Sueldos de alcaldes, asunto pendiente

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Finanzas

Desde siempre, los salarios de los presidentes municipales se han fijado con discrecionalidad, aunque poco a poco los gobiernos locales han hecho intentos por reglamentar esta situación, lo que ha permitido algunos avances.

No hay montos máximos ni leyes que los obliguen a someterse a ciertos límites, tampoco reglas de transparencia claras ni de aplicación nacional que sancionen los excesos de los munícipes y de sus gabinetes, y menos existe algún consenso sobre un método que considere, por ejemplo, el tamaño de la población y la capacidad financiera del ayuntamiento para determinar las dietas de los funcionarios.

Ejemplos hay muchos. Por gobernar el municipio de Jesús María, Aguascalientes, con 99 mil 590 habitantes, el alcalde Martín Chávez gana 108 mil 139 pesos; mientras que en Mérida, Yucatán, la presidenta Angélica Araujo Lara, quien atiende una población casi 10 veces mayor, de 830 mil 732 habitantes, percibe 99 mil 244 pesos

Otro caso es el de Lorena Martínez Rodríguez, alcaldesa de Aguascalientes, quien es la máxima autoridad en una comunidad de 797 mil habitantes, y quien se vio forzada por la presión social a reducir su sueldo de 110 mil 614 pesos a 77 mil 430 pesos.

En tanto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, recibe oficialmente 74 mil 367 pesos, cuando la capital del país cuenta con 8 millones 851 mil habitantes; mientras que el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, en el contexto de una localidad de 858 mil 638 personas, también percibe un sueldo inferior al de su colega hidrocálida, de 45 mil pesos mensuales.

Naucalpan es una de las demarcaciones más importantes de la zona conurbada del Valle de México. En su sitio de Internet no aparece la nómina detallada, pero de la información pública se desprende que en servicios personales tuvo un gasto autorizado de 840 millones de pesos (mdp) en 2010, de los cuales 460.2 mdp correspondieron a los salarios del personal permanente.

Federico Reyes Juan Pardinas José Luis de la Cruz

Varios municipios han abierto una sección de transparencia en sus sitios de Internet, para hacer de conocimiento general la nómina administrativa; pero en muchos casos no hay información precisa sobre los sueldos de los presidentes municipales, tampoco de los bonos, ni de los ingresos extra que obtienen.

En casi todos los municipios hay desorden y muchos pagos extraordinarios que son aprobados a discreción por los cabildos, aseguran en entrevista Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), y José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México.

Consultado sobre el tema, Antonio Meckler, diputado local de Quintana Roo por el PRD, asegura que, “además del sueldo de nómina, los funcionarios públicos reciben un bono especial y sobres por diversos conceptos, entre otros apoyos económicos”. Aún cuando en algunos sitios web de los municipios se publiquen los montos de los sueldos quincenales o mensuales, los ingresos pueden ser mayores por los bonos o prestaciones extras.

Es posible que se den a conocer los sueldos numerarios, los sueldos supernumerarios y dietas, pero los presupuestos de los municipios contienen otros conceptos, como servicios personales o gratificaciones especiales, que no siempre se hacen transparentes, comenta el legislador perredista.

EL SENADO PONE TECHO

Dentro de este desorden, son varios los esfuerzos por transparentar las nóminas municipales y por fijar topes salariales. En abril de 2009, el Senado de la República aprobó —con 84 votos a favor— la llamada Ley de Salarios Máximos, una iniciativa que presentó el legislador perredista Pablo Gómez, con lo cual se estableció que ningún funcionario público podría ganar más que el Presidente de la república. Para este año, el primer mandatario tiene una compensación bruta de 198 mil 870 pesos mensuales.

Qué ordena la leyTambién se determinó que no se darían pagos adicionales al que se haga para liquidar un servicio prestado, y que tampoco se darán créditos o bonos extra, ni jubilaciones, pensiones o cualquier otro pago al margen de la ley. Sin embargo, para estar vigente, esa ley debió aprobarse por la mayoría de los congresos de las 32 entidades federativas del país, ya que modifica los Artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Carta Magna, lo cual todavía no se ha concretado.

En mayo pasado, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados de Quintana Roo presentó una iniciativa para aterrizar esta modificación constitucional, en el sentido de que ningún funcionario del estado podrá percibir ingresos mayores que su superior jerárquico.

Antonio Meckler hace ver que existe un caos. En Quintana Roo se ha sabido que, además del sueldo, los funcionarios públicos reciben un bono especial y un sobre por concepto de “vida cara” y diferentes apoyos económicos. De ahí que el estado es uno de los más endeudados del país, porque buena parte del presupuesto se va a la nómina.

Por eso, el legislador local opina que el salario tiene que constituirse y darse a conocer en forma integrada. “Lo que pretende hacer la iniciativa de ley es que los sueldos no se descompongan en diferentes entregas y denominaciones y que nadie pueda ganar más allá de lo que obtiene el cargo más alto en jerarquía, del gobierno estatal y del gobierno municipal, además de que se haga transparente el escalafón de puestos y salarios.”

