La SCJN invalida la «Ley Bonilla»; Gobierno actual de Baja California finalizará en 2021

Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco que acepta las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la llamada «Ley Bonilla». Con esto, el gobernador Jaime Bonilla no podrá ampliar de dos a cinco años su periodo de mandato.

Los ministros avalaron el proyecto del ministro Fernando Franco, que propuso anular los cambios a un artículo transitorio de la Constitución estatal por el que Bonilla estaría en el poder hasta octubre de 2024, por lo que su mandato quedaría por el periodo para el que fue electo: 2019-2021.

El ministro Franco indicó que la reforma es un “fraude a la ley” que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.

Con esto, el gobierno de Jaime Bonilla deberá durar los 2 años que se tenían contemplados desde el principio, por lo que su administración terminará a finales del próximo año, ya que comenzó el 1 de noviembre de 2019.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, aseguró que las modificaciones que hiciera el Congreso de Baja California son un “fraude constitucional” y que se deben respetar las elecciones y la voluntad popular.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo.

Zaldívar Lelo de Larrea, insistió en que los ciudadanos no dan un “voto en blanco” y que no se pueden modificar los plazos.

“Se fraguó un fraude a la Constitución. No es un término retórico Los ciudadanos no votamos en blanco, votamos por una persona y por un plazo. Esto significa un fraude postelectoral”.

El ministro presidente afirmó que existe un efecto “corruptor” en la forma en la que actuó el congreso de Baja California.

“La aprobación vulnera la esencia del proceso democrático, como forma de limitación del poder. Las violaciones son muy graves y cada una de ellas sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma, pero interrelacionadas ponen de manifiesto un fraude a la Constitución. Un efecto corruptor de rango constitucional. Se llevó un maquinación para burlar la voluntad popular, corrompiendo el principio democrático. Violaciones constitucionales no se pueden sostener por encuestas”.

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