Resista el cambio de administración

Si Coahuila hubiera hecho un libro blanco sobre los créditos solicitados en la administración de Humberto Moreira, el escándalo que se generó al conocerse el monto de la deuda —de más de 33 mil millones de pesos (mdp)— se hubiera desactivado o cuando menos hubiera sido menor, porque se tendría la historia completa de cómo se concertó, con qué bancos, bajo qué condiciones, a qué plazos y para qué propósitos.

Pero lejos de documentar el proceso de endeudamiento, las autoridades en turno no sólo omitieron dar información a la Secretaría de Hacienda, sino que además falsificaron documentos para contratar más créditos bancarios. Como resultado, la entidad federativa ha tenido que reestructurar sus créditos con diversas instituciones financieras.

El caso de Coahuila ha ganado notoriedad nacional debido a la coyuntura política en el país, pero no es el único hecho grave de opacidad presupuestal. Otro caso es el de Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, a quien se le acusa por diversas irregularidades, como el uso indebido de 25 mdp para el pago de bonos especiales a ex funcionarios, y el hecho de que se detectaron 102 obras inconclusas del sector salud. El ex mandatario chiapaneco Pablo Salazar también ha sido llevado al banquillo de los acusados, al enfrentar responsabilidades de peculado por el presunto desvío de 104 mdp.

Haydeé PérezA la luz de estos hechos, se advierte que la rendición de cuentas sobre el ejercicio presupuestal continúa como uno de los grandes pendientes de las administraciones estatales y municipales, advierten Ricardo Corona, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y Haydeé Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La opacidad presupuestal debiera ser una preocupación en el país, sobre todo en este año en el que se renovarán seis gubernaturas, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y 871 presidencias municipales. De modo que funcionarios salientes como entrantes debieran estar interesados en dejar la “casa en orden” para evitar “dolores de cabeza” a futuro, refieren los expertos consultados.

MALAS CUENTAS

A pesar de que en México se han dado pasos importantes en materia de fiscalización ante auditores superiores, así como en transparencia de cara a la sociedad, el hecho es que la falta de rendición de cuentas es una constante en gran parte de los gobiernos locales.

Un ejemplo son los subregistros de la deuda en los reportes que deben entregar los estados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Coahuila arroja una diferencia de 74 por ciento de lo declarado respecto de la cifra total, también sobresale Tabasco con un margen de 47, así como Chihuahua y Chiapas con 28 y 24 por ciento, respectivamente, según el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011, elaborado por el Imco.

Pero no sólo subregistran la deuda, hay estados como Michoacán que han declarado esa información como reservada. Asimismo, el Imco encontró que Tabasco no presenta información legible sobre la nómina del magisterio y que Nuevo León y Oaxaca son omisos sobre el presupuesto de sus institutos electorales.

El estudio del Instituto califica de una escala de 1 a 100 la transparencia presupuestal de los gobiernos estatales, de lo cual resulta que las entidades federativas obtienen un promedio de 58 puntos. En particular, los peor evaluados fueron Oaxaca y Chiapas, aunque también sobresale Nuevo León que bajó de la posición 9 a la 24 entre 2010 y 2011.

Ricardo CoronaLo anterior tiene varias explicaciones. Una es el cambio de administración en los cargos públicos que interrumpen la continuidad de las buenas prácticas de fiscalización y transparencia, coinciden Ricardo Corona y Jesús Cantú, éste último investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Otra tiene que ver con la diversidad de criterios y la atomización de las buenas prácticas dentro de las mismas administraciones. Por ejemplo, Veracruz, que no reporta nada sobre su deuda desde 2007, pero sí informa sobre recursos destinados al apoyo de partidos políticos, refiere el Imco.

También influye la sensibilidad de los encargados de área, sobre todo en aspectos como los sueldos de los maestros, la deuda y las licitaciones. Ricardo Corona lo explica de este modo: “Los gobiernos de los estados nos dicen que no se cambia sólo en texto, sino que hay que hacer cambios en la manera de operar esa labor”.

