El presupuesto aprobado de los Poderes Legislativos estatales suma un total 21 mil 196.5 millones de pesos, sin embargo, existe una asimetría en la asignación de los recursos en las entidades federativas, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Alcaldes de México | 03 de julio de 2023.
Foto: El Economista.
El organismo afirmó que es importante analizar la estructura y presupuesto del Poder Legislativo ya que es fundamental para monitorear su función de contrapeso y control presupuestario.
A nivel estatal está compuesto por un Congreso unicameral integrado por diputados y diputadas que están encargados de representar a la ciudadanía, emitir y reformar leyes, aprobar los ingresos y presupuestos estatales; así como por un órgano de fiscalización, que son las instituciones encargadas de auditar el uso del gasto público, así como recomendar mejoras en la gestión, sancionar a servidores públicos y recuperar recursos públicos.
El IMCO analizó la estructura y asignación presupuestal de los congresos y órganos de fiscalización de las entidades federativas e identificó tres principales riesgos:
La asimetría en los presupuestos de los Poderes Legislativos plantea un desequilibrio; la Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán cuentan con los mayores presupuestos, mientras que Colima, Yucatán y Campeche tienen los más bajos.
La asimetría se refleja en el presupuesto aprobado de las entidades federativas; de los 2.7 billones de pesos aprobados para 2023, los Poderes Legislativos recibirán menos de 1 por cieto, equivalente a 21 mil 196.5 millones de pesos (mdp).
La mayor parte del presupuesto de los Poderes Legislativos estatales se destina a los Congresos, 74 por ciento del total equivalente a 15 mil 715 mdp.
El 26 por ciento restante, que representa un monto de 5 mil 482 mdp, es el presupuesto total para los órganos de fiscalización.
Para dimensionarlo, la Cámara de Diputados Federal (con 8 mil 572 mdp) recibe 56 por ciento más que la suma de todas las auditorías locales; la asignación desproporcionada entre los entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de los órganos de fiscalización.
La falta de criterios para determinar el costo “ideal” de un Congreso: la poca claridad en la determinación del número de legisladores por estado y la complejidad para evaluar el trabajo legislativo dificultan calcular el presupuesto idóneo para los Congresos.
En cuanto al costo del trabajo legislativo en el Congreso, Baja California es el estado con mayor presupuesto por número de diputados (31.3 millones de pesos), seguido por la Ciudad de México (25 millones de pesos).
En el lado opuesto están Colima y Campeche, con 4.8 y 5.8 millones de pesos, respectivamente.
Pocos recursos para vigilar el presupuesto público; cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno.
Respecto al año anterior, el presupuesto de las auditorías aumentó, en términos reales, 4.1 por ciento; es importante destacar que en las 32 entidades federativas existen diferencias significativas.
En términos absolutos, la auditoría con más recursos es la del Estado de México (421.3 mdp). Por otra parte, Durango (29.3 mdp) y Baja California Sur (33 mdp) son los que menos recursos destinarán.
Estos riesgos afectan la gobernanza, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático de las entidades federativas.
Por tal motivo, el IMCO propone incluir reglas para sancionar a los diputados y funcionarios que no cumplan con la obligación de convocar o presentarse ante el Congreso local; crear apartados en las páginas de los Congresos locales en donde se pueda consultar toda la información relativa a la función de control presupuestario; asegurar que los informes de las finanzas públicas sean revisados de manera transparente y obligatoria por los diputados.
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