La inversión privada es considerada un catalizador de desarrollo económico, que cobra mayor importancia al reconocer la incapacidad del gobierno mexicano de garantizar estabilidad laboral y económica para la sociedad. En el sector turístico, la finalidad de la inversión privada es incrementar y mejorar la calidad de la oferta turística.
En 2013, México fue uno de los 10 primeros destinos más confiables para invertir; en materia turística el Gobierno Federal anunció la inversión de 600 millones de dólares (mdd) para el desarrollo de seis proyectos turísticos en el Caribe y el Pacífico; en 2014 se impulsó el financiamiento e inversiones turísticas y todavía hasta 2015 se observó un buen clima para la inversión privada en este sector. Dos años después, parece que las cosas están cambiando negativamente y esto se debe, entre otras cosas, al triunfo de Donald Trump, al aumento de la incidencia delictiva en el país, al narcotráfico, a la corrupción e impunidad que, excepto el primero, el resto son emblemas nacionales con los cuales se califica a México en el resto del mundo.
A pesar de lo nuboso que parezca el panorama económico mexicano, el sector turístico es uno de los pocos beneficiados con el alza del dólar, al incrementarse la demanda de turistas estadounidenses que visitan el país; lo que eventualmente representa un clima apropiado para la inversión privada.
Por los efectos multiplicadores que en la economía nacional tiene la iniciativa privada, según algunos especialistas, aunado a la precariedad de la inversión pública en México, merece la pena mantener la confianza de los inversores y continuar dinamizando el sector turístico, pero ¿cómo hacerlo?
A nivel nacional ayudaría mucho que se generaran acciones reales para que la corrupción e impunidad política dejaran de lacerar a la sociedad mexicana; mientras eso sucede, desde lo local, se deben plantear mecanismos de negociación que permitan equilibrar los intereses de los inversores y los de la población. El sector turístico tiene altas posibilidades de generar desarrollo económico y, para ello, se debe incentivar la inversión privada en los estados, pero no privilegiarla por encima del bienestar social. Los megaproyectos turísticos y los centros integralmente planeados son un claro ejemplo de desequilibrio: ganancias para los inversores y políticos, despojo, desigualdad social y degradación ambiental en el territorio.
Si los inversores tienen la capacidad de financiar grandes complejos inmobiliarios, infraestructura carretera y tecnologías de comunicación, seguramente también tienen la posibilidad de ofrecer salarios dignos y desarrollar alternativas para minimizar el daño ambiental de sus actividades.
En un esquema equilibrado, sería obligación del gobierno garantizar las condiciones suficientes y necesarias para que la inversión privada sea estable y rentable y, al mismo tiempo, proteger el ecosistema y a la población que en él cohabita. Investigación, información, legislación, diálogo y negociación, pero sobre todo la generación de conciencia, voluntad y participación social son acciones que desde el ámbito local deben gestarse.
No estoy segura de la viabilidad de este planteamiento, históricamente México ha sido saqueado y el bienestar social ha sido subordinado a los intereses ajenos; aun así es importante reconocer que el sector turístico es importante, la inversión privada necesaria y la protección del ecosistema y de las garantías sociales imprescindibles.
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