Asimismo, prevalecen criterios y conceptos distintos sobre los ingresos y gastos de las administraciones locales, lo que complica la interpretación de los estados financieros, comenta Germán Ganado, socio de PricewaterhouseCoopers, quien considera que la rendición de cuentas augura tiempos mejores con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental que pretende homologar los métodos de control del gasto.

SANCIONES A FONDO

Germán GanadoPero al final de cuentas, si bien las leyes son perfectibles, el problema no es la falta de normas para rendir cuentas, sino llevarlas a la práctica, coinciden los expertos consultados. Las prácticas de transparencia durante la gestión pudieron haber sido muy buenas, el problema es cuando un tercero encuentra incongruencias porque los datos no son fidedignos, advierte Germán Ganado.

Más crítico, Jesús Cantú advierte que ante la difusión de información tergiversada —como en el caso Coahuila— “estamos al mismo nivel que previo a que no hubiera leyes de transparencia”, con todas las consecuencias que ello implica, ya que la sociedad no confiará en las entidades opacas, por ejemplo, los bancos no querrán prestarle dinero a los estados.

Cuando se comprueban las irregularidades lo que sigue es tomar medidas correctivas, pero es ahí donde se atora la rendición de cuentas. “Si en el procedimiento de cómo se hizo un gasto hay irregularidades, es cuestión de que alguien lo denuncie y eso es lo que falta por trabajar”, refiere Germán Ganado.

“Más allá de la ley, el problema es que se aplican las sanciones más bajas, como amonestaciones privadas. Habría que tomar acciones más contundentes, entre ellas la inhabilitación o las sanciones económicas o penales para sentar un precedente”, añade Cantú.

Ejemplo de lo anterior es la situación de Pablo Salazar que, a diferencia de Ulises Ruiz y Humberto Miguel Castillo. Germán Ganado. Moreira, es el único ex mandatario que ha recibido un correctivo al dictársele auto de formal prisión en lo que se desahoga su proceso.

CULPEN AL DE ATRÁS

Sobre los fideicomisos

Una constante en México es la denuncia de casos de corrupción en cada mudanza de gobierno, sobre todo cuando cambia el partido en el poder, como le ocurrió a la perredista Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, señalada por su sucesor Miguel Alonso —militante del PRI— de haber malversado 902 mdp; o bien los procedimientos que inició el Congreso de Puebla contra siete ex alcaldes, que habrían incurrido en fallas administrativas que suman un monto de 150 mdp en el ejercicio 2010.

Pero los escándalos también implican a gobiernos del mismo partido político, como el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que acusó a su antecesor Natividad González, de dejarle malas cuentas, aunque ambos son del PRI. “El que llega siempre dice que encuentra las finanzas del estado o municipio en peores condiciones de lo que había informado el saliente. Pero no basta con decirlo, hay que ir a fondo”, observa Jesús Cantú.

Ante esta realidad ¿qué opciones tienen los gobiernos salientes para no dejar “cabos sueltos”? y los entrantes ¿cómo pueden vacunarse de no heredar un problema? La respuesta es simplemente cumplir con lo que marca la ley, pero a modo de ser más específi cos los expertos plantean algunas recomendaciones precautorias.

Miguel CastilloMiguel Castillo, presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip) —organismo que aglutina a los institutos de transparencia de los estados—, sugiere a los funcionarios salientes elaborar un libro blanco en el que se precisen los montos presupuestales, los usos que se les dieron, los argumentos para la toma de decisiones y los resultados generados. “Si hubiera una historia sobre la deuda de Coahuila el escándalo sería menor”, considera el experto.

Sin enbargo los gobiernos se niegan a dar a conocer el desarrollo de su toma de decisiones porque temen que la gente no los apoye o que la oposición los ataque, pero ese razonamiento es un error y no ayuda a la rendición de cuentas ni a la democracia, explica Castillo.

