Pendientes en la agenda legislativa local

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Figuras de gobierno metropolitano, mecanismos para una mayor representatividad ciudadana de los cabildos y organismos intermedios entre administraciones estatales y municipales son temas que expertos urgen legislar en el Congreso de la Unión

De cara al sexenio que está por iniciar, uno de los asuntos prioritarios en la agenda nacional deben ser, a juicio de los especialistas, los municipios. Particularmente el desarrollo de éstos. ¿Qué dejó de hacerse en el gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto?, ¿qué habría qué reforzar, modificar o crear, sobre todo en el tema legislativo, para apuntalar a este orden de gobierno?, son preguntas a las que deberá responder la próxima administración federal.

Para quienes tomarán las riendas del país a partir del 1o de diciembre, se abre la posibilidad de fortalecer las competencias municipales y la relación intergubernamental concurrente de los tres órdenes de gobierno, donde los ayuntamientos “tengan mano” en decir cómo operan las cosas en su territorio, afirma Carlos Gadsden, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Eso daría paso a una dimensión muy amplia en políticas públicas de seguridad, educación, salud y género, por mencionar algunas. Los municipios deben ser protagonistas en el sexenio que encabezará Andrés Manuel López Obrador y hay que fortalecer la representación de éstos dentro del Artículo 115 constitucional, explica el también Presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc).

Para Antonio Sánchez Bernal, Jefe del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el marco institucional de los municipios debe ser rediseñado. “Una modificación que me parece muy relevante a considerar en la agenda legislativa es crear la figura de gobierno metropolitano. En 2010 existían 59 zonas metropolitanas, conformadas por 367 municipios en donde vivían cerca de 64 millones de habitantes. ”

“Estas metrópolis —explica el también autor del libro Cambio institucional y desempeño de los gobiernos municipales en México— son nodos clave para el desarrollo del país y la capacidad gubernamental actual es muy reducida, a pesar de que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016 reconoce las metrópolis y mandata la creación de una estructura de gobernabilidad. Nuestras grandes ciudades están desbordadas por los problemas públicos, donde prevalecen objetivos diversos y encontrados de los distintos gobiernos municipales que impiden una intervención sólida para resolver asuntos clave del desarrollo urbano.”

Hoy, subraya por su parte Gadsden, los cabildos representan a partidos, no a los ciudadanos, y eso es un tema pendiente en una reforma municipal de fondo. Ello también implica el reconocimiento de que los ayuntamientos puedan tener algo tan importante como un órgano legislativo. Hoy los cabildos no lo tienen, sólo cumplen funciones administrativas y eso dificulta que haya un contrapeso suficiente en el orden territorial.

El fondo del asunto es que este orden de gobierno no es tratado como objeto, sino como sujeto de desarrollo y esto último implica que los municipios no sean parte de la negociación de lo que tiene que pasar en materia metropolitana. Hoy ese tema, por la ley, queda a merced de los estados, puntualiza.

Carlos Gadsden.

RELACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

Otro de los desafíos para el Congreso de la Unión, específicamente para las comisiones de Desarrollo Municipal de ambas cámaras, es la relación intergubernamental. “Los municipios no participan prácticamente en ningún espacio de decisión serio sobre temas de política pública y lo que está en juego son los recursos que les corresponden a los territorios. En el tema de la distribución del dinero los ayuntamientos no cuentan. Ese tema no está en la Constitución, pero debería estar. ¿Cómo se organizan los municipios para tener una representación a nivel federativo? No hay estructura que regule cómo éstos pueden abordar las decisiones que les incumben en materia presupuestal”, enfatiza Carlos Gadsden.

El experto precisa otro punto que debería ser reformulado en la Constitución: la prohibición explícita de que entre los municipios y los gobiernos estatales no puede haber un organismo intermedio. No debería haber una prohibición explícita, sino una adhesión de que los municipios deben participar en todas las instancias que tengan que ver con el orden territorial.

Esa prohibición explícita también conlleva, de alguna manera, una sujeción de las autoridades municipales a los estados a los cuales pertenecen. Sólo que cuando los municipios se asocian y son de diferentes estados, no hay entidad de referencia ante el Gobierno Federal, expresa el especialista. Eso debería conducirnos a una estructura de representación municipal que debería ser consagrada constitucionalmente para que los ayuntamientos pudieran tener voz y voto en los asuntos que le conciernen, apunta.

Para Gadsden, la próxima Legislatura tendría que enriquecer esa cláusula de impedimento de que exista una autoridad intermedia, porque si no se modifica, todo el tema metropolitano queda sin sustento. Y ahí se abre un escenario también de interacción entre los tres órdenes de gobierno, de cara a los ciudadanos —que está dentro del Artículo 26 constitucional— y es la planeación, donde los municipios deben participar para definir el destino nacional. Eso que está consagrado en tal artículo debería reflejarse en el 115 y en los demás artículos correspondientes, cosa que actualmente no sucede.

RETOS Y AVANCES

Andrea García, ex Presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, reconoce que durante la LXII y LXIII legislaturas, esta Comisión recibió un total de 47 asuntos turnados, de los cuales quedarán pendientes por resolver sólo ocho, que corresponden a iniciativas “en las que somos segunda Comisión dictaminadora, después de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ésta es una de las principales desventajas que tiene la Comisión, ya que su materia depende del Artículo 115 constitucional, principalmente, y todas las reformas que se plantean al mismo, pasan por la Comisión de Puntos Constitucionales encargada de revisar todas las reformas propuestas a la Constitución”.

La ex Legisladora destaca que, entre otras cosas, las propuestas pendientes buscan establecer que los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de garantizar la participación ciudadana en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al desarrollo urbano o rural, seguridad pública, medioambiente, protección civil y desarrollo territorial. Asimismo, que los gobiernos municipales cuenten con plena autonomía para administrar su hacienda.

Tanto Gadsden como Sánchez Bernal reconocen que en la pasada Legislatura se concretó una innovación muy importante: la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, “que reconoce por primera vez el papel de los institutos municipales de planeación a nivel local y metropolitano, lo que representa una enorme aportación y también la capacidad de que puedan favorecer, fomentar e impulsar observatorios ciudadanos integrales”, externa Gadsden.

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