Se necesita una reforma urbana, regional y territorial que priorice los derechos humanos y aliente un ordenamiento metropolitano responsable, reconocido en la Constitución; impulse el crecimiento económico, y cuide el medio ambiente, como una respuesta a la problemática actual del desarrollo en México, coincidieron académicos e investigadores universitarios.

Durante el seminario “La Planeación del Desarrollo Urbano y Regional en México, a cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, y trece instituciones de educación superior, los especialistas urgieron un “reordenamiento urbano sustentable”.

En el análisis de las iniciativas de reforma del marco jurídico en materia de planeación urbana, metropolitana, regional y territorial, Roberto Eibenschutz Hartman, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, afirmó que una de las grandes limitaciones del actual marco jurídico es la perspectiva sectorial que “encajona la visión general”, al no reconocer que el fenómeno urbano abarca todas las actividades humanas e involucra a todos los sectores.

Propuso que el proyecto de la nueva legislación sobre asentamientos humanos plasme ese derecho en la Constitución y no sólo en una ley general; además, integrar los enfoques democrático, urbano y ambiental en un solo Sistema Nacional de Planeación, e incluir los incentivos fiscales para alentar el desarrollo metropolitano.

Pidió que la legislación resuelva la división entre el ordenamiento territorial y la planeación regional, mediante una visión conjunta, donde se establezcan claramente las atribuciones en las diversas secretarías de Estado y se plasmen en la legislación para que se cumplan estrictamente.

Resaltó que es un absurdo considerar que la movilidad debe regir el desarrollo urbano, cuando la prioridad es la accesibilidad a las ciudades y el uso de suelos, cuyo mercado es fundamental para que la población de bajos recursos tenga acceso a la tierra. De no resolverse esta cuestión el tema urbano no tiene solución, aseguró.

Apuntó la necesidad de que la legislación establezca sanciones claras y llevarlas a sus últimas consecuencias; de lo contrario, puntualizó, no tiene sentido hacer leyes, ya que el desarrollo urbano requiere eliminar las irregularidades en que se puede incurrir tan sólo en el uso del suelo.

El desarrollo urbano debería tener un manejo horizontal y no una visión vertical que sectoriza e individualiza los problemas como ocurre;  se requiere un manejo integral e interacción ciudadana para lograr coordinar las soluciones, señaló.

Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador del Colegio Mexiquense, expresó su preocupación por que se prioricen cuestiones electorales y se releguen reformas jurídicas imprescindibles como la del reordenamiento y desarrollo urbano. Refirió que se ha discutido por ocho años y no se ha concretado ningún proyecto legislativo.

Llamó a los diputados a debatir todas las propuestas vinculadas con la metropolización, el suelo, el derecho de ciudad, el desarrollo regional y territorialidad, a fin de culminar con un proyecto de reforma que contenga el mejor conocimiento posible y evidencie la voluntad para establecer un modelo que enfrente el desarrollo urbano en condiciones de equilibrio y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Sostuvo que “las ciudades crecen y se han construido millones de viviendas y seguimos sin tener una visión integrada sobre el desarrollo metropolitano”. Manifestó inquietud por la evolución de los fenómenos territoriales y la capacidad del Estado mexicano para enfrentarlos, sobre todo porque el 80 por ciento de las áreas urbanas del país se integran por más de dos municipios, y no hay acuerdos intergubernamentales para resolver los problemas.

Indicó que la propuesta legislativa debe establecer la facultad del Estado mexicano de incidir en la realidad de la urbanización, para evitar que el territorio se ocupe sin control, se acaben los recursos y no diseñe una estrategia territorial del desarrollo.

La gobernanza de las ciudades es fundamental hacia el futuro, pero no podrá lograrse si no se tiene una visión integrada del desarrollo metropolitano, el cual debe alentarse a partir de instrumentos fiscales y financieros.

Hugo Alejandro Concha Cantú, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), señaló que la nueva legislación en materia de asentamientos humanos debe incluir el “derecho a la ciudad”, es decir, que los servicios e infraestructura sean para todos sin ninguna distinción.

Refirió que en legislaturas pasadas se ha intentado diseñar un marco jurídico en la materia; sin embargo, dijo, ha faltado voluntad política para que se logre concretar.

Detalló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene como objetivo planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial;  asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y prevenir los asentamientos en zonas de riesgo, pero aún requiere de un conjunto de instrumentos que le dé la capacidad de acción.

Solicitó a los legisladores que los cargos enfocados en la materia sean ocupados por personal capacitado, ya que existe un enorme desconocimiento por parte de los actores políticos, lo que implica que el marco jurídico no sea ejecutado con eficacia.

El académico propuso que en el desarrollo urbano debe existir el involucramiento de los ciudadanos en la formulación de los planes y el seguimiento de los mismos, y no buscar que la ley que se construye pretenda incluir todo, pues ello la hará inoperante.