Especialistas nacionales y extranjeros exhortaron a los gobiernos a impulsar el desarrollo de los sectores más desprotegidos de la población, a través de acciones concretas en educación e inclusión social, ya que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para todos.
En el foro Repensando el desarrollo: ética e inclusión social, que se realizó en agosto pasado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pilar Álvarez Laso, directora general adjunta de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, hizo ver que la marginación social no sólo se limita a la falta de recursos materiales, sino también a la falta de opciones de los individuos para estudiar y trabajar.
Alonso Lujambio Irazabal, secretario de Educación Pública, aseguró que nuestro país ha logrado avances significativos en inclusión social, como la traducción de la Constitución Política a 12 lenguas indígenas, lo que beneficia a 6.6 millones de personas. También mencionó que los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos han proporcionado educación básica a más de 340 mil alumnos, en 38 mil 500 escuelas rurales, y a más de 2.4 millones de personas mayores de 14 años. Otro ejemplo de los avances alcanzados son los más de 500 mil alumnos con alguna discapacidad que reciben instrucción en 27 mil escuelas y también el hecho de que se imparte educación a la población migrante en diversas regiones agrícolas del país.
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