En México hay 55.3 millones de pobres, 100 mil más que al inicio de este sexenio

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Alcaldes de México

En los últimos años se ha registrado un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad en México. Situación que, entre otras cosas, deriva del fracaso de las políticas públicas creadas por la actual administración y a la simulación de resultados en vez atender las carencias y garantizar el acceso a los derechos.

Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que en México hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al inicio del sexenio; así como 62 millones que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir, casi un millón y medio más que en 2012.

Según la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “el balance es muy negativo. La pobreza laboral, la pobreza crónica que produce hambre y la desigualdad étnica y territorial, permanecieron o se agravaron” en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Trabajos que producen pobreza

El estudio resalta que a pesar de que el gobierno ha informado sobre un incremento en la generación de empleos, “se han perdido los trabajos de mayor remuneración y se han incrementado los de baja remuneración que producen pobreza”.

Esto se comprueba en el hecho de que el 40% de quienes trabajan, no ganan lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria, es decir, trabajan para vivir en pobreza extrema.

“Entre 2013 y 2018 no mejoró la situación”, se incrementó la cantidad de personas con ingresos insuficientes a 850 mil casos.

No logró acabar con el hambre

Desde su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar programas que erradicaran el hambre, sin embargo a unos meses de dejar el cargo, no lo ha logrado y ni siquiera existe una medición oficial para el problema.

Actualmente la carencia alimentaria (deficiencias de nutrientes que causa desnutrición) afecta a 24.6 millones de personas, si bien hubo una reducción de casos en comparación a 2012, a este ritmo tomaría 118 años acabar totalmente con la carencia.

La población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria pasó de 23.5 millones en 2012, a 21.4 millones. Solo 2.1 millones de personas menos. A esta velocidad, pasarían 130 años para que toda la población tuviera acceso a la canasta alimentaria.

Finalmente, la población con inseguridad alimentaria severa (limitación e incertidumbre en cantidad y calidad de los alimentos) asciende a 9.96 millones de personas, 1.4 millones menos que en 2012, pero en este rubro tomaría 74 años llevar la cifra a cero.

Desigualdad y discriminación

El estudio de Frente a la Pobreza demuestra que se dio un incremento en las brechas de desigualdad. Las regiones donde más se marca esta situación son los estados del sur, sureste y las zonas habitadas por población indígena.

En los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, aumentó el número de personas en pobreza extrema, siendo Veracruz la entidad con el índice más alto con más de 5 mil personas a diferencia de las 4 mil registradas en 2012.

En cuanto a la brecha que enfrenta la población indígena se encontró que: solo 1 de cada 20 personas indígenas, no presentan carencias o ingreso insuficiente. En tanto que el 72% vive en condición de pobreza, porcentaje que equivale a unos 8.3 millones de personas.

Mientras que 4.8 millones de personas indígenas tienen un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

Las razones del fracaso

Frente a la Pobreza argumenta que estas cifras son el resultado del impulso de políticas generadoras de pobreza.

Un ejemplo de medidas con estas características es la política salarial de la Secretaría del Trabajo, implementada a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

“La pobreza laboral es producto de decisiones deliberadas de la política económica como la contención salarial (…) la decisión de fijar el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica para una persona viola la Constitución y los derechos laborales reconocidos por México en tratados internacionales”, plantean.

El estudio también denomina a las siguientes políticas y acciones como “generadoras de pobreza”:

Política fiscal. No tiene efectos distributivos, y condona impuestos a grandes fortunas.

Promoción de inversiones en macro-proyectos territoriales. No tiene esquemas de asociación con comunidades indígenas y pequeños productores del campo.

Autorización de proyectos de minería al aire libre y similares. Depredan el medio ambiente y destruyen el entorno económico, social y natural de comunidades indígenas.

Financiamiento y subsidios para grandes empresas. Marginan al resto de medianas, pequeñas y micro empresas, y sobre todo a cooperativas y empresas de propiedad social.

Políticas laborales inadecuadas. Permiten la contratación de millones de trabajadores asalariados sin prestaciones sociales ni seguridad social, en empresas formales e incluso en el gobierno.

Aunado a estas políticas resaltan el fracaso de programas federales como la Cruzada Nacional contra el Hambre. “No pudieron encontrar a toda la población objetivo de la Cruzada (…) En 2017, la Sedesol apenas había identificado al 33% de la población con carencia alimentaria y al 85% de la población en pobreza extrema con carencia alimentaria”.

Esto se debe a las deficiencias de origen desde el diseño: “el problema público no está bien definido y los objetivos están dispersos y mal planteados”.

Como consecuencia, la Cruzada no logró su meta de acabar con la pobreza extrema alimentaria. Solo consiguió reducir de 7 a 5.1 millones el número de personas en esta situación.

Con relación a estos, desde hace más de 10 años, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, Gestión Social y Cooperación, A. C. (Gesoc) ha señalado en el mal desempeño de muchos programas federales.

“Los programas opacos, dispersos y con escasos resultados, tuvieron un incremento al pasar de 268 mil millones de pesos en 2013 a 528 mil mdp en 2017”, detalla el Gesoc.

Por otro lado, la Estrategia Nacional de Inclusión Social no ha servido más que para modificar las variables de la medición de la pobreza.

En el tema de la salud, aunque se incrementó la afiliación al Seguro Popular o al IMSS, no se alcanzó la cobertura universal y la atención efectiva.

La propuesta de solución

Para cambiar la situación, Frente a la Pobreza propone un cambio urgente y de fondo.

Para ello, plantean como “indispensable” lograr que la política económica y política social trabajen en conjunto, pues “no hay manera de lograr reducciones significativas de pobreza únicamente a base de programas sociales”.

Además proponen adoptar el enfoque de derechos del artículo 1 constitucional, enfocado en las políticas para erradicar la pobreza y la desigualdad.

Entre los cambios que consideran urgentes están:

  • La transformación de la Conasami y la recuperación del valor del salario.
  • Implementar acciones que permitan la movilidad social y eviten la permanencia de la pobreza durante el ciclo de vida. Para esto habrá que garantizar el desarrollo del cerebro desde la gestación hasta los primeros dos años de vida y la culminación del ciclo educativo con competencias básicas, al menos hasta la secundaria.

Otras acciones están relacionadas con la inversión en empresas de propiedad social y la creación de un Registro Nacional Ciudadano que funcione como “padrón único” obligatorio para todos los programas sociales.

El estudio completo puedes consultarlo aquí.

Con información de Animal Político

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