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Erradicar violencia contra la mujer, tortura y desaparición de personas, ejes principales del Foprel

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Alcaldes de México

La Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), se manifestó por armonizar las leyes, a fin de erradicar problemáticas como violencia contra la mujer, tortura y desaparición de personas.

La instancia, integrada por legisladores de distintas naciones, hizo la “Declaración Interparlamentaria, México 2018”, en la que se reconocen los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en la erradicación de la violencia contra las migrantes.

En su participación, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, afirmó que México trabaja en la mejora de políticas migratorias, pues ese flujo de personas no es un delito y en la mayoría de los casos obedece a razones ajenas a la voluntad del migrante.

“México siempre recibirá con los brazos abiertos y respeto a sus hermanos, no practicamos la cultura del odio, ni creemos en la intolerancia. Nos sentimos honrados de que nos visiten y enriquezcan nuestra cultura con las suyas”, comentó.

Puntualizó que en el tema de refugiados, el gobierno hace especial énfasis para cuidar que las estaciones migratorias “no se vean como celdas, tienen que ser espacios de bienvenida y atención a quien padece y sufre una serie de condiciones, en lugar de revictimizar”.

Las leyes para salvaguardar los derechos humanos se tienen que materializar, “siempre se deben buscar los elementos y herramientas para que lo que dice la norma se presente en los hechos y quien se vea vulnerado encuentre una respuesta institucional adecuada”.

Refrendó el compromiso de México para atender las inquietudes y actuar de la mano con los parlamentarios del Foprel para que quien vea violado sus derechos, se sienta menos solo y más tutelado.

Al hablar sobre la “Protección y salvaguarda del derecho a la alimentación en la región, asignaturas pendientes”, el representante en México de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), Crispim Moreira, resaltó la importancia de la participación del Poder Legislativo para proteger y promover el derecho humano a la alimentación, algo imposible de lograr sin un marco legal y sin presupuesto.

Recomendó construir políticas masivas que protejan y garanticen los derechos humanos, potencializar los programas y políticas alimentarias sobre todo en territorios vulnerables.

La FAO propone a muchos países transformar su modelo de desarrollo económico porque “tenemos pruebas de que son planes que no protegen, ni promueven los pequeños sistemas productivos, principalmente de economía social comunitaria y campesina”.

El consultor legal en la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alán García Campos, afirmó que a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 40 de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos, los retos aún son grandes.

Existe déficit de información y en el caso de la desaparición de personas, persisten las búsquedas de escritorio, burocráticas y sin estrategia; hay instituciones forenses que carecen de recursos adecuados y a esto se agrega la ausencia de reparación a las víctimas, la estigmatización y el desamparo.

Ante conductas como la tortura y desaparición es indispensable dotar de medidas de protección específica y reforzada para las víctimas, familiares, representantes, testigos, peritos, defensoras y defensores de los derechos humanos que participan en las investigaciones.

También, garantizar el principio de no devolución cuando se esté en riesgo el derecho a la integridad y/o a no ser sometido a la tortura. La Convención Interamericana y la Internacional, tanto en tortura como en desaparición, consagran el principio de no devolución como una obligación a cargo de los estados tendente a evitar la consumación de estas prácticas.

El presidente de la Asamblea de Costa Rica, diputado Gonzalo Ramírez, reconoció la invisibilización histórica en materia de violencia a las mujeres. “Deben ser merecedoras de todos los derechos al igual que los hombres”.

Al participar en el “Diálogo interparlamentario de legisladores” manifestó la necesidad de establecer políticas para impulsar un cambio cultural ante el aumento de los feminicidios en las distintas naciones.

Planteó la creación de una ruta o modelo de gestión, al fin de hacer un seguimiento y evaluación de las responsabilidades que tiene cada institución y los Congresos de las diferentes nacionales, para cumplir con las metas establecidas.

El diputado Luis Vázquez Castro, de la misma Asamblea costarricense, se pronunció por trabajar en temas sensibles como combate a la tortura y desaparición de personas; protección, salvaguarda, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria, así como la erradicación de la pobreza rural, desigualdad y derechos integrales de la niñez.

Tenemos que dejar constancia del compromiso por la defensa de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y los objetivos de desarrollo sostenible, adoptados por la comunidad internacional en la agenda 2030 al emitir la siguiente resolución:

“Que los retos concernientes al mayor reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, así como el combate a la tortura y desaparición de personas son fenómenos que han perdurado a lo largo del tiempo en nuestra región, por lo que requieren una atención especial por parte de los parlamentos del Foprel”.

“Asumimos el compromiso de realizar acciones orientadas a la gestión de cooperación técnica y financiera para fortalecer la agenda de trabajo de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foprel y la implementación del plan estratégico institucional de FOPREL 2017-2021”, declaró.

Instó a los Parlamentos Centroamericanos y de la Cuenca del Caribe que aún no cuentan con legislaciones en materia de protección de derechos humanos de las mujeres, tortura y desapariciones, a impulsar esa normativa conforme a los más altos estándares internacionales.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Torré, dijo que un tema en el que hay que poner énfasis es el derecho a la justicia. “Hay que estudiar lo que significa para las personas que no tienen acceso a la justicia para dirimir en controversias”.

El diputado Gabriel Soto, vicepresidente de la Asamblea de Panamá, afirmó que la participación política de la mujer es fundamental para provocar cambios y transformaciones sociales. “Si en algo hay que luchar como principio de los derechos humanos, es en la igualdad de oportunidades, que en nuestros países la generen”.

El legislador Iván Eugenio Rosales Rivera, del Consejo Consultivo de El Salvador, subrayó que se debe defender al ser humano tal como es, porque si no se dejarían de lado las culturas, identidades y el ser personal, así como el derecho a nacer.

Expresó que su nación defiende el derecho humano al agua porque ésta no es una mercancía. “Es un tema que está en la agenda de Foprel y en el parlamento de todos los países”.

En su Conferencia Magistral, Lilia Mónica López Benítez, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de México, estimó fundamental la actuación de todos los servidores públicos y autoridades para construir sociedades incluyentes, respetuosas de los derechos humanos de las personas.

“Las sociedades democráticas exigen la participación del talento y capacidades de las mujeres; por lo tanto, estas sociedades incluyentes suponen necesariamente la construcción de países democráticos”, manifestó.

En su conferencia denominada “Desafíos para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en la región”, dijo que los legisladores tienen el gran desafío de emitir leyes sin estereotipos y sin discriminación de género.

Es decir, continuó, “se debe prohibir absolutamente la discriminación en las leyes que se expidan”; consideró que esta no es una tarea sencilla, porque si las normas, en apariencia son claras y neutras, no permiten dimensionar el impacto que pueda tener sobre una persona o un grupo.

Opinó que es necesario revisar las leyes, con el fin de modificar los aspectos en los que se discrimine a la mujer. “La tarea legislativa con perspectiva de género es un método que va a ser útil para identificar barreras y eliminar obstáculos en la búsqueda absoluta de la igualdad de todas las personas”

Finalmente, López Benítez puntualizó que se deben evitar expresiones sexistas, ya que parece que éstas se invisibilizan y se asumen dentro de lo cotidiano. “No nos damos cuenta que el lenguaje verbal y no verbal, también lesiona los derechos humanos de las mujeres”.

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