Los “datos abiertos” son un tema relativamente nuevo en México, a pesar de que son una punta de lanza para activar una nueva economía digital, tal como se estipula en el plan de desarrollo de la Estrategia Digital Nacional. Se trata también de un concepto ligado a la “transparencia”, de hecho son dos conceptos que se complementan; sin embargo es común que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno se pregunten con frecuencia ¿cuál es la diferencia entre datos abiertos y transparencia? ¿Cuál es el beneficio de los datos abiertos? y ¿Cómo implementar políticas y procesos para garantizar la existencia de datos abiertos en sus legislaciones?

El Artículo 6o de la Constitución garantiza a los mexicanos el derecho al libre acceso de la información plural y oportuna. Para asegurarse de que este derecho se cumpla, los organismos gubernamentales tienen la obligación de publicar comunicados relacionados con sus actividades, así como responder a peticiones directas de información formuladas por los ciudadanos. El medio que dichos organismos utilizan para establecer contacto con la comunidad son los portales electrónicos, donde periódicamente las dependencias publican información sobre sus procesos, actividades y presupuesto público. Eso es transparencia.

CIUDADANÍA, AGENTE DE CAMBIO. Los datos abiertos forman parte de una filosofía mediante la cual se ofrece a los ciudadanos información de manera gratuita y en formatos reutilizables, es decir, que puedan ser empleados por otras personas sin restricciones. El movimiento se divide en varias ramas, de las cuales, una de las más importantes tiene que ver con los datos públicos que generan las operaciones de las instancias oficiales. Los gobiernos cuentan con información de gran importancia para la vida de una sociedad y su apertura puede potencializar una ola de innovación y participación ciudadana. Para crear datos abiertos, una administración pública debe realizar acciones más allá de simplemente publicar información.

Los datos abiertos y la transparencia no son conceptos ajenos uno del otro, sino complementarios. Esta última busca que los ciudadanos conozcan a su gobierno y los procesos que conlleva la gobernanza de la sociedad; mientras que los primeros tienen a la transparencia como uno de sus objetivos, pero su fin principal es el de aportar información accionable que permita que la ciudadanía se convierta en un agente de cambio.
ACCIONES Y RETOS. Los gobiernos que ya cuentan con políticas de transparencia, deben comenzar a pensar cómo transformar sus políticas de acceso a la información en datos abiertos. Éstas son algunas acciones que las instituciones gubernamentales pueden empezar a ejecutar para implementar proyectos de datos abiertos, así como recomendaciones para sobrepasar los retos con los que se pueden enfrentar: