Proponen hasta siete años de cárcel para castigar violencia política contra mujeres

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Alcaldes de México

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo propuso reformar diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de establecer el tipo penal de violencia política contra las mujeres y castigarlo con una pena de tres a siete años de prisión.

La legisladora del PT planteó que la violencia política contra las mujeres se defina en la ley como aquellos actos u omisiones de quienes limitan, condicionan, excluyen, impiden o anulan el ejercicio de los derechos políticos-electorales por razón de género.

Indicó que a los servidores públicos que cometan este ilícito se les impondrá una inhabilitación, de dos a seis años, para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local o municipal.

Precisó que se castigará con cien a 400 días multa y prisión de tres a siete años, a quien impida, limite o coaccione el ejercicio de los derechos políticos de una mujer por razones de género.

En el proyecto se menciona que no se encuentra tipificado el concepto de violencia política contra las mujeres, lo que genera impunidad en aquellas acciones y omisiones que se comenten en contra de ellas, basadas en elementos de género, dadas en el marco del ejercicio de los derechos político–electorales.

Lo anterior, se subraya, restringe el acceso igualitario a las funciones públicas del país y a participar sin violencia en los asuntos públicos.

Nancy de la Sierra dijo que aunque los avances han sido significativos en esta materia, aún falta mucho por hacer. Refirió que en la pasada contienda electoral hubo 185 agresiones contra mujeres candidatas, de las cuales 19 fueron víctimas de feminicidio político.

“Trágicamente las mujeres somos más propensas a que se violen nuestros derechos humanos y hoy, en pleno Siglo XXI, están aquellos que pretenden silenciarnos, pero con el nivel de representatividad que tenemos hoy, las voces de las mexicanas deben escucharse fuerte y claro”, precisó.

La iniciativa fue enviada a las comisiones Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

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