LA ENTREGA-RECEPCIÓN

Como califican los estados

Desde la perspectiva de los organismos fiscalizadores, Rafael Castillo, auditor superior de Querétaro y secretario de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (Asofi s), menciona algo básico para el sentido común, pero que no siempre se cumple: atender los pliegos de observaciones de la cuenta pública que elaboran los organismos de fi scalización.

Independientemente de su periodicidad, anual, semestral o trimestral, es pertinente que las administraciones estatales o municipales atiendan con oportunidad las preguntas en los periodos, porque de no hacerlo el expediente se va al informe de resultados de la cuenta pública o bien pueden derivarse consecuencias legales.

También es básico determinar los alcances de las responsabilidades. “Cuando sale una administración y entra otra, se le notifi ca el pliego de observaciones a los nuevos, y en muchos casos éstos no buscan a los anteriores para que contesten (…) Se piensa que el responsable es el nuevo, y no es así, porque el gasto tiene una fecha de cuando fue erogado”, comenta el auditor.

Asimismo, es pertinente nombrar a una comisión encargada del proceso de entrega-recepción que responda de manera ágil. En algunos casos, las leyes marcan hasta un año para aclarar cualquier punto en el cambio de administraciones, pero lo más recomendable es integrar un equipo que domine los aspectos legales y contables para que responda a la brevedad cualquier duda que tenga la contraparte.

“Algo que ocurre con frecuencia en los municipios es que los equipos nuevos son personas sin experiencia en la administración pública y se tiene que hacer un doble trabajo: llevar el proceso de entrega-recepción y capacitarlos”, reconoce el funcionario y advierte que “si se dejan lagunas en la cabeza” de los entrantes, el riesgo es que se presenten futuras acusaciones.

Rafael CastilloRafael Castillo también se refiere a otro elemento básico que falla con frecuencia en los gobiernos municipales y que consiste en dejar recursos en caja para el arranque de la administración entrante. “El nuevo alcalde tiene que encontrar los recursos suficientes para la nómina, el aguinaldo y la prestación de servicios básicos. Éste es un punto que garantiza a las partes cierta tranquilidad.”

Al cierre de año, la cuenta pública difiere comúnmente de lo que fue aprobado —debido a ajustes que se realizarondurante el ejercicio—, pero lo importante, dice Germán Ganado, es que los cambios hayan sido debidamente autorizados y que sean congruentes en los informes de resultados.

Otra sugerencia es que se publiquen en Internet los reportes de las auditorías de fi scalización de los órganos de control gubernamental, de los órganos superiores, de los congresos y también de algún auditor externo el cual dará la certeza de imparcialidad.

HOMOLOGACIÓN CONTABLE

Es unánime la percepción de que la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental dará mayor transparencia y credibilidad a la administración pública en la medida en que “todos hablaremos un mismo lenguaje”, como lo define Rafael Castillo. Se utilizará el mismo catálogo contable para registrar los estados fi nancieros de las entidades públicas, por lo que se estima que en un lapso no muy largo se armonizarán los criterios y conceptos en todo el país.

Sin embargo, como advierten Germán Ganado y Haydeé Pérez, el procedimiento va rezagado ya que algunos estados ni siquiera han empezado, y si acaso 20 por ciento de los municipios se han adaptado al sistema. Pero además, advierte el auditor de Querétaro, para que funcione la nueva ley es preciso invertir tiempo y recursos en capacitar al personal y adoptar sistemas de cómputo adecuados, lo que signifi ca un nuevo reto que deberán atender los gobiernos locales.

“Debemos cerciorarnos de que un cajero, que cobra el impuesto predial, sepa operar los sistemas para que toda esa información que se genere nos dé el resultado que buscamos como país”, concluye Rafael Castillo. Rafael Castillo.

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