Sin consultar a los ayuntamientos, los diputados de Morena aprobaron, a propuesta del gobernador Jaime Bonilla, trasladar el cobro del agua a los ayuntamientos, y les da la posibilidad de privatizar este servicio.
Además, les traspasa los adeudos que tiene el actual organismo operador, aunque en ningún momento se detalla a cuánto asciende la deuda.
Con 13 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista de México, el Congreso de Baja California avaló los cambios.
La oposición y dos legisladores de Morena rechazaron los cambios por desconocer la situación financiera de los organismos del agua, y por considerar que provocará “un boquete financiero” en los ingresos de la nueva administración estatal, que encabezará Marina de Pilar Ávila Olmeda.
La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable en el estado de Baja California incluye la modificación de 12 artículos y la creación de tres nuevos. El último artículo aprobado permite la privatización del cobro del agua, al establecer textualmente lo siguiente:
“Los municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios a que se refiere esta ley”.
Antes, en el nuevo artículo 121, otorga a cada organismo operador del agua “personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y administrativa, con las atribuciones que establece esta Ley, los ordenamientos municipales y sus instrumentos de creación”.
Lo anterior implica que, si algún ayuntamiento de Baja California considera que no puede realizar el cobro por falta de personal, de equipo o de recursos, puede “asociarse” con una empresa privada que se encargue de cobrar el agua.
Así ocurre por ejemplo con los organismos operadores del agua de los municipios de Medellín, Jalapa, Veracruz y Boca del Río, los cuales se asociaron con la empresa Odebrecht para el cobro del servicio de agua potable. O el caso de Coahuila, donde es la empresa española Aguas de Barcelona la que gestiona el servicio.
Actualmente existe la Comisión Estatal de Servicios Púbicos (CESP), que depende del estado y cuenta con oficinas en Tijuana, Tecate, Ensenada y Mexicali.
El ayuntamiento de Rosarito aún no tiene una oficina propia y menos aún San Quintín, que se acaba de aprobar como municipio, o San Felipe, que tendrá su nuevo “concejo municipal”.
Con esta nueva ley, todas las comisiones pasarán a manos de sus respectivos municipios y ellos se encargarán de cobrar el agua y ofrecer el servicio de drenaje y alcantarillado. El estado ya no intervendrá para nada.
Sin embargo, también los adeudos que tenga cada organismo operador del agua pasarán a manos de los nuevos presidentes municipales.
Con información de: Proceso
