Las Fuerzas Armadas concentran el 84% de recursos para el combate al crimen y sólo 14% va a prevención

La estrategia de seguridad del Gobierno federal sigue la ruta de las anteriores administraciones, pues continúa privilegiando el enfoque reactivo sobre el preventivo, según un análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

De acuerdo con el estudio «Gasto Público en Seguridad: Una mirada a la ruta de los recursos», el 70% del gasto público en seguridad, que este año es de 239 mil 319 millones de pesos, se destina a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública e Impartición de justicia, reclusión y readaptación, mientras que 1.5% se destina a prevención y atención de derechos humanos.

El estudio señala que las Fuerzas armadas absorben el 84% de los recursos aprobados en 2019 en el rubro de Combate al crimen. «Esto demuestra que la actual administración federal continúa privilegiando el enfoque reactivo sobre el preventivo, pese al presunto cambio de la política de seguridad que discursivamente se ha prometido desde las campañas presidenciales y en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por los Senadores», señalan el CIEP y el ONC en un comunicado conjunto.

Además, el estudio señala que de los 44 programas en el rubro de Justicia sólo tres de ellos concentran el 83.2% del presupuesto total, dichos programas son: Otras actividades, Administración del Sistema Federal Penitenciario, e Investigar y perseguir delitos de orden federal. En 2019, la prioridad presupuestaria fue Otras actividades, que absorbe 58% del presupuesto total y está a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los recursos se destina a servicios personales; en contraste, sólo 10% de los casos resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son de materia penal.

«El Plan Nacional de Desarrollo pone énfasis en desarrollar una estrategia de prevención del delito, pero esto no se ve reflejado claramente en el presupuesto de seguridad. Esto se debe a que el gasto para este eje representa 14% del total del gasto destinado a seguridad pública aprobado para 2019 y presenta un recorte de 27% respecto a lo ejercido en 2018″, señalan las organizaciones.

Aunque este objetivo cuenta con 34 programas, el presupuesto se concentra en uno solo: Operativos para la prevención y disuasión del delito, el cual absorbe 90% de Prevención, protección y fortalecimiento de la seguridad pública. En contraste, Protección civil tiene asignado 0.7% del presupuesto y equivale a 0.8% de los recursos destinados para la reconstrucción de los sismos de 2017.

«El hecho de que los operativos concentren el mayor porcentaje del presupuesto de prevención del delito, demuestra que continuamos sin diseñar líneas de acción en esta materia que vayan más allá de la función policial», dice el comunicado.

«Cabe destacar que se observa una atomización del presupuesto federal para seguridad; no obstante, este se concentra sólo en seis programas: uno de prevención del delito, dos de combate al crimen y tres de justicia. Con esta configuración, el gasto público resulta poco eficiente para cubrir las necesidades de la población y atender la crisis de seguridad que enfrenta México. Asimismo, esto demuestra que no hay un verdadero cambio de la política de seguridad implementada por la federación y, por ende, difícilmente se pueden esperar resultados distintos de los obtenidos desde 2008», señala.

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