Transparencia y anticorrupción son temas que ocupa a todo municipio, en el caso particular del municipio de Juárez, Chihuahua que gobierna Cruz Pérez Cuellar, es importante para su gobierno que la cultura de transparencia siga permeando y que la ciudadanía exija a las autoridades ser transparentes; para ello han tomado acciones en la implementación de mejoras regulatorias.

 

Para cualquier gobierno la transparencia es un aliado fundamental para el combate a la corrupción, así como un mecanismo para que los ciudadanos puedan pedir a los servidores públicos una sana rendición de cuentas. Sobre este tema Alcaldes de México organizó el panel “Transparencia y Anticorrupción” en el que participaron el Doctor José Luis Anaya Carrasco, contralor municipal de Juárez, Chihuahua; así como el Contador Josué Soriano Moreno, Asociado de Martínez Ocampo & Chávez-Vaca.

Fotos: Alcaldes de México.

La moderación estuvo a cargo de Norma Pérez Vences, Directora General de esta casa editorial, quien destacó la participación de los panelistas, cuyos ejes temáticos principales fueron las buenas prácticas y herramientas para combatir la discrecionalidad, la opacidad y abusos de autoridad desde un diseño institucional orientado a la corrupción.

Con un formato de tres rondas, abundaron los ponentes en materia de mejora regulatoria, como son la simplificación administrativa, desregulación, la creación o modificación normativa; así como la implementación de herramientas en términos operativos para asegurar la transparencia y de esta manera combatir la corrupción para fortalecer los órganos internos de control; entre otros temas.

La primera participación estuvo a cargo del contralor municipal de Juárez, Chihuahua, el Doctor en administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, Anaya Carrasco, quien habló sobre materia de combate a la corrupción, los beneficios que atraen al municipio los programas de mejora regulatoria y transparencia y las acciones que realiza la actual administración de Ciudad Juárez.

“Comenzaré hablando sobre mejora regulatoria, esto se determina como una política pública que es encaminada a que el servidor público o el funcionario público, o todos aquellos que formamos parte de una administración y que administramos los recursos de la ciudadanía los apliquemos, entre muchos otros, los principios constitucionales”, señaló Anaya Carrasco.

Sobre la responsabilidad en el servicio otorgado que deben cumplir los empleados municipales de manera eficaz con lo que la ley y la misma sociedad les impone a todos dijo: “La legalidad es muy importante porque debemos de cumplir al pie de la letra las disposiciones legales que nos rigen en el servicio público, realizando lo que la misma ley nos puede permitir como autoridad”, expuso.

Para el contralor José Luis Anaya la preparación y la capacitación constante debe caracterizar a los funcionarios públicos; pero sobre todo, dijo, la honradez, que obliga a todos los servidores públicos a actuar con rectitud en todos sus actos y la lealtad hacia la sociedad y al cargo que desempeñan y no hacia unos intereses de terceras personas.

El municipio de Juárez -refirió- cuenta con la coordinación de transparencia y la dirección de responsabilidades; dos áreas que están encaminadas en mostrar al ciudadano de manera clara y precisa todas las decisiones y resultados de los servidores públicos que conforman la administración; la segunda brinda la certeza a la ciudadanía de identificar los focos de debilidad de la misma administración para subsanarlas y con ello buscar una contínua mejora para la ciudad.

“Los beneficios al implementar programas de mejora regulatoria de transparencia pues mejorarían la inexistencia o ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas, ya que se presentan como una causa del problema público de la corrupción, y esta son identificadas por las personas expertas, funcionarios o ciudadanos que son muy importantes para lograr estos objetivos”, indicó.

En su participación en el panel el contador Josué Soriano Moreno, Asociado de Martínez Ocampo & Chávez-Vaca habló sobre el tipo de delitos de corrupción que se pueden presentar en los gobiernos locales y cómo pueden identificarse, dijo que, es importante  identificar y que estas vienen referenciadas desde la fracción 2 del artículo 109 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se refiere de manera específica las responsabilidades que tanto los servidores y las servidoras públicas  pueden caer conforme a las conductas tipificadas en el códigos penal federal o también en los códigos penales locales.

