La Política Nacional Anticorrupción establece 40 prioridades de política pública para combatir la corrupción en México. Mismas que fueron aprobadas por el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Esta política se alinea con el Programa Nacional del Combate a la Corrupción y la Impunidad, la Mejora de la Gestión Pública 2019 – 2024 y con las nuevas obligaciones que se establecen en el Artículo 27 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia anticorrupción.

Contiene cuatro objetivos fundamentales:

• Combate a la corrupción y la impunidad.
• Combate a la arbitrariedad y el abuso del poder.
• Promover la mejora de la función pública.
• Involucrar a la sociedad y al sector privado.

En la elaboración de documento participaron organizaciones civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, organismos internacionales e instituciones públicas.

La siguiente fase es traducir la Política Nacional Anticorrupción en acciones útiles para la sociedad, señaló David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Necesitamos definir responsabilidades y generar mecanismos eficientes para el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional Anticorrupción, con el objeto de impulsar la coordinación entre los entes públicos federales, estatales y municipales; considero que es una deuda política del Comité Coordinador con la ciudadanía”, propuso Irma Sandoval Ballesteros, secretaria de la función pública.

Durante la primera sesión ordinaria del comité coordinador del SNA, también se aprobó el informe anual y se dieron a conocer los avances en la Plataforma Digital Nacional. También se sugirió que las sesiones que se realizan en los estados sean públicas y transmitidas con total transparencia.

En la sesión estuvieron presentes José Octavio López Presa, presidente del Comité Coordinador del SNA; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Loretta Ortíz Ahlf, consejera del Consejo de la Judicatura Federal; Rafael Anzures Uribe, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA.