La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dio a conocer que en México se han encontrado 3 mil 24 fosas clandestinas desde 2006, las cuales contenían los cuerpos de 4,974 personas.

“Es la primera vez que se da este dato que tienen enfrente por parte del Gobierno federal. Es la primera vez que desde el Gobierno y la Secretaría de Gobernación se hace un reconocimiento del número que tenemos de fosas clandestinas”, dijo este viernes Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

En ese sentido, la Comisión aceptó la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales y se le invitó a realizar una visita a nuestro país en el segundo semestre de 2020, pues había una solicitud de visita por parte de la ONU desde 2013.

Entidades con más fosas clandestinas

Los estados con el mayor número de fosas clandestinas, halladas entre el 2006 y el 14 de agosto de 2019, son Tamaulipas (401), Chihuahua (306), Guerrero (301), Sinaloa (283), Zacatecas (238) y Jalisco (216).

En el recuento, las entidades con la mayor cantidad de personas encontradas en fosas fueron Nuevo León (545), Guerrero (486), Jalisco (405), Sinaloa (405), Tamaulipas (402), Chihuahua (395) y Durango (389).

“Son datos dinámicos que se siguen corroborando y se siguen trabajando con las instituciones y familias que buscan a sus familiares”, precisó Karla Quintana.

Agregó que, desde el 1 de diciembre pasado se han encontrado en fosas clandestinas 671 cuerpos, de los cuales 116 ya fueron entregados a sus respectivos familiares.

En estos meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, los estados donde más fosas se han hallado han sido Veracruz y Colima, con 96 cada uno.

La desaparición forzada en México

En México se encuentran desaparecidas más de 40 mil personas desde la década de los sesenta, época en que comenzaron los primeros registros de estos casos, así lo informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la desaparición forzada como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.

Asimismo, este delito contempla la negativa de las autoridades a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, “sustrayéndola a la protección de la ley”.

Con la definición anterior se entiende que no todas las personas ausentes serían víctimas de desaparición forzada -como pudo ser la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-, pues algunos casos podrían tratarse de delitos cometidos por particulares, en los que entrarían casos que involucran al crimen organizado o mujeres que no aparecen luego de abordar un taxi o casos similares. También son diferentes los casos secuestro.

Hay algunos casos donde las víctimas de desaparición, en cualquiera de sus modalidades, permanecen en los servicios forenses del país sin ser identificadas, pues más de 37 mil cuerpos se encuentran en esta situación, lo que implica que muchos desaparecidos continúen siendo buscados por sus familiares.

Comisiones Locales de Búsqueda

De acuerdo con el Gobierno mexicano, hasta el momento se tienen instaladas 25 comisiones en los estados. De ellas, 21 tienen titular y 4 tienen encargado/a de despacho.

Siete entidades están en proceso de creación: Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas.

Se han entregado 47 millones 950 mil pesos 7 comisiones locales y en el mes de septiembre se tiene proyectada la entrega de cerca de 123 millones de pesos en subsidios a comisiones.

Crisis forense

El Gobierno de México reconoció que en nuestro país existe una crisis forense, por lo que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob y la Comisión Nacional de Búsqueda instalaron mesas de trabajo con familiares de personas desaparecidas, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales de DH, entre otros, para crear un mecanismo extraordinario para combatir esta crisis. Actualmente se trabaja en la creación de una ley forense -con los consensos necesarios- para dar certeza a estos trabajos.

También se firmó el convenio para la entrega de 90 millones de pesos (en proceso de transferencia) al gobierno de Coahuila para la construcción del Centro de Identificación Humana en esa entidad. Se pretende que este centro tenga alcance regional.

Además se prevé la posibilidad de construir tres cementerios forenses en Zacatecas (dos) y Durango, pues son las entidades que cuentan con todos los documentos necesarios.