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Reglas eficientes y más competencia desde lo local

Las autoridades locales deben jugar un papel importante en generar un ambiente en el que los privados puedan desarrollar actividades económicas y en impulsar la productividad, facilitar el emprendimiento, la innovación, la creación de empleos y mejorar la competitividad de sus ciudades. La necesidad de impulsar (o al menos de no obstaculizar) actividades productivas y generar condiciones de competencia efectiva para incrementar el desarrollo económico desde lo local debe estar dentro de sus prioridades.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), México ocupa el lugar 113 de 144 países en el indicador de grado de dominancia, lo que implica que se percibe que existen muchos sectores en los que hay empresas con poder de mercado, y por tanto los precios son más altos que los que podrían existir en condiciones de competencia. Esta falta de competencia en los mercados es uno de los factores por los que tenemos precios altos y poca diversidad de productos.

Dentro de los principales factores que impiden la competencia en nuestro país, y particularmente en lo local, está el exceso y mala aplicación de la regulación. Mientras los avances tecnológicos hacen posibles nuevas formas de proveer servicios, como ocurre con el transporte u hospedaje en ciudades, en nuestros gobiernos locales se han acumulado leyes y políticas públicas que impiden generar un entorno competitivo y propicio para la innovación, y por el contrario representan en muchas ocasiones una ventana de oportunidad para la corrupción.

Esto no quiere decir que no debe existir regulación o trámites para otorgar algún permiso a negocios o nuevos productos que salgan al mercado o que la solución sea desregular por desregular. La regulación por sí misma no es ni buena ni mala. Depende de la necesidad, el objetivo y el efecto de la regulación el que esté ayudando o perjudicando el desarrollo de una localidad.

Una buena regulación logra balancear diferentes objetivos públicos, como puede ser la seguridad y protección del consumidor, así como la productividad, la eficiencia y la innovación. Pero la regulación innecesaria o la duplicación de trámites sin duda representan también costos adicionales para negocios que quieren emprender.

De ahí la relevancia de discutir la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) que se encuentra actualmente en el Senado de la República, pues busca sentar los principios y las bases para el establecimiento e implementación de lo que se llama una “mejora regulatoria integral”, y uno de sus principales objetivos es consolidar un ambiente de negocios propicio para el crecimiento de las empresas.

Con las reformas que se dieron en este sexenio se puso de nuevo en la mesa la agenda de mejora regulatoria. Por ello, una tarea importante para los gobiernos locales será entender este nuevo papel que debe cumplir la política regulatoria y crear las herramientas para mejorar la calidad de las normas, pero sobre todo monitorear que se están generando los resultados esperados de dicha regulación. El reconocimiento de un Sistema Regulatorio a nivel constitucional abre la oportunidad para esta discusión. Sin embargo, sería una oportunidad perdida para construir un sistema regulatorio cuyo principal objetivo sea llevarnos hacia el desarrollo y el bienestar, si éste se limitara a un mero ejercicio de simplificación administrativa para estados y municipios que además corre el riesgo de convertirse paradójicamente en un laberinto burocrático.

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