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Pasivos laborales ahogan arcas locales

ManifestaciónEn los últimos meses, varias alcaldías se han encontrado con una serie de demandas por presuntos despidos injustificados y otras tantas han anunciado el cierre de operaciones a falta de recursos para pagar la nómina.

Tan sólo en septiembre pasado se ventiló que Mérida, Yucatán, tenía en su contra poco más de 200 denuncias de igual número de trabajadores desincorporados de sus puestos. En conjunto, los litigios involucran al menos 10 millones de pesos (mdp).

Acapulco, Guerrero, es otra de las alcaldías que recientemente destapó su limitada solvencia financiera. Según la agencia Fitch, el puerto enfrenta un adeudo por 2,142.8 mdp, 270 de los cuales corresponden a juicios laborales con laudos en firme.

Cuautla, Morelos, tendrá que pagar cerca de 8 mdp por diversas controversias laborales que dejaron administraciones anteriores a las del edil Luis Felipe Güemes.

Falta de previsionesEn noviembre pasado, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Mayka Ortega, dio a conocer que 26 alcaldías del estado cargan con pasivos por más de 35 mdp, derivados de procesos legales entablados por ex empleados que aseguran fueron cesados de manera injustificada. Pachuca, Tizayuca y Atotonilco de Tula son algunas de las localidades con litigios.

Según el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Américo Zúñiga, los ayuntamientos del estado tienen pasivos por 500 mdp derivados de 1,200 laudos laborales.

QUERÉTARO, MICHOACÁN Y EL EDOMEX.

En los 18 municipios de Querétaro, el año pasado se acumularon 400 demandas laborales, con lo cual se juntaron de 800 a 1,200 expedientes; sin embargo se desconoce el monto económico que involucran todos los casos. El Marqués, Corregidora, Tequisquiapan y Cadereyta reportan la mayoría de los asuntos.

En junio pasado, la presidencia municipal de Erongarícuaro, Michoacán, cerró sus puertas durante 15 días y dio vacaciones obligatorias y sin goce de sueldo a 127 empleados. Acuitzio fue otro damnificado de ese mismo estado ya que, por tercera ocasión consecutiva, paró actividades a falta de recursos para pagar a sus 87 trabajadores. Churintzio también se vio en la necesidad de tomar descanso obligatorio ante la incapacidad de compensar a sus 75 empleados.

Asimismo, en el Estado de México, alcaldías como Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán Izcalli tienen problemas consu plantilla laboral por incumplimiento en la cobertura de prestaciones y salarios.

NO HAY DEMANDAS: T. GARCÍA

La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, Trinidad García Argüelles, asegura que varios municipios del estado carecen de los recursos para sufragar los salarios o prestaciones como el aguinaldo y, mucho menos, para enfrentar las demandas laborales que heredan de gobiernos anteriores.

HaciendaAsegura que su administración no sufre de ese problema, ya que ahorró anticipadamente para cumplir sus obligaciones con los 700 servidores públicos de la localidad —entre policías, personal de confianza y sindicalizados—. Sin embargo, reconoce que, a falta de mayores ingresos —el presupuesto local es de 130 mdp—, ha sacrificado otras necesidades de la región.

Las peticiones más apremiantes en el ayuntamiento —donde habitan 25 mil personas, muchas de ellas en pobreza extrema— son educación, salud, agua y luz. “Buscamos solventar todas esas necesidades, pero es imposible con los recursos que tenemos”, comenta García Argüelles.

PENSIONES, EL MAYOR LASTRE

Según los especialistas, la mayor carga en los pasivos laborales radica en las pensiones y jubilaciones, principalmente, por la poca transparencia que hay sobre el tema.

El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, advierte que los gastos derivados de esas prestaciones constituyen una “bomba de tiempo” que debe ser atendida de manera decidida. “Es un foco amarillo del cual no podemos olvidarnos y tenemos que seguir de cerca”.

En su opinión, es inaceptable que lo poco que se conoce de los sistemas de pensiones estatales y municipales sea a través de terceros, principalmente de agencias calificadoras, ya que debe ser información publicada por las autoridades.

Carlos González, director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destaca que el estado laxo que guardan las cuentas públicas subnacionales impide avanzar en una proyección correcta de los pasivos contingentes que representan las pensiones.

Si bien no es un problema que vaya a explotar en el corto plazo, considera que sí podría representar serios riesgos en una década, en caso de no atenderse como es debido.

Retratos 3

Según un análisis de la calificadora Fitch, de los 75 municipios mexicanos que evalúa, 34 de ellos —equivalentes a 45.3 por ciento— carecen de un sistema de aportaciones definidas para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones, por lo que se financian únicamente con gasto corriente, al tiempo que se desconoce la magnitud del pasivo actuarial.

Entre ellos se encuentran los municipios neoleoneses de Apodaca, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Guadalupe; además de Benito Juárez, Quintana oo; Cuernavaca, Morelos; Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Puebla, Puebla, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“El grupo de municipios más vulnerable es aquel que no cuenta con ningún esquema de fondeo para el pago de las obligaciones correspondientes y éstas son cubiertas con gasto corriente, lo cual además de ser financieramente inviable través del tiempo, en el corto plazo demanda una gran cantidad de recursos que limita la flexibilidad financiera”, advierte el estudio.

ROTACIÓN DE PERSONAL

María del Carmen Martínez, analista de Moody’s, explica que uno de los contratiempos en los sistemas municipales de pensiones es la constante rotación de personal, lo cual obedece a que los periodos de gobierno de tres años terminan por ser insuficientes para planear una vida laboral de largo plazo.

Pesada cargaLa situación financiera y laboral que viven los municipios tiene como antecedente la crisis económica internacional, que desató sus mayores efectos durante la segunda mitad de 2008.

Lo anterior dio como resultado menores recursos para las entidades federativas y sus ayuntamientos, en un escenario en el que el gasto operativo mostró una tendencia creciente, debido a la aplicación de iversos programas contracíclicos.

En 2009 las participaciones federales —la principal fuente ingresos subnacional— se desplomaron casi 16 por ciento. Por el contrario, los gastos operativos de ese nivel de gobierno aumentaron 12 por ciento en promedio al año durante los últimos cinco años, según estudios de Moody’s.

Este escenario provocó el deterioro de las finanzas públicas de varios ayuntamientos del país, que se vieron forzados a contratar deuda, incumplir con diversos pagos de servicios y a realizar ajustes de su plantilla laboral que, a la postre, terminaron por convertirse, en muchos casos, en pasivos laborales.

Los especialistas coinciden en que la captación de ingresos propios y la transparencia en el gasto son el talón de Aquiles de los gobiernos municipales, lo cual se espera que comience a corregirse con la puesta en marcha de las recientes reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

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