Las nuevas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual busca prevenir accidentes de tránsito, y con ello reducir el número de muertes en percances viales.

Foto: Definición.

Con 347 votos a favor, 126 abstenciones y 27 votos en contra, la Ley pretende garantizar el derecho constitucional a la movilidad de las personas bajo condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

De acuerdo con el dictamen, cada 24 horas mueren en el país 32 personas en accidentes de tránsito, mientras que 81 resultan heridas por la misma causa. La cifra incluye tanto a personas que iban en los vehículos involucrados, así como a personas en el exterior de los mismos.

Se estima, a su vez, que los siniestros de tránsito representan un costo para el país de alrededor de 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 150 mil millones de pesos, por pérdida de productividad, daños materiales, atención médica y hospitalaria.

Otras disposiciones de la Ley, que fue turnada al Senado para su aprobación, consideran evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal.

También, establecen que aquellos conductores que estén bajo el influjo del alcohol se les retirará la licencia de conducir; será obligatorio un examen para obtener la licencia de conducir; habrá límites de velocidad, y se prioriza la movilidad de peatones y ciclistas.

Los límites de velocidad establecidos en el dictamen son de 30 km/h en calles secundaras y terciarias; 50km/h en avenida primarias; 80 km/h en avenida de acceso controlados; 80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas urbana; 110 km/h para automóviles y 95 km/h para autobuses.

Se crea también, un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que será el mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial.

Para las entidades federativas y municipios, será obligación el realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente para evitar que conductores manejen bajo el efecto del alcohol.

Respecto al diseño de políticas públicas en materia de movilidad, deberán favorecer a las personas en la siguiente jerarquía: peatones, ciclistas, personas usuarias de vehículos no motorizados, usuarios y prestadores de servicio en el transporte público.

 

 

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