En los últimos años se han ejercido inversiones históricas para dotar de agua potable a todo el país, lo que ha derivado en una cobertura de 90.7 por ciento de la población. En 2006, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y sus contrapartes de los estados y municipios, invirtieron 3 mil 488 millones de pesos en obras destinadas al abastecimiento de agua potable, monto que casi se duplicó tres años después al sumar 6 mil 646 millones de pesos.
No obstante, el otro lado de la moneda muestra que 9.7 millones de mexicanos siguen sin contar con el servicio, mientras que los que sí lo reciben no siempre lo obtienen, ni en la cantidad ni en la calidad suficiente.
Las familias que reciben agua escasa o que carecen del servicio —generalmente de bajos ingresos— se ven obligadas a recurrir a formas no siempre seguras ni regulares para conseguirla, como pipas, pozos rudimentarios o plantas purificadoras particulares, que a veces no son supervisadas por las autoridades. Esto es lo que expertos como Esthela Sotelo Núñez, miembro del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México (Colmex), han denominado como “mercados emergentes” del agua.
Consecuentemente, dice la experta, “no hay un control en los precios de los carros tanque ni de las embotelladoras, y eso genera que la gente pague más caro el servicio, ahí es donde veo una situación extralegal”.
Sotelo Núñez, junto con un grupo de investigadores, hizo un estudio en barrios como Santiago Tepatlaxco, de Naucalpan de Juárez, y San Isidro Tlaixco, de Chimalhuacán, ambos municipios del Estado de México. En esta última población, algunas familias además de pagar la cuota anual de 700 pesos al organismo operador, solicitan una pipa semanal que cobra 250 pesos, además de garrafones de agua purificada para beber que cuestan 10 pesos, todo para cubrir sus necesidades.
PROBLEMAS DE COSTOS
Sobre el desabasto de agua y las soluciones “emergentes”, Eduardo Ibáñez Mariño, gerente de Fortalecimiento de Organismos Operadores de la Conagua, admite que el rezago de 9.7 millones de mexicanos sin el servicio da lugar a escenas que se creían superadas, como la de la gente que camina grandes distancias para conseguir el agua.
Las estadísticas de la Conagua, actualizadas a 2009, muestran una situación desigual, ya que el medio urbano reporta una cobertura de 94.3 por ciento de la población, mientras que en el rural sólo 78.6 por ciento de los habitantes tiene agua.
“Sucede que el costo para dotar de infraestructura destinada al abastecimiento de agua es muy alto. Por ejemplo, llevar el suministro a un cerro implica bombeo y tubería, y entonces el financiamiento de la operación de servicios formales se empieza a complicar. Es por eso que las coberturas no avanzan como quisiéramos”, reconoce el funcionario.
Los organismos operadores de agua –entes encargados de suministrar el servicio en los municipios— generalmente atienden la cabecera municipal, pero no siempre a las localidades lejanas, que muchas veces son atendidas por el gobierno municipal o las comisiones estatales, agrega Ibáñez.
Por tanto, es facultad de los gobiernos municipales garantizar la prestación y la calidad, ya que por mandato constitucional tienen la obligación de dotar agua, drenaje y saneamiento, así como de aplicar la ley y, en su caso, sancionar cualquier abuso, agrega el funcionario federal.
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Sea porque el servicio es insuficiente o porque no llega, el hecho es que el servicio improvisado de agua se traduce en un consumo desigual. Si en la zona metropolitana del Valle de México hay hogares que utilizan 600 litros diarios por persona, en San Isidro Tlaixco, municipio de Chimalhuacán, las personas más desatendidas apenas consumen 50 litros, los que alcanzan sólo para cocinar, lavar platos y la ropa dos veces por semana.
Frente a este tipo de situaciones, Eduardo Ibáñez, representante de la Conagua, refiere que dentro de su ámbito de competencia los gobiernos locales pueden encontrar vías de solución, y pone de muestra el organismo operador rural de León, Guanajuato, que en enero pasado empezó a funcionar.
A LA SUSTENTABILIDAD
La Cuenca de Valle de Bravo, en el Estado de México, se compone de ocho municipios, los cuales ven pasar por entre sus terrenos la infraestructura del Sistema Cutzamala. No obstante, se estima que 200 comunidades carecen de agua, o bien la reciben de manera intermitente, lo que compromete el consumo de aproximadamente 6 mil familias, varias de ellas indígenas mazahuas.
Horacio Bonfil Sánchez, director general de Fondo Pro Cuenca Valle de Bravo, A.C., refiere que la población desatendida recurre a los cuerpos de agua más cercanos para bombear el líquido en redes pequeñas, o bien lo recibe por tandeo algunos días de la semana; otros más lo transportan “a lomo de burro”. En estas condiciones, lo único que se puede hacer es preparar alimentos y limpiar las casas, pero no regar los campos.
El especialista admite que resulta costoso para las administraciones municipales dotar de este servicio básico a todos los habitantes, máxime por la dispersión poblacional, de ahí que su organización promueve entre las comunidades un esquema de cosecha de agua de lluvia. Horacio Bonfil considera que ésta es una manera de lograr un abasto del recurso sustentable, debidamente organizado y sin mayor costo para la población.
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