Alcaldes de Baja California acusan de extorsión a medios de comunicación

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El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y los cinco alcaldes de esa entidad, firmaron un desplegado publicado por el Gobierno del Estado, en el que acusan de extorsión al Grupo Healy de medios de comunicación.

Los mandatarios argumentaron en un desplegado publicado en diferentes periódicos locales y nacionales, el pasado viernes 13 de marzo, que estaban siendo víctimas de chantaje y de publicaciones difamatorias en los diarios del Grupo Healy.

Los periódicos aludidos fueron La Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y Frontera Ensenada, en los cuales se publicaron reportajes sobre la situación económica y social en el estado y, en particular, sobre las supuestas propiedades que adquirió Vega de Lamadrid durante su gestión.

Rechaza Grupo Healy acusaciones

Grupo Healy rechazó “tajantemente” la acusación y anunció que iniciará una demanda judicial en contra del gobierno de Baja California y cinco administraciones municipales por presuntamente intentar boicotear los diarios aludidos.

La empresa de medios de comunicación consideró que las acciones tomadas por las autoridades estatal y municipales surgen a raíz de los trabajos periodísticos de sus diarios.

“Las informaciones dadas a conocer por dichos periódicos incluyen, por ejemplo, el hecho de que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la franja norte del país, así como casos de corrupción y abuso de poder por parte de los ediles”, puntualizó el grupo de medios.

Artículo 19 se pronuncia

La organización independiente de derechos humanos y libertad de expresión, Artículo 19, hizo un llamado al gobernador y a los cinco alcaldes de Baja California, para que frenen “cualquier tipo de intimidación que incremente el riesgo de la prensa”.

En respuesta al desplegado de las autoridades de Baja California, y ante la cancelación de las relaciones comerciales del gobierno con el consorcio periodístico, la organización independiente señaló que “las presiones económicas constituyen una forma cada vez más persistente de interferencia en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Para Artículo 19 “no hay duda que el desplegado firmado por el Gobernador y los alcaldes de Baja California, representa un acto de presión a su labor informativa, que ‘busca influenciar’, a través de presiones económicas, el sentido editorial del medio”.

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