El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) aprobó dos acuerdos, en los que se impusieron algunas medidas de apremio, correspondientes al apercibimiento y la amonestación pública, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Transparencia Local.
Alcaldes de México | 25 de mayo de 2023.
Foto: Infobae.
Durante la 19ª Sesión Ordinaria del Pleno, se aprobó la imposición de 169 medidas de apremio, que tienen como propósito exigir el cumplimiento de las resoluciones; ya que el Infoem se encuentra comprometido con la necesidad de exhortar a los sujetos obligados mexiquenses el cumplimiento de las resoluciones emitidas.
De acuerdo a la ley, las multas impuestas no podrán ser pagadas con recursos públicos, sino que se cobrarán directamente de los bolsillos de las y los servidores públicos; con el fin de generar mecanismos más eficaces, prontos y expeditos para que las personas confíen en el actuar de los organismos garantes.
El Pleno dará inicio a la aplicación de medidas de apremio previstas en las leyes; por lo que se hizo un llamado a todos los sujetos obligados de la entidad, para que cumplan con sus obligaciones.
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Además, se solicitó a todas y todos los mexiquenses ejercer sus derechos y reportar cualquier incumplimiento, a fin de que este instituto pueda tomar las medidas correspondientes.
El Instituto pidió a las y los servidores públicos documentar toda petición de información que realicen a quienes integran sus sujetos obligados, con la finalidad de que la investigación realizada arroje a la o las personas que no quieran entregarla.
Los sujetos obligados que cuentan con servidoras o servidores públicos sujetos a medidas de apremio se dividieron en dos acuerdos aprobados.
El primero corresponde a la imposición de 129 apercibimientos a ocho personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, 95 de ayuntamientos, 20 de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuatro de organismos de agua, saneamiento y alcantarillado de diferentes municipios; así como a dos personas adscritas a tribunales administrativos y autoridades jurisdiccionales.
En el segundo acuerdo aprobado se impusieron 40 amonestaciones públicas, de las cuales 31 corresponden a diferentes ayuntamientos; cuatro a sistemas municipales DIF; y cinco a organismos de agua, saneamiento y alcantarillado municipales.
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