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se pueden imponer sueldos a nadie, lo que sí se puede hacer es crear reglas para formular sus montos, refi ere Meckler, y cita como ejemplo la valoración del número de habitantes y el costo de vida de cada localidad.

NO ACATAN REGLAS

El presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, considera que otro de los pendientes es concretar la reforma al Artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la homologación de las leyes de los organismos locales de acceso a la información a esos cambios. “Los institutos estatales deben tener un perfil de independencia que no tienen”, refiere el experto.

CifrasPero aun cuando gobiernos estatales y municipales están obligados a dar a conocer su información, no todos se sujetan a esas reglas. Por ejemplo, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip) de Yucatán pide a los ayuntamientos “publicar y mantener actualizada de forma permanente”, en su unidad de acceso y vía Internet, los datos que ordena el Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios, como sueldos y el tabulador de dietas de los funcionarios.

Sin embargo, la consejera del Inaip, Ana Rosa Payán, dice que sólo 42 de 106 municipios tienen al corriente esa información, entre ellos Mérida, Progreso, Acanceh, Conkal, Muna, Teabo, Mayapán, Cuncunul, Cantamayec, Chapab, Motul, Samahil, Sinanché, Sucila, Suma de Hidalgo, Teabo, Tecoh, Tekit, Tekom, Temozón y Tetiz.

En el Estado de México ocurre lo mismo. El Órgano Superior de Fiscalización exige a los 125 municipios de la entidad presentar la cuenta pública anual, informes mensuales, presupuesto de egresos e ingresos, plan de desarrollo municipal y caución para garantizar el manejo de los recursos presupuestales; pero hay alcaldes que no atienden al llamado.

Además, dicho órgano elaboró un informe sobre los sueldos de los munícipes e hizo recomendaciones respecto de los topes máximos a los que debieron ajustarse, sin que se hayan tomado en cuenta todas las sugerencias.

Salarios recomendados por el consejo de Valoración salarial del Estado de MéxicoEl ejercicio valoró aspectos como la capacidad financiera y el número de habitantes para, a partir de ahí, fijar montos máximos de percepciones, bonos, gratificaciones y otros ingresos, de manera que ningún alcalde pudiera ganar más del tope mensual. Sin embargo, algunos presidentes llegaron a sobrepasar el monto máximo que, en 2007, fue de 118 mil 992 pesos al mes. Este fue el caso de Toluca, cuyo gobernante en turno ganaba 134 mil pesos; de Naucalpan, con 137 mil pesos, o Huixquilucan que reportó 188 mil pesos.

Con el propósito de mejorar la transparencia en esta materia, se creó un Consejo de Valoración Salarial —auxiliar del Poder Legislativo del Estado de México—, que todos los años formula recomendaciones salariales. Para 2011 estableció un rango de salarios de entre 55 mil y hasta 136 mil pesos.

Sin embargo, el presidente municipal de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, desobedece tales sugerencias, ya que este año sus percepciones son de 133 mil 891 pesos mensuales —superior al tope de 106 mil pesos propuesto por el Consejo— hecho que justifi có ante la prensa con el argumento de que enfrenta una “enorme responsabilidad”.

FORTALECER LA TRANSPARENCIA

Un problema es que, mientras los recursos federales están bastante vigilados, existe opacidad en el presupuesto de los gobiernos estatales y municipales; por eso es necesario que los institutos locales de transparencia adopten las exigencias aprobadas en el ámbito federal, comenta en entrevista Federico Reyes Heroles.

Avanza Yucatán en rendición de cuentasAl no establecerse reglas de transparencia para los salarios de los presidentes municipales ni topes máximos, siguen los escándalos de alcaldes que ganan mucho más que algunos jefes de gobierno de los países del Grupo de los Ocho (G8), afirma Juan Pardinas. “Una lógica de botín, no de mejores administraciones, provoca que haya salarios desmedidos”, además de que en los municipios los cabildos legalizan los excesos, refi ere el experto. Según el Índice de Información Presupuestal Municipal, que forma parte del estudio de Ciudades 2010 del Imco, sólo 97 municipios —de un universo de 373 analizados— publican información del gasto público en Internet, mientras que 100 no tienen sitio web y 89 no publican sus cuentas.

En contraste, el Imco ha encontrado que entre los municipios que desglosan los salarios de los presidentes municipales destaca Temascalapa, Estado de México, cuya información incluye conceptos como sueldos, gratifi caciones, compensaciones y otras percepciones.

Ante este panorama, De la Cruz aseguró que deberían generarse tabuladores con base en el tamaño de la población y en aspectos socioeconómicos regionales. También habría que considerar que el salario no exceda una proporción determinada con respecto a los ingresos de los municipios y que, en ningún caso, ganen más que el titular del poder ejecutivo estatal, como ocurre actualmente.

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