El presupuesto de egresos de la Federación del nuevo gobierno no contempla recursos para los pueblos mágicos, al desaparecer la partida del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. Para defender esta polémica decisión, se explicó, además de la existencia de una política de austeridad a todos los niveles, que los estados y municipios deben invertir en su propia infraestructura turística.

La decisión preocupa, considerando la importancia del turismo para la economía nacional. Si se suma a lo anterior que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer ProMéxico y asignar a las embajadas y consulados de México en el mundo tareas de promoción de inversiones y turismo, todo parece indicar que, de no existir una estrategia integral adecuada, el turismo nacional y extranjero podría estancarse, con importantes consecuencias económicas y políticas para la nación.

El Programa nació en el año 2000 durante los primeros meses del gobierno de Vicente Fox y se ejecutó a partir de 2001 con la designación de los dos primeros pueblos mágicos: Huasca de Ocampo (en el estado de Hidalgo) y el célebre Real de Catorce (en San Luis Potosí). A la fecha son 121 los lugares así designados.

La transición demográfica y epidemiológica, el estrés citadino, el acceso e incremento de los niveles educativos y la segmentación de los mercados hacen necesario ofertar productos culturales y turísticos novedosos, amén de auténticos. Así, existen propuestas de turismo médico, turismo gastronómico, turismo enológico, turismo ambientalmente responsable, etcétera, que apuestan a necesidades e intereses particulares de los consumidores. En este sentido, la idea de ofertar propuestas turísticas al margen de las grandes corporaciones y operadores ha probado ser atractiva.

Entre los beneficios de la denominación de Pueblo Mágico, figura, naturalmente, el incremento del turismo nacional e internacional, lo que en principio, impacta económica, política y culturalmente al país. No obstante, las críticas son dignas de consideración, destacando el diferencial significativo de infraestructura existente en cada Pueblo Mágico.

Pero, ¿qué implica que el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos desaparezca? Antes de que la nueva administración dejara de asignar presupuesto al programa, tanto los gobiernos estatales como la Federación destinaban recursos para mejorar el atractivo del lugar, lo que para el pueblo mágico en sí no tenía costo. Así, éstos asumían las erogaciones necesarias para pintar fachadas, dar mantenimiento a los monumentos y sitios de valor histórico, mejorar la infraestructura de drenaje, electricidad, conectividad, etcétera. Ahora estos gastos deberán ser asumidos sólo por los gobiernos locales. Ello genera oportunidades y desafíos. Una ventaja evidente estriba en el fortalecimiento de las localidades en la gestión de los recursos para el sector turístico, lo cual podría ser replicado en otros ámbitos.

En infinidad de ocasiones se ha criticado la ausencia de un genuino federalismo en el país y se ha pugnado porque se fortalezcan los tres órdenes de gobierno. La desaparición del Programa de Pueblos Mágicos es una oportunidad para que los estados y los municipios gestionen con autonomía proyectos turísticos, de los que podrían derivar innegables beneficios. El riesgo estriba en que, dado que la cultura ocupa normalmente un lugar marginal en las políticas públicas, los pueblos mágicos sucumban ante el abandono o el desinterés de las autoridades, quienes tienen numerosas prioridades y podrían argumentarlo así para justificarse.