¿Qué hacer para lograr iniciativas metropolitanas sostenibles?

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El autor es profesor-investigador del CIDE de la División de Administración Pública. Sus principales líneas de trabajo giran en torno a estudios de política pública en los gobiernos locales y subnacionales.   twitter Twitter   Oliver.meza@cide.edu

En este breve artículo resumo los hallazgos de un proyecto de investigación hecho por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). Exploramos cuál podría ser un modelo factible para “metropolizar” iniciativas públicas ante un entramado federalista que difícilmente promueve este tipo de acciones.

El reporte completo puede ser consultado gratuitamente en www.politicasmetropolitanas.org.mx, pero mientras tanto presento a ustedes los puntos más destacables.

Salvo muy honrosas excepciones, los beneficios derivados de la proximidad entre municipios no son aprovechados, y los problemas que necesitan ser solucionados en conjunto quedan con frecuencia desatendidos. Las políticas públicas dirigidas a atender problemas citadinos difícilmente se logran, y en buena medida esto es así porque no existe una configuración institucional que promueva y ayude a mantener la cooperación intermunicipal.

En la actualidad, lo que observamos en nuestras ciudades mexicanas es la existencia de un entramado de instituciones que no promueve la cooperación, el entendimiento, ni el debate político necesario para actuar como verdaderas metrópolis.

Las instituciones de nuestro federalismo mexicano, parcialmente explican el tipo de gobernanza que tienen nuestros espacios urbanos, pero también se explica por la falta de modelos realizables que puedan ser compatibles con nuestro marco legal general existente. La siguiente sección está dedicada a poner un ejemplo. Se trata de un ejercicio hipotético que toma la base del modelo trípode de gobernanza metropolitana de ONU-Habitat.

De acuerdo con el modelo trípode, La gobernanza metropolitana, tiene los siguientes componentes:

Legalidad. Es necesario tener un marco legal apropiado que reconozca la dimensión metropolitana, acompañado de un conjunto de organismos que sirvan como arenas políticas abiertas para organizar la discusión de las políticas metropolitanas.

La planeación. Para organizar las acciones del Estado en torno a problemas de las grandes urbes, es necesario abrir espacios técnicos y especializados a los temas que se buscan atender. Los temas públicos, una vez desahogados en las arenas políticas metropolitanas, requieren un cuerpo organizacional capaz de implementar el mandato para diseñar políticas basadas en evidencia, con las características necesarias para dar seguimiento al desempeño de éstas y evaluarlas.

Las finanzas. Es necesario crear mecanismos formales que permitan identificar un ciclo presupuestal específico para políticas metropolitanas; un ciclo de gestión del gasto público. Ello requiere un marco legal y de rutinas organizacionales nuevas e independientes que permita a los cuerpos metropolitanos asegurar una parte de los presupuestos de los diversos gobiernos participantes para facilitar recursos.

Finalmente, el monitoreo ciudadano. Para promover una ciudadanía con dimensiones metropolitanas y la rendición de cuentas de mandatarios. Será necesario crear espacios de difusión y deliberación abierta y pública sobre el desempeño del sector privado y la eficacia de sus iniciativas.

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