En 22 entidades se ubican los 154 municipios más peligrosos del país

Según el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que impulsa el Gobierno de México, existen 154 municipios con altos niveles de inseguridad, los cuales se ubican en 22 entidades del país.

De acuerdo con información publicada por El Sol de México tras revisar el documento, el nuevo gobierno ha identificado los 154 municipios más violentos del país, ubicados en 22 entidades. Además, 61 cabeceras municipales con un índice delictivo “medio” y otros 51 clasificados como “baja” acción criminal.

El diario señala que el proyecto ya fue distribuido entre los diversos mandos militares que se hacen cargo de la seguridad del país desde el pasado 1 de diciembre, en donde se incluyen las directrices bajo las cuales deberán justificar su actuación.

El manual establece que en las 266 coordinaciones regionales en las que se dividió el país, las más inseguras representan 10.82 por ciento de todo el territorio nacional; 6.2 por ciento los 154 municipios con mayor violencia e inseguros, y 2.4 por ciento las 61 cabeceras municipales con nivel medio.

En la lista de las entidades más inseguras figuran el Estado de México, con 32 de los 154 municipios más inseguros; Veracruz con 14, Puebla con ocho, Oaxaca con siete, y Guerrero, Morelos y Zacatecas con seis, respectivamente.

En el Estado de México destacan los municipios de Amecameca, Chalco, Ecatepec y Naucalpan de Juárez; Minatitlán, Coatzacoalcos, Zongolica y Córdova, en Veracruz; Acapulco, Ayutla de los Libres y Chilpancingo, en Guerrero.

En el nivel medio de inseguridad están las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo; los municipios de Masco, Puerto Vallarta, La Barca, Autlán, en Jalisco; así como Guachochi, Ojinaga y Urique, en Chihuahua.

En la lista aparecen cerca de 51 municipios con un nivel bajo en hechos delictivos y de violencia, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas, en Chiapas; así como García, Monterrey, Linares, en Nuevo León.

 

La estrategia enfatizará la capacitación y actualización de todos los elementos de seguridad pública en el uso de nuevas tecnologías y habrá una gran apertura para la observancia y la participación de diversos organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales, señala el rotativo.

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