Apesar de los esfuerzos del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión por ampliar los presupuestos para estados y municipios, existen programas federales de apoyo al desarrollo regional que no han sido ejercidos, debido al desconocimiento de los funcionarios locales y al incumplimiento de requisitos importantes como la elaboración de un plan de desarrollo.
“No es una acusación. Es que no era posible que los conocieran todos, porque están disgregados en las secretarías y no está claro dónde se encuentran las reglas de operación ni cuáles son los requisitos”, asegura el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Rafael Morgan Ríos.
“Hay programas que han pasado desapercibidos y que no han sido ejercidos, como uno de pavimentación en municipios conurbados, el cual nadie usó y se quedaron 2 mil millones de pesos (mdp) sin utilizar. Eso fue en 2010”, menciona a manera de ejemplo el contralor federal sin precisar cuántos programas en total se han quedado desperdiciados.
Con el propósito de revertir esta situación, la SFP se ha dedicado en los últimos meses a informar a los servidores públicos de estados y municipios —incluidos los alcaldes electos—sobre la diversidad de programas que existen con apoyo federal, porque a decir de Morgan Ríos, “existen programas para lo que sea: mercados, arborización, parques y jardines, equipamiento de policías, etcétera”.
NECESITAN ESTUDIAR
En entrevista con Alcaldes de México —a un mes de concluir el sexenio—, refiere que éste no sólo es un problema de conocimiento, sino también de coordinación con los gobiernos estatales —quienes tendrían que compartirles la información a los ayuntamientos—, así como de organización interna, ya que se requiere el plan de desarrollo municipal y a veces de recursos propios para completar la asistencia económica
“El problema es que necesitan estudiar. Los funcionarios deben elaborar sus planes de desarrollo, que no todos los municipios los tienen. Sin embargo, para aprovechar los programas federales necesitan del plan, porque de ahí se desprenden sus proyectos, trátese de un basurero, escuela, agua potable o alcantarillado”. Según Rafael Morgan, los ayuntamientos grandes sí cuentan con ese documento, pero no así la mayoría de los pequeños y medianos, lo cual habla de rezagos.
Por lo pronto, menciona que en Campeche y Colima ya están “poniéndose las pilas” acerca de cómo solicitar los programas federales y que, recientemente, se envió la información a presidentes municipales entrantes de entidades como Guanajuato y Sonora, para que se familiaricen
ASISTENCIA A ESTADOS Y MUNICIPIOS
Rafael Morgan comenta que la dependencia a su cargo ha coadyuvado en la modernización de los gobiernos locales, vía la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación (CPCE-F), un foro en el que convergen los controladores de los 31 estados y del Distrito Federal.
Mediante este organismo, se formulan sugerencias para fiscalizar mejor los presupuestos asignados por el Congreso de la Unión y se comparten buenas prácticas de gobierno entre el Centro y las entidades federativas, que se hacen extensivas a los municipios.
Refiere que la experiencia ha sido favorable. “La Comisión Permanente tiene aproximadamente 15 años y sus logros en este sexenio han sido extraordinarios. Aquí se platica sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) —que se expidió hace tres años—, la cual nosotros tenemos a nuestro cargo promoverla con los estados y municipios.”
También se abordan temas como el presupuesto con base en resultados, el servicio profesional de carrera, la tala regulatoria, el combate a la corrupción y la participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio presupuestal.
“Los estados en lo individual pueden tener mejores prácticas que el resto de las entidades federativas, incluso mejor que la Federación, así que intercambiamos ideas y muchas de las prácticas también llegan a los municipios”, refiere Morgan Ríos, quien es el tercer funcionario en estar al frente de la SFP en la gestión calderonista.
Debido a los buenos frutos que ha dado este órgano de trabajo, se ha promovido la idea de replicar el modelo de la CPCE-F en los entidades federativas. A la fecha se han creado comisiones Permanentes de Contralores Estados-Municipios en Sonora, Puebla, Morelos, Michoacán, Campeche, Guanajuato, Coahuila e Hidalgo, además de que otras cuatro comisiones se encuentran en proceso de conformación. Una de las funciones que tendrán estos organismos será la promoción de técnicas de fiscalización de los recursos públicos.
Morgan confía en que, mediante este tipo de iniciativas, se avanzará en la corrección de ciertos vicios que imperan en varias alcaldías, como la falta de un trámite de entrega-recepción con apego a la ley y el registro incompleto o deficiente de los ingresos y gastos.
CONTRALORÍAS CIUDADANAS
En su opinión, la gestión pública se sustenta en una triada de principios básicos: a los gobiernos locales como el programa denominado Municipio por la Transparencia, a través del cual se ofrecen talleres de profesionalización, además de asesoría, planeación estratégica y una herramienta de autodiagnóstico. Del 2007 a 2011 han participado 764 municipios de 21 estados.
Pero no sólo se han impulsado esquemas de asistencia técnica para los gobiernos, sino también otras fórmulas que conecten con los contribuyentes. De ahí que se creó el mecanismo de Contralorías Ciudadanas, el cual pretende involucrar a la sociedad en el control de los actos de gobierno e invitar a los ciudadanos a que denuncien la corrupción.
Vinculado con este programa se creó el Premio Municipal de Contraloría Social, el cual pretende reconocer los esfuerzos de las alcaldías en sus sistemas de vigilancia administrativa, y que se entrega tanto a localidades grandes y medianas, de más de 150 mil habitantes, y a las pequeñas, con una población menor a ese parámetro. En la edición de este año —que se entregó en el Foro Desde lo Local— fueron premiados seis ayuntamientos.
TRANSPARENCIA PERMANECERÁ
Rafael Morgan —quien es contador público por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)— asegura que las más recientes reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que, al cierre de esta edición esperaban su votación en la Cámara de Diputados, sin duda inducirán el buen uso de los presupuestos de estados y municipios.
“Antes la LGCG no tenía dientes, pero las reformas ya los traen. No sólo el que no registra, sino también el que falsifica y usa datos inadecuados tendrá de dos a siete años de prisión y una multa de mil a 500 mil salarios mínimos. Además, será obligatoria para estados y municipios.”
El contralor de la Federación insiste que la nueva Ley tiene la virtud de infundir mayor transparencia fiscal, lo que sin duda también le conviene retomar a la nueva administración que tomará las riendas del país a partir de diciembre. “La transparencia llegó para quedarse”, asegura Morgan Ríos.
A los alcaldes, los cabildos y a los funcionarios locales en general que ven con recelo la nueva LGCG, les sugiere que contraten muy buenos asesores y técnicos contables porque, de no acatarse la normatividad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no les permitirá solicitar recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) o del Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios (Subsemun), entre otros programas.
También considera que las propuestas fortalecerán la descentralización administrativa y pone como ejemplo la reasignación de las partidas presupuestales. “La Federación no puede con todo. Si se necesita un hospital, mejor que se entreguen los recursos a los estados y que éstos se encarguen de lo demás”. Sin embargo, aclara que la utilización de los recursos tendrá que hacerse con base en controles más rigurosos.
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