“Es importante el estudio de estos temas debido a que su implicación de hechos en materia de corrupción trae varias consecuencias, entre las más importantes obviamente para el tema de servidores públicos, puede ser el decomiso o privación de propiedades entre muchas penas que pueden incurrir los servidores públicos. Es por ello que es importante que el seguimiento de estas responsabilidades de corrupción se realice de manera eficaz (…) Es un trabajo largo pero importante que de manera progresiva va a traer un beneficio para el estado de derecho”, indicó.

Sobre la pregunta de ¿Cómo identificar un acto de corrupción? Josué Soriano explicó que, para poder iniciar un proceso de un delito, tiene que haber una denuncia y esta puede provenir de cualquier persona que tenga conocimiento de ese delito, sin embargo, señaló que para que pueda proceder una denuncia se tiene que tener todos los hechos constatados de ese acto de delito.

“¿Y cómo puede ser eso procedente?, puede ser procedente desde los órganos internos de control. Si un ciudadano o un funcionario realiza desde los órganos internos de control la denuncia sobre posibles hechos de corrupción este órgano interno de control debe de dar un seguimiento adecuado, una investigación a estos hechos”, señaló.

De acuerdo con el Código Penal Federal los delitos por hechos de corrupción son 13: ejercicio ilícito de servicio público; Abuso de autoridad; Coalición de servidores públicos; Uso ilícito de atribuciones y facultades; Pago y recibo indebido de remuneraciones; Concusión; Intimidación; Ejercicio Abusivo de funciones; Tráfico de Influencia; Cohecho; Peculado; Enriquecimiento Ilícito.

En otro orden, sobre las acciones que el municipio de Juárez ha implementado para combatir la corrupción y buenas prácticas y que ha puesto en marcha la administración para identificar y evitar posibles actos de corrupción por parte de servidores públicos, el contralor municipal José Luis Anaya Carrasco, explicó que, una de las estrategias que el municipio está realizando, es la práctica profesional de revisión de documentos que les permite a la autoridad como órgano interno de control, identificar plenamente y de manera pronta la conducta que prevenga la presentación de esos actos.

“Como son los relativos a conflictos de intereses. Esto se logra a través de la exigencia legal de la declaración de situación patrimonial y de intereses de la totalidad de las personas servidoras públicas y en su caso el incumplimiento en términos de la ley general de responsabilidades administrativas” detalló.

Resaltó que el gobierno municipal que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuellar ha sido precursor de la estimulación de la sociedad civil para que la misma participe en un acto de gobernanza de los esfuerzos que se han emprendido por la unidad para combate a la corrupción, “para lograr esto es indispensable trabajar en constante capacitación y educación en programas anticorrupción que se han promovido”, remató.

Sobre el programa de cumplimiento normativo compliance, como un paso de soluciones para la administración pública, Josué Soriano Moreno, Asociado de Martínez Ocampo & Chávez-Vaca, detalló que ayuda en la automatización de las normas anticorrupción existentes a nivel nacional y las adapta a las necesidades de los gobiernos locales.

Resaltó que es un instrumento preventivo, no punitivo de autorregulación, que está dirigido a todas las áreas sensibles de la organización. Esta herramienta, apuntó, también permite identificar y mitigar riesgos, así como a los actores, las áreas y los procesos sensibles; establece controles, mide periódicamente su eficacia, permite incorporar sistemas de alerta temprana y crear programas de autocorrección.

“Los beneficios para los entes gubernamentales son: evita sanciones y pérdidas en el erario público; proporciona mayor seguridad jurídica a los dirigentes gubernamentales y mayor transparencia ante los contribuyentes; supone un refuerzo de la ciberseguridad; protege la reputación Gubernamental; propicia más confianza; incentiva los acuerdos comerciales y de colaboración con las empresas, y se entra en un campo de reciprocidad y exigencia entre empresas y Gobierno”, pormenorizó.

 

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