En el proceso democratizador del país ha habido, cuando menos desde la contienda electoral de 1988, un intenso litigio acerca de un tema básico de cuya resolución depende la propia gobernabilidad: la legitimidad. Esta cualidad política ha sufrido diversas transformaciones que deben ser definidas y explicadas para valorar su sentido en un contexto democrático.

El autor aclara, de manera amplia y teórica, el concepto de legitimidad, al que atribuye tres sentidos: el estricto, “las creencias compartidas por gobernantes y gobernados en el derecho de mando de los primeros y el deber de obediencia de los segundos”; el apoyo actitudinal, que se refiere tanto al primer sentido “como a otras creencias y disposiciones que favorecen a los gobernantes, como la confianza o el entusiasmo”; así como la satisfacción que el desempeño del régimen produce entre sus gobernados. A estas tres evaluaciones también les ha llamado legitimidad en sentido amplio.