En la primera mitad del año, la deuda contratada por estados y municipios registró su disminución más pronunciada en 18 años, situación que derivó de los efectos positivos de la Ley de Disciplina Financiera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto adquirido de financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único entre enero y la primera quincena de julio de este año ascendió a 15,379 millones de pesos, 84.5% menos que en igual periodo del 2018.

Este descenso es el más pronunciado, en igual lapso de comparación, desde el 2001, cuando los gobiernos estatales y municipales no contrajeron créditos (desplome de 100 por ciento).

Además, la variación de -84.5% se dio en un contexto de dos incrementos al hilo de triple dígito, 162.5% en el 2017 y 261.2% en el 2018, producto de la entrada de los candados de la Ley de Disciplina Financiera, creada en el 2016 con el objetivo de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, con sus respectivos organismos públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, es decir, evitar que el nivel de endeudamiento aumente, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente de contratar deuda sin control.

De hecho, la entrada en vigor de este marco se dio en el actual ejercicio fiscal con todas sus normativas, aunque algunas de sus aplicaciones comenzaron en el 2017, provocando que los dos años anteriores se alcanzaran máximos históricos en contratación de financiamientos.

A lo anterior se suma que estados y municipios aprovecharon las reformas a la Ley de Disciplina Financiera, publicadas el 30 de enero del 2018, cuya aplicación total en los presupuestos locales, en relación al acceso del techo de endeudamiento y prevista para el año pasado, comenzó este 2019.

Esta ley, en la que especialistas coinciden en que se tiene que revisar y, si es posible, mejorar —en especial las garantías de pago y las formas para adquirir financiamientos—, tiene al Sistema de Alertas para clasificar el endeudamiento de todos los entes públicos locales que ostentan financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único (sostenible, en observación y elevado), a través de tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones. Al cierre del primer trimestre del 2019, ninguna entidad se ubicó en elevado y sólo siete en observación: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.

En términos generales, la Ley de Disciplina Financiera ya dio sus primeros efectos positivos en las finanzas estatales.

Los que más deuda contrataron

Por entidad, los mayores montos de deuda contratada a la primera quincena de julio del 2019 se observaron en Michoacán (2,500 millones de pesos), Aguascalientes (2,149 millones), Nuevo León (1,817 millones), Oaxaca (1,700 millones), Hidalgo (1,677 millones), el Estado de México (1,510 millones) y Chihuahua (1,500 millones).

El crédito más elevado pertenece al gobierno estatal de Michoacán, por 1,700 millones de pesos, pactado a 12 meses para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Con información de: El Economista