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Naciones en desarrollo, paraíso de la corrupción

EntregaLa corrupción existe desde que el ser humano se organizó en comunidades y se ejercieron funciones de liderazgo o dominio. Es un factor casi inherente de su condición social, producto de la búsqueda de satisfacer sus necesidades en grados que van desde los intereses personales mínimos hasta la desmedida acumulación de riqueza.

Para el doctor Daniel Márquez, jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la corrupción que ejercen los funcionarios menores se le denomina “hormiga”, aunque según estimaciones del Banco Mundial (BM), “las prácticas a gran escala le generan al país pérdidas aproximadas de 500 mil millones de dólares (mdd)”.

EN LOS ÚLTIMOS LUGARES

Por su parte, el doctor Gustavo López Montiel, académico del departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sostiene que el yerro mexicano es haber “institucionalizado la opacidad, creando órganos o comisiones anticorrupción, que necesariamente se nutren de la existencia de esta práctica para su funcionamiento”.

Según cifras de la Organización Transparencia Internacional, en materia de corrupción pública, México se ubicó en el lugar 106 de 177 países analizados en 2013. En contraste, países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda o Australia, poseen un bajo nivel de corrupción. Uruguay es el país latinoamericano mejor posicionado, ya que ocupa el puesto 19, empatado con Estados Unidos.

Entre las entidades más corruptas, sobresalen naciones africanas, como Somalia (último lugar) y Sudán; y de Asia, como Corea del Norte, Afganistán, Libia, Irak y Siria. Países americanos, como Haití, Venezuela y Paraguay, se ubicaron en los lugares 163, 160 y 150, respectivamente.

PENAS DISPARES

De visitaNaciones como China, Vietnam y Corea del Norte castigan la corrupción de funcionarios públicos con pena de muerte por inyección letal. En el caso del gigante asiático, al infractor se le confiscan todos sus bienes personales y se le priva de derechos políticos, por lo que figuras legales como el fuero desaparecen luego de la sanción impuesta.

El año pasado, el caso más sonado fue el del ex ministro chino de Ferrocarriles, Liu Zhijun, quien fue condenado por abuso de poder y soborno.

Asimismo, Japón, Italia, Francia y Alemania aprobaron en los últimos cuatro años leyes más duras contra la corrupción, aumentando las penas hasta ocho años de prisión a quien incurra en prácticas de este tipo. Una de las claves para mejorar fue colocar candados financieros a los partidos políticos, que no pueden recibir donativos ni fondos privados sin hacerlos transparentes. Del mismo modo, se recortaron gastos en materia de proselitismo electoral, lo cual disminuyó las inversiones estratosféricas en campañas y material propagandístico.

En contraste, Daniel Márquez explica que en México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportaron, en 2013, 50 mil casos de investigaciones a funcionarios públicos, de los cuales, sólo 10 por ciento fueron objeto de procedimientos legales serios. “Al final, sólo 500 servidores públicos fueron sancionados, ya que usualmente se absuelve a los imputados ante la falta de pruebas o porque se cometieron violaciones procesales”.

El jurista recuerda que algunos de los casos emblemáticos de corrupción que se han perseguido en el país fueron el “Toallagate” y el “Pemexgate”, ambos durante la administración del ex presidente Vicente Fox, así como los procesos en contra del ex regente del Distrito Federal, Óscar Espinoza Villareal, por peculado, y del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, por enriquecimiento ilícito.

No obstante, el ejemplo más contundente es el de Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien actualmente espera juicio por defraudación fiscal equiparable a 2 millones 190 mil pesos.

CERO TOLERANCIA

Macri Lanza críticaEl combate a la corrupción requiere medidas integrales que garanticen la aplicación de la ley, así como una firme difusión entre la población para que conozca sus derechos en materia de transparencia y aprenda a utilizarlos en aras del bien común. Asimismo, la cultura de la denuncia es fundamental para aminorar los intentos de trasgresión contra la estabilidad pública.

Para Daniel Márquez, una solución efectiva para hacerle frente a la corrupción es la enseñanza de valores cívicos, así como la cero tolerancia en cualquier acto de violación a la ley.

Otra medida para afrontar el problema, según López Montiel, “sería añadir coberturas de riesgo a los programas públicos, que fomenten la cultura de la prevención. Por lo tanto, se requieren instrumentar componentes de compensación, generados por actos de corrupción”.

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