La adopción de energías renovables por parte de las administraciones locales, tanto en sus instalaciones como en la operación de los servicios públicos, es una práctica cada vez más constante, pero las leyes e iniciativas para contribuir con el cuidado del medioambiente y reducir el consumo de energía todavía permean de manera lenta en los estados y municipios del país.

Las entidades enfrentan barreras económicas y técnicas para ejecutar proyectos encaminados al uso eficiente de la energía, y carecen de legislación e instrumentos regulatorios de carácter voluntario y obligatorio que acelere ese tipo de acciones.

Los estados y municipios saben que pueden llevar a cabo acciones que les reditúen en un menor gasto por consumo de electricidad en sus inmuebles, sistemas de bombeo de agua y alumbrado público.

En algunos casos también están conscientes de que pueden modificar reglamentos para procurar la construcción de inmuebles que impacten menos el ambiente, por mencionar sólo unos casos.

No obstante, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos estados que tienen leyes locales para el fomento y uso racional de la energía, como Guanajuato, Hidalgo, Baja California y el Distrito Federal; y existen 19 Comisiones Estatales de Energía (CEE) en igual número de entidades, pero sólo cinco están activas en Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

PROYECTOS EN PUERTA

El presidente de la firma Energía, Tecnología y Educación (ENTE), Odón de Buen, explica que en 2008, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual no hace referencia a que los estados la adapten como ocurrió con la Ley de Cambio Climático aprobada este año.

Para la ejecución de los lineamientos de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las entidades federativas recurren a acuerdos de coordinación con la Federación, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee).

El director general adjunto de Fomento, Difusión e Innovación de la Conuee, Adolfo Chávez Andrade, menciona que hay estados interesados en reformar sus leyes para alinearlas a la Ley Federal para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, sobre todo a partir de la firma de los convenios de colaboración, pero son sólo dos o tres.

Uno de esos casos fue el estado de Coahuila, que en 2007, durante la gestión de Humberto Moreira, aprobó la Ley de Fomento al Uso Racional de la Energía, mientras que el gobierno de Veracruz está interesado en elaborar un proyecto de ley estatal encaminado a ese mismo objetivo.

APUESTA FUERTE

El funcionario de la Conuee manifiesta que la eficiencia energética tomó un nuevo empuje los últimos cinco años porque antes nadie le apostaba a esos temas. Expone que México se ha apoyado en las experiencias de otros países, como Estados Unidos, que han desarrollado programas relevantes en materia de ahorro y eficiencia energética.

La estrategia de la Conuee para atender a estados y municipios se orienta al desarrollo de capacidades institucionales para la identificación, análisis e instrumentación de programas, proyectos y acciones en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de las energías renovables a nivel local.

Estima que México ha avanzado rápido en la adopción y desarrollo de leyes y regulaciones mediante los convenios de colaboración para el ahorro de energía, pero admite que hay limitaciones presupuestales.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2010 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) alcanzaron un nivel histórico, al registrar una emisión de 30.6 gigatoneladas de ese contaminante en el mundo, lo que equivale a un aumento de 5 por ciento respecto a la cifra récord de 2008.

Al respecto, el analista de Solana Consultores Arturo Carranza, destaca que el calentamiento global obliga a los gobiernos de los tres niveles (Federal, estatal y municipal) a emprender las acciones necesarias para garantizar un desarrollo sustentable.

Los estados y municipios deben concentrarse en tecnologías y prácticas de eficiencia energética que impacten principalmente a la demanda de energía, porque el Gobierno Federal está enfocado en su mayoría a las medidas relacionadas con la oferta, opina.

Odón de Buen, quien también es exdirector de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae, ahora Conuee), considera que el Gobierno Federal debe ser más activo para que las leyes federales no queden como letra muerta y para apoyar a los gobiernos estatales para que integren las normas voluntarias y obligatorias a sus reglamentos estatales y municipales.

En un estudio, el experto advierte a su vez, que la energía eléctrica en los servicios municipales (alumbrado, bombeo de agua y edificios públicos) se ha convertido en una carga económica importante para los ayuntamientos, debido al régimen tarifario al que están sujetos. En muchos casos, el consumo de ésta representa un alto porcentaje de los gastos de operación totales de un municipio, lo que significa un lastre para su desarrollo.

Precisamente, la posibilidad de tener un suministro alternativo al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha llevado a algunos municipios a aceptar o a tomar iniciativas de desarrollo de proyectos de autoabastecimiento que les permiten tener electricidad a un precio menor al que fijan las tarifas de la paraestatal.

Las administraciones locales pueden aprovechar opciones de energía solar, minihidráulica, biomasa y residuos sólidos y líquidos —incluidos los desechos sólidos de la basura que pueden utilizarse para generar gas y electricidad— lo cual está permitido desde 1992, cuando se llevaron a cabo modificaciones a la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica