reducir la intermediación de los gobiernos estatales en la distribución de los recursos.

Tales inquietudes no han tenido eco, pero en aras de contribuir a que el dinero llegue de manera más directa a los ayuntamientos, se podría analizar la creación de un fondo especial de incentivos económicos a los municipios que demuestren buenas prácticas de planeación, recaudación de impuestos y rendición de cuentas, refi ere Jaime Villasana Dávila, director de operaciones en Latinoamérica de la Asociación Internacional para la Administración de Ciudades y Municipios (ICMA por sus siglas en inglés).

Sin embargo, ante las condiciones económicas internacionales y del país, los gobiernos locales tendrán que aprender a ser más autónomos financieramente, mediante una mejor cobranza de impuestos.

Mijael Altamirano Santiago, profesor de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México, también sugiere que en el siguiente sexenio se introduzcan los presupuestos participativos en los municipios, esto es que se incluya la opinión ciudadana a la hora de gastar el dinero.

REELECCIÓN, EN SUSPENSO

PropuestasEl año pasado la Cámara de Diputados votó en contra de una minuta aprobada por el Senado, que permitía la reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales. Este tema, que forma parte de la reforma política, tendrá que ser atendido por el próximo Presidente de la república y la nueva legislatura federal.

Las opiniones se dividen entre la reelección en periodos consecutivos y la ampliación de éstos, aunque hay quienes proponen las dos opciones —para que cada región elija la modalidad de su preferencia—, siempre que se involucre a los ciudadanos. Éste es el punto de vista de José Ramón Castelazo, quien sugiere autorizar gobiernos municipales de hasta seis años, o bien, al concluir un lapso de tres años solicitar un plebiscito para ratificar al alcalde otros tres años, o en su defecto convocar a nuevas elecciones.

El investigador Mijael Altamirano coincide en que, junto con la reelección, se debe introducir la revocación de mandato, un mecanismo que permitiría evaluar el desempeño del alcalde y someter a consideración su permanencia.

Con el propósito de fortalecer a los municipios, el Senado propone una modificación al 115, para que las bases de la elección e integración de los ayuntamientos corran a cargo de las constituciones de los estados.

“Esta modificación tiene como propósito dejar que cada entidad, a partir de sus propias condiciones, decida cómo elegir ayuntamientos, cómo establecer figuras de participación ciudadana, cómo evaluarlas a partir de la opinión de los ciudadanos y cómo poderle dar seguimiento a los esfuerzos de cada autoridad municipal”, explica Ramón Galindo.

Pero Jaime Villasana va más allá, al proponer al nuevo jefe del Ejecutivo que se modifique el marco legal nacional para sustituir la palabra “ayuntamiento” por “gobierno municipal”, con la idea de otorgarles a los municipios el derecho de establecer la forma de gobierno que mejor se adapte a sus necesidades.

Debido a la diversidad cultural de los 2,441 municipios que existen en el país, ya no resulta viable encuadrar a todas las demarcaciones bajo una sola forma de gobierno, sino que las autoridades locales y los ciudadanos deben decidir conjuntamente qué les conviene más: el esquema del ayuntamiento, el sistema de usos y costumbres indígenas, el Consejo Municipal o, incluso, adoptar la figura del administrador o gerente municipal.

La transformación política de los ayuntamientos es una de las principales demandas de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), cuyos miembros presentaron a principios de este año su agenda para el fortalecimiento municipal del próximo sexenio. En el pronunciamiento conjunto, la Conferencia también propone la revocación del mandato, así como las candidaturas ciudadanas a puestos de elección popular.

LIMPIAR LA OPACIDAD

Si bien los entrevistados coinciden en la importancia de que el nuevo presidente de México haga efectivo el principio del municipio libre, la independencia no significa entregar a las administraciones municipales un “cheque en blanco”, sino que también debe ir implícito un compromiso por la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito local.

Alejandra Ríos, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), plantea que, a partir del próximo sexenio, la Federación debe promover una gran desregulación en los procedimientos interinstitucionales.

Por cada programa con recursos federales que aplican en su territorio, los gobiernos locales deben elaborar una gran cantidad de reportes a instituciones estatales, como los órganos superiores de fiscalización, y nacionales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Muchas veces las obligaciones del municipio superan su capacidad operativa, lo que genera problemas de rendición de cuentas. “La duda es si es una cuestión de opacidad o capacidad institucional”, cuestiona la académica.

En este sentido, Alejandra Ríos coincide en que sería útil la reelección o la ampliación del periodo, para así evitar una rotación de personal capacitado en transparencia cada tres años.

COMBATE A LA INSEGURIDAD

Algunas demandas

La seguridad pública es otra de las áreas más sensibles de los gobiernos locales que exige una revisión a fondo, ya que la idea de la presente administración federal acerca de instaurar policías únicas en los estados, que sustituyan a las municipales, no ha sido bien acogida por los alcaldes.

Mijael Altamirano considera que en el periodo 2012-2018 será necesario aplicar una estrategia en la que autoridades y ciudadanos establezcan una sinergia, que incluya una policía comunitaria para el combate y prevención de delitos del fuero común. En el caso de los delitos federales, el académico se inclina por el modelo de mando único, pero que atienda a las particularidades de cada entidad federativa.

Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad, asegura que en su primer año de gobierno el nuevo presidente de México tendrá que impulsar en cada entidad federativa una unidad de investigación patrimonial, que trabaje con empresarios y municipios, para identificar a las empresas que le brindan la logística operativa a los grupos criminales.

También propone la creación de gabinetes de seguridad humana, concepto moderno que se refiere a la creación de instituciones dedicadas a garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos.

En su pronunciamiento de principios de este año, la Conamm pide transformar el Subsidio a la Seguridad Municipal (Subsemun) en un fondo federal que incluya gradualmente a todos los ayuntamientos del país. También se opone a la desaparición de las policías municipales, pero sugiere que éstas obedezcan a un mando único, sin menoscabo de la autonomía local.

NO TODO ES PEDIR

En la medida en que el Poder Ejecutivo federal tiene el liderazgo para impulsar reformas estructurales en el país, los alcaldes también son responsables de promover la modernización de los municipios aún dentro de sus limitaciones.

Así lo consideran Mijael Altamirano y Ricardo Uvalle Berrones, éste último director del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes piden a los ayuntamientos no sólo elevar las demandas a la Federación, sino también esforzarse por generar una cultura orientada a solucionar los problemas de la comunidad.

Enrique Vargas Anaya, jefe delegacional en Azcapotzalco y presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), toma nota de esta observación y hace un llamado a los munícipes para instaurar exámenes de control de confianza y la certificación de los funcionarios encargados de las áreas financieras, para así erradicar la corrupción y eliminar la mala imagen que existe entre los ciudadanos sobre el ejercicio del gobierno.

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